Valladolid da por fin un paso firme hacia la ampliación de su parque de vivienda pública con sello estatal. Tras años de promesas y retrasos, el Gobierno central ha confirmado la adquisición de los terrenos del antiguo acuartelamiento de La Rubia para destinarlos a la construcción de vivienda asequible, en una operación que ha sido calificada como «una muy buena noticia para una ciudad en crecimiento» por la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Este enclave, propiedad hasta ahora del Ministerio de Defensa, será adquirido por el Estado por algo más de ocho millones de euros a través de la Entidad Pública de Vivienda, la nueva denominación de la antigua Sepes.
La operación permitirá transformar este terreno de casi once hectáreas —cerrado desde 2014— en un nuevo espacio residencial con 300 viviendas, de las cuales 200 serán públicas. La actuación se alinea con un plan estatal más amplio que busca movilizar suelo público infrautilizado para responder al creciente problema de acceso a la vivienda en todo el país.
Rodríguez durante su visita al solar, se hizo acompañar por los ministros vallisoletanos Ana Redondo (Igualdad) y Óscar Puente (Transporte).
EL PLAN
Esta intervención no es un caso aislado. El proyecto de La Rubia forma parte de una resolución del Consejo de Ministros de mayo de 2023 que permite al Gobierno adquirir hasta 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos en desuso del Ministerio de Defensa para construir unas 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios.
La inversión total estimada supera los 620 millones de euros. Valladolid, con este proyecto, se suma a otras ciudades donde se han puesto en marcha actuaciones similares, como Sevilla, Valencia, Madrid (barrio de Campamento) o las Islas Baleares.
Este principio esta es la base de una estrategia gubernamental para contrarrestar los efectos de la especulación inmobiliaria y promover entornos urbanos más justos y accesibles. Además, Rodríguez lanzó un mensaje directo a las comunidades autónomas: «Pedimos a todas las administraciones públicas que hagan lo mismo que está haciendo el Gobierno de España, que es poner todos los recursos a disposición de las políticas públicas de vivienda».
Aseguró también que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 «triplicará los recursos destinados a vivienda», con una inversión histórica prevista de 378 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un aumento del 373% respecto al plan anterior.
Pese a lo esperanzador del anuncio, no han faltado las críticas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona (PP), protestó por no haber sido invitado al acto oficial, calificando la visita de los ministros como «a espaldas de la ciudad». Según Zarandona, «se sigue queriendo gobernar Valladolid desde Madrid», y recordó que el exalcalde Óscar Puente, ahora ministro, prometió en su día que las primeras obras de vivienda en la zona de los cuarteles empezarían en 2024.
El concejal también recordó que el consistorio y la Junta de Castilla y León ya trabajan en la promoción de otras 600 viviendas destinadas a jóvenes, subrayando la importancia de la colaboración institucional.
Sin embargo, la ministra ha insistido en que el Gobierno central está dispuesto a contar con las autoridades locales. A corto plazo, el siguiente paso será la aprobación del acuerdo de compra en el Consejo de Administración de la Entidad Pública de Vivienda, previsto para finales de septiembre o inicios de octubre. A partir de ahí, se trabajará en el planeamiento urbanístico, la demolición de las instalaciones existentes y la descontaminación del suelo.
NUEVO BARRIO
El nuevo barrio, situado entre los distritos de La Rubia y Parque Alameda, aspira a ser un referente de desarrollo residencial sostenible y accesible. Si se cumplen los plazos y se sortean los habituales obstáculos burocráticos, Valladolid podría contar en los próximos años con uno de los desarrollos públicos más ambiciosos de su historia reciente.
