La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este martes que todos los análisis apuntan a que España es probablemente el país de la UE menos expuesto al impacto económico del conflicto bélico provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La vicepresidenta ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes que España es uno de los países menos expuestos, tanto desde el punto de vista de la exposición comercial como desde el energético.

No obstante, ha asumido que el impacto más significativo va a ser el de los precios de la energía, asegurando que ya se prevé un aumento de estos precios a nivel europeo «que puede llegar a afectar también a la economía española».

Para hacerle frente, Calviño ha indicado que se está actuando a nivel comunitario para impulsar una respuesta europea. Justo esta semana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, acudió a un consejo extraordinario informal de energía, siendo el objetivo que la Comisión Europea publique cuanto antes una comunicación que permita adecuar el marco regulatorio y amortiguar el impacto negativo.

APOYO AL RESTO DE LA UE, GRACIAS A LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

La vicepresidenta ha explicado que España parte de una posición de diversificación de las fuentes de suministros y de una capacidad instalada de más o menos de un tercio de la capacidad de toda la UE en términos de regasificación, por lo que ha remarcado que el país apoyará al resto de vecinos comunitarios «utilizando todos estos activos».

Ha recalcado así que España va a apoyar a los países que están más directamente expuestos al impacto de esta guerra desde el punto de vista de la exposición en el mercado energético, así como desde una perspectiva comercial o migratoria.

Pese a estar menos expuestos a la dependencia del gas de Rusia, la vicepresidenta ha recordado que ya están en marcha medidas para amortiguar el impacto sobre las facturas de la luz de los ciudadanos y sobre la competitividad de las empresas a nivel nacional.

Cualquier otra medida adicional se tomará, según ha recalcado la titular económica del Gobierno, sobre la base del diálogo y el consenso en los encuentros que están produciendo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y los presidentes autonómicos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado este martes varias normas que regularán las nuevas relaciones entre camioneros y cargadores, la introducción de mecanismos de revisión de precios en la obra pública para limitar el impacto de la inflación, y la nueva Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación acumulaba más de seis meses de retraso.

La ministra de este Departamento, Raquel Sánchez, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se trata de un «ambicioso paquete normativo», que abarca gran parte de la actividad del Ministerio y que tiene por objetivo impulsar las políticas de movilidad y transporte.

La principal novedad es que el Gobierno contemplará por primera establecer un régimen de libre concurrencia en las líneas interurbanas de autobús, lo que permitirá la explotación de varios trayectos por nuevas compañías, algo que el sector llevaba tiempo reivindicando.

Por ello, el Ministerio reordenará el transporte regular de viajeros por carretera, con un nuevo marco concesional, dándose un año de plazo para su entrada en vigor, que revisará cada 5 años, al mismo tiempo que también se considerará la cofinanciación de las comunidades autónomas en varios tramos.

En el marco de esta nueva ley, se impulsará la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones, y se incluirá un título específico sobre la planificación de infraestructuras, que recogerá el coste y beneficio de cada proyecto, considerando tanto la rentabilidad financiera como la económica y social, para aprovechar al máximo los fondos europeos.

Se trata de promover la sostenibilidad en la movilidad e incentivar su digitalización y la innovación en un sector fundamental para la vida cotidiana y la economía, que supone un cambio radical en la política de transporte porque se reconoce por primera vez la movilidad como un derecho, lo que garantiza el acceso a cualquier ciudadano, con independencia de su renta, género o limitaciones físicas», ha señalado Sánchez.

Se calcula que las palancas incluidas en la ley creen 185.000 puestos de trabajo y aporten 20.000 millones de euros al PIB de España, al mismo tiempo que promueve la descarbonización de un sector responsable del 30% de las emisiones de efecto invernadero -procedentes el 95% de estas de la carretera-.

TRANSPORTISTAS y REVISIÓN DE PRECIOS

El Gobierno también ha aprobado las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluye la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes.

Asimismo, se reducirán a la mitad los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga, se limitará la competencia desleal extranjera y se impulsarán las áreas de descanso seguras y vigiladas.

Dentro de este decreto, el Ministerio también ha incluido una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional.

Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. En cualquier caso, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Por otra parte, el Gobierno también da dado luz verde a la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes en el transporte marítimo, ferroviario y de aviación civil, en línea con las reivindicaciones de las víctimas de accidentes.

El nuevo ente tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera, que se suma a la ya existente autonomía funcional de los órganos cuyas funciones asumirá, con una organización similar a la de otros organismos como la Airef, CNMC o la Agencia Española de Protección de Datos, favoreciendo la protección de la información reservada y los derechos de las personas declarantes.

