La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, ambos dirigidos por ERC, ponen en riesgo una inversión cercana de 110 millones de euros de Eurofund y la francesa Frey. El rey de los centros comerciales ha impulsado Torre Salses Promenade Lleida, un nuevo complejo con más de 56.000 metros cuadrados y cerca de 20.000 en zonas verdes.
El anterior equipo de Gobierno de Lleida, con el socialista Fèlix Larrosa al frente, había dado todo su apoyo al proyecto, más cuando atrae no sólo a los residentes de la ciudad ilerdense, sino también a los habitantes de otras comarcas cercanas.
Una decisión ilegal, cuyo objetivo es obstaculizar la materialización del proyecto
Tal era la sintonía, que este ejecutivo municipal había alcanzado un acuerdo con Eurofund y Frey para venderles el 13% de una de las parcelas donde se asentará el complejo por la nada despreciable cantidad de 1,2 millones de euros. Según la tasación de una entidad independiente y homologada por el Banco de España, este terreno tendría un valor de 560.612,23 euros. De esta forma, tanto Eurofund como Frey mostraron su confianza en el complejo pagando más del doble del precio correspondiente.
EL AYUNTAMIENTO DE LLEIDA TRATA DE PONER PALOS EN LAS RUEDAS A UN GRAN PARQUE DE OCIO
Sin embargo, las cosas se torcieron con la llegada de ERC al poder. Los concejales republicanos, liderados por Miquel Pueyo, se han opuesto de forma tajante al complejo y están tratando de tumbarlo a marchas forzadas. El equipo de gobierno, además, ha obtenido un apoyo de la Generalitat para exigir más requisitos de los estipulados y obviando el pacto al que se llegó con Larrosa.
La empresa creada por Eurofund y Frey habían solicitado la preceptiva licencia comercial a la dirección general de Comercio. Ésta pidió la titularidad de los terrenos, y a excepción de ese 13%, tanto Eurofunds como Frey habían acreditado su posesión. Pese a aportar el acuerdo municipal, la Generalitat ha dado cerrojazo al asunto. Y es que, se niega a ceder de forma voluntaria unos terrenos que no tenían uso y cuyo propietario mayoritario es Eurofund.
Pero este hecho no ha supuesto por el momento ningún parón. «Seguiremos trabajando en el proyecto», han afirmado fuentes de los promotores a MERCA2. Asimismo, no descartan acudir a los tribunales si la Administración continúa poniendo palos en las ruedas.
LLEIDA PONE BARRERAS A LA CREACIÓN DE 1.400 EMPLEOS
Desde el Consistorio se excusan en los tradicionales motivos sobre el hipotético impacto negativo en el comercio local, en una ciudad con apenas 140.000 habitantes. Sin embargo, los centros comerciales de este tipo, como la Roca Village, generan cientos de empleos directos e indirectos. Según los cálculos de Eurofun, el Govern de ERC está dando portazo a la creación de 400 puestos de trabajo directo y otros 1.000 de forma indirecta, así como un impacto de 200 millones en la ciudad.
Con el acuerdo en la mano, Promenade Lleida han pedido formalmente al Ayuntamiento la adjudicación de la parcela de marras. Se trata de una porción dentro de una finca «indivisible» y por tanto, según el Código Civil catalán, el propietario de la mayoría puede obligar al minoritario a vender su participación. «Si los propietarios del bien resultante no quieren seguir en comunidad ordinaria, la
propiedad corresponde al que tenga una participación mayor. Si no la quiere, corresponde al
siguiente en orden de participación, y así sucesivamente«, reza la legislación catalana.
Asimismo, la empresa cree que el Consistorio ha accedido de forma irregular al expediente de la Generalitat en la licencia comercial, cuya decisión será recurrida para evitar la paralización de este macrocomplejo de ocio. Y es que, además de los locales de restauración y tiendas de moda, dispondrá de amplias zonas verdes y un lago, un lugar idílico para hacer compras.
EUROFUND RECURRIRÁ LA DECISIÓN DE COMERCIO
La primera instancia a la que acudirán para desbloquear la situación será la propia Consejería de Empresa, dirigida por Roger Torrent. En el recurso tendrán que explicar y probar que pueden disponer de estos terrenos de titularidad pública, tras haber pactado el pago del doble de su valor de tasación. Pese a ello, La Paeria se mantiene en sus trece, pese a las dificultades económicas que atraviesa. Aún así, las mismas fuentes insisten en agotar primero toda la vía administrativa antes de acudir a la judicial, si se diera el caso, aunque en ese momento se paralizaría hasta que un juez decida.
El caso de Promenade Lleida es similar a otros expedientes que obtuvieron el visto bueno sin más barreras que cumplir los requerimientos. Sin embargo, no ha cundido el ejemplo con respecto a los anteriores en este lance. Es aquí donde las fuentes muestran las posibles irregularidades que estarían aconteciendo en relación a los permisos del proyecto. Se sabe que el Ayuntamiento de ERC ha tratado de torpedear este asunto en el pleno municipal, pero la acusación de haber accedido al expediente aún planea sobre los de Pueyo.
Por este motivo, la empresa estudia el caso en profundidad y no descarta emprender las acciones, sean éstas judiciales o no, que considere oportunas. Las mismas fuentes revelan que aguantarán hasta agotar todas las vías. Cualquier otro paso posterior sería otro hipotético escenario. De esta forma, se pone en riesgo un proyecto de más de 56.000 metros cuadrados, divididos en tres parcelas, junto con una inversión importante en una zona que albergará, además, el mayor polígono industrial de Cataluña.
LOS PROMOTORES, CON EUROFUND A LA CABEZA, MANTIENEN SU COMPROMISO
Oficialmente, los promotores mantienen su «inquebrantable» compromiso de materializar este parque comercial y de ocio. Asimismo, el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar la prolongación de la Avenida Víctor Torres, que unirá la ciudad con el parque comercial. La demora de estas obras está siendo objeto también de controversia al estar incluidas en el Plan General de la ciudad. Además, esta avenida no sólo conectará el sector Torre Salses con el centro, sino que asistirá a los barrios de Bordeta, Magraners y Cappont.
Para más trabas, el Ayuntamiento ha puesto fecha de caducidad a los convenios firmados por Larrosa. La empresa entiende que es una «decisión ilegal, cuyo objetivo es obstaculizar la materialización del proyecto». Como muestra de las diferencias irreconciliables entre el equipo de gobierno de ERC y los promotores, Pueyo ni ningún otro miembro del ejecutivo municipal aparecieron en la presentación del proyecto. Y es que, a ERC le da pánico que se cree riqueza en su territorio.
