CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han trasladado hasta el próximo día 22 la reunión que iban a mantener este lunes para abordar el acuerdo de negociación colectiva debido a su coincidencia con el encuentro que ambas partes celebrarán esta tarde con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tratar la segunda fase de la reforma de pensiones, han informado en fuentes de la negociación.

En concreto, sindicatos y empresarios habían previsto reunirse a las 16.30 horas de hoy para seguir negociando el pacto de convenios, la misma hora en la que se convocó para este lunes la reunión con Seguridad Social. Así, se ha tomado la decisión de aplazar el encuentro sobre salarios hasta el miércoles de la próxima semana.

Los sindicatos quieren renovar este acuerdo con las organizaciones empresariales y ya han hecho una propuesta para negociar con la patronal.

En su propuesta, difundida hace unos días, CCOO y UGT piden a CEOE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.

De esta forma, los sindicatos han reformulado su propuesta salarial introduciendo nuevos criterios sobre la cláusula de revisión salarial, que ya no se ligará solo a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas.

Así, CCOO y UGT proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-204 (5%, 4,5% y 3,75%) se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.

Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de la cláusula de revisión, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de «un dato fidedigno».

Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo).

Los sindicatos defienden que la negociación con CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no logran acuerdo, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado a CEOE.

Según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,89% hasta febrero, cifra ligeramente superior a la registrada en enero (2,81%), pero 3,2 puntos inferior al último IPC adelantado, cuya tasa interanual escaló en el segundo mes del año hasta el 6,1%.

Este incremento salarial es menor que la subida del 8% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) de este año y que el alza experimentada por las pensiones contributivas (+8,5%) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el último pacto de convenios que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, cuya vigencia finalizó en 2020.

La mayor parte de los convenios registrados hasta febrero en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2023.

En concreto, hasta el segundo mes del año había registrados un total de 1.941 convenios colectivos con efectos económicos en 2023, de los que sólo 44 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 5,21%. El resto, 1.897, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio bastante inferior, del 2,79%.

Los 1.941 convenios registrados hasta febrero daban amparo a casi seis millones de trabajadores.

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta febrero no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 1.941 convenios contabilizados, sólo el 16,6% (322) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 228 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,64 millones de trabajadores de los casi 6 millones amparados por los convenios registrados hasta febrero, el equivalente al 27,4% del total.

Así, el grueso de los trabajadores (siete de cada diez) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos, si bien la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento ha aumentado respecto a la existente en diciembre de 2022 (21,08%) y enero de 2023 (27,2%) y se acerca a la de marzo de 2022, donde se llegó a superar el 29%.

Del total de convenios registrados hasta febrero, 1.441 eran de empresa, con efectos sobre 366.400 trabajadores y una subida salarial media del 2,76%, mientras que 500 eran convenios sectoriales y daban cobertura a 5,6 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,90%.

La jornada media pactada en convenio se situó hasta febrero en 1.753,3 horas anuales por trabajador (1.704,6 horas en los convenios de empresa y 1.756,5 en los convenios de ámbito superior).

De los 1.941 convenios registrados hasta febrero, un total de 56, el equivalente al 2,9%, contemplaba congelación de sueldos, mientras que el 32,6% de los convenios, tres de cada diez, recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 4,79%.

Más de la mitad de los convenios, en concreto el 52,6%, se mueve en subidas salariales medias que van desde el 0,5% hasta el 2,5%. La estadística no recoge ningún convenio con recorte salarial.

La estadística de Trabajo revela además que hasta febrero se registraron 155 inaplicaciones de convenios, por encima de las 129 del mismo periodo de 2022 (+20,1%).

Estos ‘descuelgues’ afectaron a un total de 6.516 trabajadores, frente a los 4.635 afectados en los dos primeros meses de 2022, lo que supone un aumento del 40,6%. El ‘descuelgue’ de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes, a las 16.30 horas, para tratar los temas pendientes de la segunda fase de la reforma de pensiones tras la propuesta que les presentó el pasado viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el aval de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.

Los sindicatos ya avanzaron, tras la reunión del viernes, que su valoración general de la propuesta del Gobierno era positiva, aunque esperaban más ambición en otros aspectos. Por contra, CEOE, Cepyme y ATA expresaron su oposición «frontal» a la reforma planteada por el Ejecutivo. Para los empresarios, la reforma tiene «voracidad recaudatoria» y un carácter «populista», que «socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales» con los sindicatos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso el viernes cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.

De esta forma, se permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).

Este régimen dual del periodo de cómputo estará vigente durante los próximos 20 años. La nueva opción que se introduce (29 años excluyendo dos) se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, lo que beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares, según explicaron en fuentes de la Seguridad Social.

Así, mediante este nuevo sistema, se ofrecerá al pensionista ambas posibilidades con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile.

LA SOBRECOTIZACIÓN DEL MEI SE MANTENDRÁ EN EL 1,2% DE 2030 A 2050

Con el objetivo de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno plantea una «cuota de solidaridad» para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador). La cuota sólo se aplicará a salarios superiores a la base máxima de cotización establecida en cada momento.

También con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los ‘baby boomers’, el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%.

Según el borrador presentado a los agentes sociales, esta sobrecotización del MEI se mantendrá en el 1,2% desde 2030 hasta 2050 con igual distribución entre empresario y trabajador.

Otra de las patas para elevar los ingresos del sistema consiste en el destope de las bases máximas de cotización, que subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Según el borrador, el Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización y remitirá un informe sobre el tema a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

En paralelo al aumento de las bases máximas también subirá la pensión máxima, aunque no al mismo ritmo. Lo que se sabía hasta ahora es que el Gobierno había propuesto que la pensión máxima se revalorizara cada año del periodo 2025-2050 con el IPC anual más una subida adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050.

A partir de 2050 y hasta 2065 se habían previsto incrementos adicionales, aunque el pasado viernes, cuando el Ejecutivo presentó sus medidas a los agentes sociales, no se precisaron tales incrementos.

Sin embargo, el Gobierno sí detalla en el borrador dichos incrementos adicionales para el periodo 2051-2065. Así, el texto concreta que este incremento adicional al IPC que experimentarán las pensiones máximas causadas desde 2051 hasta 2065 será del 3,2% en 2051; del 3,6% en 2052; del 4,1% en 2053; del 4,8% en 2054; del 5,5% en 2055; del 6,4% en 2056; del 7,4% en 2057; del 8,5% en 2058; 9,8% en 2059; del 11,2% en 2060; del 12,7% en 2061; del 14,3% en 2062; del 16,1% en 2063; del 18% en 2064, y del 20% en 2065.

Al finalizar ese periodo, en 2065, se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia con el destope de las bases máximas de cotización hasta alcanzar un incremento total del 30%.

Lo que se persigue de este modo es que el grueso de la subida de la pensión máxima se concentre a partir de 2050, que es cuando la Seguridad Social calcula que finalizarán las tensiones financieras por las jubilaciones de los ‘baby boomers’.

LA AIReF VELARÁ POR LA CONTENCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES

El borrador establece que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y con periodicidad trienal, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema en el periodo 2022-2050.

La AIReF tendrá que calcular el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea.

Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7% del PIB, el gasto en pensiones no podrá supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, el Gobierno solicitará a la AIReF en el plazo de un mes un informe de impacto de las medidas y propondrá posibles medidas para eliminar el exceso de gasto. Además, negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir este exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa para incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas.

Como resultado de estas negociaciones, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

En caso de que la ley con las medidas correctoras del exceso del gasto neto en pensiones no entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.