Por último, también se ha reformado la Ley de Navegación Marítima y la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para mejorar, según la ministra, la competitividad de este sector, dar seguridad jurídica en ámbitos como la ciberseguridad y avanzar en otras medidas como la sotenibilidad marítima y la protección del medio ambiente, así como en al regulación de los buques sin tripulación.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) no cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania tenga una consecuencia directa «importante» en la economía española y valenciana, pero sí un impacto indirecto por el encarecimiento de la energía, la inflación y la reacción de los bancos centrales.

Así lo ha trasladado el director adjunto del instituto, Joaquín Maudos, tras la presentación del observatorio ‘El reto de la recuperación’ entre el IVIE y Caixabank, sobre los sectores que se podrían ver más perjudicados por la guerra.

A su juicio, la economía valenciana no se tiene por qué ver directamente perjudicada por la invasión rusa en Ucrania, ya que las exportaciones de la Comunitat a Rusia representan unos 600 millones de euros anuales: una cantidad que «no es insignificante pero sí reducida».

Por tanto, «el conflicto no tiene una consecuencia directa importante», ha remarcado, sino que «el gran efecto es el impacto indirecto» ante el riesgo de que pueda ir a más el encarecimiento de la energía que se arrastra desde hace meses.

Y es que hay empresas «muy dependientes» de la energía, como el sector del azulejo con amplia presencia en Castellón. Esta subida podría incidir en la inflación, al 6,1% en enero y ahora por encima del 7%, que «cada vez es más estructural y no coyuntural».

Otro de los riesgos es la reacción de los bancos centrales, sobre lo que el economista ha apuntado que el BCE es «sensible» a la situación actual, con lo que «no es momento de subir los tipos de interés». «Pero el Banco Central Europeo tiene un mandato: situar la inflación a medio plazo en torno al 2%», ha recalcado.

En consecuencia, si la tendencia es que la inflación suba muy por encima del 3%, «quizá tenga de actuar» aumentando los tipos de interés y esto hará que «la economía nacional esté muy endeudada. «Nos empobrecemos en términos relativos», ha constatado, por lo que se ha mostrado «muy preocupado» por las decisiones que tomen los bancos centrales.

En todo caso, el responsable del IVIE ha puntualizado que es una situación generalizada y que no hay ningún sector en riesgo directo, aunque ha recordado que no solo importan las exportaciones a Rusia sino también a Ucrania.

‘CORRALITO’ EN RUSIA

Y respecto a la posibilidad de un «efecto pánico» que haga que la gente saque dinero en masa de los bancos, ha insistido en que no pasará en España porque es un riesgo «muy marginal. «Si estuviera en Rusia sí me preocuparía por un ‘corralito», ha aseverado, aunque ha hecho hincapié en que los españoles no deben «acumular efectivo en este momento; faltaría más».

El observatorio ha contado con una mesa de debate entre Javier Mira, CEO y presidente de la empresa de biometría FacePhi, y Toño Pons, presidente y consejero delegado del grupo Importaco de alimentación. Ambos han descartado que sus compañías puedan verse afectadas por la guerra, aunque han coincidido en que puede subir la energía y han llamado a «hacer todo lo posible para que haya calma».

El recibo eléctrico de un usuario medio con la tarifa regulada -el denominado PVPC- alcanzó en el mes de febrero los 131,29 euros, un 111,5% por encima de los 62,08 euros del mismo mes del año pasado.

Según datos de Facua-Consumidores en Acción, este incremento interanual es el más elevado hasta la fecha, superando el 103% que subió el pasado mes de diciembre y «su precio batió además todos los récords, situándose en 140,62 euros».

No obstante, con respecto al pasado mes de enero el recibo de la luz ha registrado en febrero una ligera caída del 1,3%. El de este febrero ha sido el tercer recibo más caro a nivel histórico, tras los de diciembre y enero, cuando se situó en 133,06 euros.

Este mes de febrero, el precio del kilovatio hora (kWh) se situó en una media de 11,72 céntimos .con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos-.

El precio medio fue de 27,62 céntimos en horario valle, 31,05 céntimos en horario llano y 40,84 céntimos en horario punta (incluido el 10,55% de impuestos indirectos que se aplican en las facturas emitidas desde el pasado 16 de septiembre).

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, toma como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

LAMENTA QUE EL GOBIERNO NO HA CONSEGUIDO REBAJAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS.

En un comunicado, la asociación de consumidores recuerda que el Gobierno «no ha logrado en ningún momento rebajar las tarifas eléctricas de la mayoría de consumidores que tienen la tarifa semirregulada PVPC.

Además, lamenta que «el Ejecutivo de coalición sigue sin intervenir de forma contundente en el sector para recortar los desproporcionados márgenes de beneficio del oligopolio».

