La crisis energética ha destruido la credibilidad de las políticas puestas en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica, que ya desde su propia concepción a los mandos de Teresa Ribera dejó claro que la energía era una herramienta ideológica. Centrar toda la estrategia en las renovables al mismo tiempo que se eliminaban las imprescindibles fuentes de respaldo –y fiándolo todo al gas argelino– ha provocado que ante una situación de estrés de mercado –como la impulsada por la guerra de Ucrania– sólo quede una opción: la intervención de los precios.
EL ESCENARIO SOBRE LA MESA
Ese es el escenario que ahora está sobre la mesa del departamento de Ribera, tutelado directamente por el Palacio de La Moncloa, ya que el presidente Pedro Sánchez quiere evitar un enfrentamiento abierto con las energéticas españolas, como el que se produjo el pasado con los ‘decretazos’ de Ribera, que provocaron que miles de millones de euros salieran del capital de Iberdrola y Endesa. Naturgy no sufrió tanto la incertidumbre regulatoria por estar inmensa en un proceso de OPA (lanzada por el fondo australiano IFM), lo cual protegió su cotización.
SÁNCHEZ QUIERE EVITAR UN ENFRENTAMIENTO CON LAS ELÉCTRICAS TRAS LOS ‘DECRETAZOS’ DE RIBERA
Aunque desde el ministerio de Transición Ecológica se esté indicando que el objetivo es buscar una especie de «pacto de Estado en materia energética» y se apunte e la existencia de contactos en este sentido, fuentes de las compañías consultadas por MERCA2 aseguran que no ha habido por parte del ministerio una petición expresa para que se produzca este apoyo a la inminente intervención del mercado eléctrico. A este respecto recuerdan que Ribera se ha caracterizado por romper las vías de comunicación a lo largo de su mandato, limitando los contactos a la mínima expresión.
EL PESO DE LOS DERECHOS DE CO2
Sea con el beneplácito de las energética o no, lo cierto es que el Gobierno quiere intervenir el importe del gas para limitar el incremento de los precios de la electricidad, que suben no sólo por los efectos de la crisis geopolítica en el Este de Europa, sino también por la presión de los derechos de emisión de CO2. Estos derechos se encarecen por el compromiso europeo para ir reduciendo poco a poco el volumen de emisiones y los grandes beneficiados son los fondos que los adquieren para especular y los propios Gobiernos, que recaudan con las subastas.
La idea de Ribera es sacar el gas del proceso de formación de precios marginalista del sistema eléctrico (desacoplándolo dicen en el Ministerio de Transición Ecológica) para que la tensión inflacionaria de esta materia prima no se traslade al resto de tecnologías. Esto haría necesario que el Gobierno le pusiera un precio arbitrario, por debajo del coste que tiene el gas en los mercados internacionales, a lo que habría que añadir un margen que deberá ser determinado también por el Ejecutivo.
El problema de esta opción es que las eléctricas que tienen un mayor peso en la generación con fuentes renovables (fotovoltaica, eólica e hidráulica) verían como sus ingresos se reducen, ya que han estado cobrando la electricidad muy por encima de su coste.
LOS ‘BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO’
Se quedarían sin los famosos «beneficios caídos del cielo» (windfall profits), que son las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de CO2 ni usan gas, y que se benefician al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, que en la actualidad es la de los citados ciclos combinados.
«Cuando se habla de beneficios caídos del cielo habría que analizar en realidad qué fuentes de energía son las que más se han beneficiado, porque al contrario de lo que se piensa no son las gasistas quienes han hecho caja desde que comenzó la subida de precios, sino que las que han obtenido grandes rendimientos son las que producen y venden energía renovable, especialmente la hidroeléctrica, que el pasado año fue la que marcó el precio del mercado mayorista (pool) en el 66% de las horas más caras», indican las fuentes consultadas.
IMPACTO EN LAS LLEGADAS DE GNL
Intervenir el precio del gas tiene otro efecto que no se debe eludir y que puede poner en riesgo la capacidad del sistema energético español para asegurar el suministro. Si se rebaja el importe del metro cúbico por imperativo legal entonces se reducirán los incentivos económicos para que las empresas traigan buques metaneros con Gas Natural Licuado (GNL), que es la otra vía con la que España quiere compensar la pérdida del gasoducto del Magreb y en la que trabaja desde hace meses Enagás, sobre todo desde que se confirmó el cierre del gasoducto del Magreb por los problemas políticos entre Argelia y Marruecos.
«El Gobierno parece haberse dado cuenta ahora de que el cierre del gasoducto del Magreb nos afecta como país, ya que desde hace más de veinte años se sabía la fecha exacta del fin del contrato y no se hizo nada para renovarlo. Tan sólo se viajó a última hora, deprisa y corriendo, para intentar sacar de Argelia un compromiso que no llegó», indica un directivo de una energética del IBEX que confirma lo avanzado por este diario el pasado lunes: que Sánchez intenta que este gasoducto vuelva a traer la materia prima argelina a las costas españolas pasando por Marruecos.
El problema de toda intervención de precios en sectores con alta dependencia del exterior es que alguien debe pagar la diferencia entre el coste de la materia prima en los mercados internacionales y el importe que pagan los consumidores (hogares y empresas).
PRIMAS A LA GENERACIÓN DE GAS
Por ello, las eléctricas esperan que Ribera acompañe la intervención en el precio del gas con algún tipo de compensación a los propietarios de las centrales de ciclo combinado. Sólo así podrían que seguir desarrollando su actividad sin perder dinero. En caso contrario se pondría en riesgo la propia estabilidad del sistema al desincentivar inversiones en la generación de energía y el mantenimiento de las instalaciones.
Según confirman fuentes socialistas, una de las vías a explorar es crear un sistema de primas a la producción de energía en estas centrales de ciclo combinado, de forma similar a las que se diseñaron para impulsar la expansión de las energías renovables.
En este caso la diferencia entre el precio de mercado y el intervenido lo abonaría el consumidor en su factura o –como pretende Ribera– en el futuro de forma indirecta, a través de los impuestos y de las emisiones de deuda (cuyos intereses y principal son pagados, en última instancia, por los contribuyentes).
Mientras, el Gobierno español deshoja la margarita, en el seno de la Unión Europea se debate también la mejor manera de desligar el precio del gas al de la electricidad. La Comisión Europea espera tener una propuesta en firme para la cumbre de jefes de estado que se celebrará los días 23 y 24 de marzo. Si no hay acuerdo en el club de socios del Viejo Continente España podría actuar de forma unilateral, lo cual podría provocar un conflicto jurídico en el futuro.