Asimismo, considera que las medidas adoptadas desde junio del año pasado sólo han servido «para amortiguar parcialmente la gran subida aplicada por las grandes eléctricas gracias a la especulación que les permite el sistema de subasta marginalista por el que se determinan las tarifas».

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido de que la propuesta del Ministerio de Agricultura para la ordenación del sector bovino expulsaría a 10.470 ganaderos lácteos (92% del total) y a 19.936 de vacuno de carne (95%), según la primera estimación realizada por sus servicios técnicos.

En concreto, con el tamaño medio límite propuesto por Agricultura, 850 unidades de ganado mayor por granja (850 vacas o 2.125 terneros), tan solo serían necesarias 954 explotaciones para producir el volumen de leche que hoy generan 11.424.

En el caso de las explotaciones de cebo, para mantener el censo que actualmente gestionan 21.057 ganaderos de vacuno de carne de nuestro territorio, únicamente serían necesarios 1.121 cebaderos. La organización agraria ha denunciado que las grandes empresas integradoras desvinculadas del territorio serían las más beneficiadas con estos parámetros.

Para evitarlo, COAG ha propuesto un límite de 180 UGM (180 vacas o 450 terneros) por explotación, que en producción láctea incluye al 93,2% de las explotaciones actuales del Estado español y en cebaderos al 98%.

«Por ejemplo, en el sector lácteo la media actual de animales por explotación en bovino de leche es 62 (fuente REGA) para el conjunto del Estado con diferencias territoriales que apuntan al máximo número de animales por explotación situado en Valencia con una media por explotación 286 animales, muy alejados de las 850 UGM propuestas por el Ministerio», ha apostillado el responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte.

En aquellos casos en los que ganaderos quisieran asociarse situando a sus animales en una misma localización, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones de vida (a través de un reparto de tareas que les permitiera disponer de algún día libre por turnos, por ejemplo), desde COAG proponen que el límite de 180 UGM pudiera incrementarse hasta un máximo del 50%.

Es decir, que, en caso de este tipo de asociaciones, el máximo de 180 UGM podría incrementarse únicamente hasta 270 UGM y únicamente si, como decimos, se tratara de una asociación de ganaderos/as que persiguiera dicha finalidad.

Según la propuesta de COAG no habría nuevas explotaciones de más de 180 UGM, pero eso no supondría el cierre de las explotaciones que ya existen en el territorio por encima de ese tamaño.

«Queremos una ganadería con ganaderos. Nuestra propuesta es una apuesta de futuro por el medio rural en la que la ganadería cuenta con un fuerte tejido social, con personas y no grandes empresas integradoras totalmente desvinculadas del territorio en el que se asientan. En COAG defendemos un modelo de ganadería de pequeñas y medianas explotaciones profesionales que tienen vínculo con la tierra y el territorio», ha subrayado Anabitarte.

Los profesionales del sector inmobiliario estiman que el precio de la vivienda subirá un 4,5% en 2022, en línea con el comportamiento registrado a lo largo del 2021, según las conclusiones del ‘X Barómetro Inmobiliario – El sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios’, elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y la Spanish International Reallty Alliance (SIRA).

Los agentes inmobiliarios aseguran en este barómetro que el sector vive un momento de estabilidad, con un aumento moderado en el cierre de las operaciones en el último trimestre de 2021, según las respuestas del 66,7% de los encuestados. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman su percepción, con 565.523 ventas de inmuebles en 2021, la mejor cifra de los últimos 14 años.

A pesar del buen comportamiento del sector, los profesionales inmobiliarios observan ahora más dificultades en la captación de nuevos clientes. No obstante, más de 6 de cada 10 agentes apunta a que en los próximos meses el número de vendedores se estabilizará y girará hacia un crecimiento moderado.

El subdirector general de UCI, José Manuel Fernández, confía en que el incremento de los precios se mantenga moderado a lo largo de 2022, «condicionada por el comportamiento que tengan los tipos de interés y, en consecuencia, el precio de las hipotecas.

«Una subida del precio de las hipotecas, sin que evolucione al mismo tiempo la capacidad adquisitiva de los clientes, podría provocar que los precios de la vivienda se moderen», explica. Por comunidades autónomas, el precio de la vivienda podría subir hasta un 7,9% en el País Vasco y un 7,8% en Baleares. También se estiman incrementos en Canarias, del 3,7%, en Madrid, del 3,5%, o en Murcia, del 2,8%.

Los expertos consultados para la elaboración del Barómetro consideran que este 2022 el interés por la compra superará al alquiler, con un crecimiento del 8,25% en el caso de la compraventa y del 3,3% en el alquiler. En el caso del alquiler, las subidas pronosticadas se sitúan cerca del 3%, en línea con el crecimiento de la demanda.