El precio máximo a financiar varía de entre los 200.000 euros en Extremadura y los 325.000 en la Comunidad de Madrid.

La línea de avales para cubrir el 20% de la entrada de una vivienda suscrita entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Gobierno establece un límite en el precio de la vivienda a adquirir en función de la comunidad autónoma donde esté situada la misma, con una horquilla que va desde el precio máximo de los 200.000 euros de Extremadura hasta los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid.

De esta manera, en la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda a adquirir –incluido los anejos — no podrá superar los 325.000 euros, una cantidad que disminuye hasta los 300.000 euros para Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Por su parte, Extremadura es la autonomía donde este límite de precio es más bajo, ya que la vivienda adquirida no podrá rebasar los 200.000 euros, seguida de Andalucía (225.000 euros). La cuantía se incrementa hasta los 275.000 euros en el caso de Aragón e Islas Baleares, mientras que en el resto de comunidades se queda en 250.000 euros.

VIVIENDA NUEVA O DE SEGUNDA MANO

Así se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde esta semana se ha recogido el convenio que regula esta línea de avales y se indica, además, que la vivienda adquirida podrá ser nueva o de segunda mano, pero deberá estar construida y situada en el territorio nacional.

El Gobierno aprobó el pasado febrero sacar adelante una línea de avales con el ICO dotada de 2.500 millones de euros para cubrir el 20% de la entrada para la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años o familias con mejores a cargo, un aval que podía ascender hasta el 25% en caso de que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior.

El aval concedido tendrá una vigencia de 10 años desde que se formalice la operación, mientras que el plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, estableciéndose la posibilidad en el convenio de poder ampliar el plazo hasta 2027.

AVALES PARA RENTAS DE HASTA 37.800 EUROS BRUTOS ANUALES

Esta línea está dirigida a personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España, acreditada de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo y con ingresos que no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el Iprem).

No obstante, entre los requisitos para el acceso a esta línea de préstamos se establece que si la vivienda es adquirida por dos personas, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno. El límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros.

La medida incluye algunos factores de mejora: el límite establecido en función del Iprem se incrementará en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta, un requisito que deberá cumplirse de manera individual también en caso de que sean dos adquirientes.

Sin embargo, hay algunas excepciones: cuando el derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión ‘mortis’ causa sin testamento o para aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.

LA VIVIENDA DEBE SER PARA USO RESIDENCIAL

Por otro lado, el convenio recogido en el BOE también especifica que la vivienda deberá ser destinada a vivienda habitual y permanente, quedando excluida la compra de locales de negocio de esta línea de avales.

De igual manera, se especifica que «no se podrá hacer uso de la vivienda para el ejercicio de una actividad económica en el momento de la formalización del préstamo avalado».

No obstante, la vivienda podrá ser arrendada cuando «concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso».

El Alto Tribunal da la razón a un trabajador al que el SEPE otorgó una prestación pese a que su reducción de jornada superaba al máximo legal.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el trabajador no tiene la obligación de devolver la prestación por desempleo cobrada indebidamente en el marco de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) si ésta fue concedida por un error del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así lo establece el Alto Tribunal tras un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por un trabajador al que se le concedió desde el SEPE una prestación por desempleo en un ERTE de pandemia pese a superar el límite máximo de reducción de jornada permitida (70%).

El SEPE le reclamó posteriormente la devolución de la prestación por considerarla indebida, decisión que fue recurrida ante el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, que falló en contra del trabajador y a favor del SEPE.

El afectado presentó entonces un recurso para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia fechada el pasado mes de abril revoca el fallo del Juzgado de lo Social y estima la demanda del trabajador a percibir 1.349 euros en concepto de prestación por desempleo, alegando que el error de concederle esta ayuda no fue culpa del interesado, sino del propio SEPE.

La empresa en la que trabajaba el recurrente presentó un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción el 1 de abril de 2020, nada más declararse la pandemia del Covid, por la que procedía a reducir la jornada del afectado en un 75% entre el 1 de abril y el 31 de octubre de ese año, trabajando sólo dos horas diarias.

Posteriormente, la empresa modificó el porcentaje de reducción de jornada del trabajador y otros 17 empleados, para que éste fuera del 37,5% desde el 14 de mayo hasta el 31 de octubre de 2020.

Con fecha 12 de mayo de 2020, el SEPE concedió al recurrente una prestación por desempleo con inicio el 1 de abril y percibida hasta el 30 de junio, pese a que la reducción de jornada establecida en el ERTE superaba el 70% del máximo legal permitido.

En noviembre de 2020, el SEPE revocó su propia resolución y exigió al recurrente la devolución de 2.621,75 euros por percepción indebida de la prestación, decisión que fue recurrida por el trabajador, al que el SEPE le dio en marzo de 2021 la razón, pero de manera parcial: no tenía derecho a cobrar la prestación entre el 1 de abril y el 13 de mayo de 2020 por superar la reducción de jornada el máximo legal, pero sí a percibirla desde el 14 de mayo por estar el porcentaje de reducción de jornada dentro de los límites legales.

No conforme con esta decisión, el trabajador recurrió en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pidiendo que se declarara su derecho a percibir una prestación por desempleo de 1.349 euros por el periodo de 1 de abril a 13 de mayo de 2020 y por la reducción de jornada del 70%, y subsidiariamente, en la cuantía de 1.259,14 euros por la reducción de la jornada del 70%.

Su demanda fue desestimada en noviembre de 2022, por lo que el afectado acudió entonces al Supremo, alegando que existía una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) de septiembre de 2021 contradictoria a la del tribunal asturiano. Dicho fallo del TSJG, relativo a un trabajador al que se le redujo la jornada en más de un 84% en un ERTE de pandemia por causa de fuerza mayor, consideró que la legislación Covid era norma especial y no contenía la limitación del máximo del 70% de reducción de jornada.

LOS ARGUMENTOS DEL SUPREMO PARA DAR LA RAZÓN AL TRABAJADOR

Según explica el Supremo en su fallo para unificar doctrina, el trabajador no contribuyó, «en modo alguno», a la resolución mediante la que se reconoció la prestación por desempleo desde el 1 de abril al 13 de mayo de 2020 «realizando alegaciones falsas o cualquier acto contrario a la buena fe».

Asimismo, sostiene que la reducción de su jornada en un 75% fue fruto del acuerdo adoptado en el periodo de consultas del ERTE por la empresa y la representación de los trabajadores, sin que, este acuerdo colectivo realizara alegaciones falsas que llevaran a error al SEPE. «Por el contrario, se comunicó abierta y transparentemente a la autoridad laboral que la reducción de jornada era del 75%», subraya.

El Alto Tribunal cita además una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 26 de abril de 2018, que considera aplicable a este caso, para recordar que la prestación de desempleo satisface necesidades básicas de subsistencia.

Señala además el Supremo que la cantidad recibida es «relativamente modesta» y que tampoco se ha considerado la situación del trabajador, especialmente en el difícil contexto de la pandemia del Covid.

Finalmente, el Alto Tribunal sostiene que el error en el reconocimiento indebido de la prestación de desempleo es imputable «únicamente» al SEPE. «Sin embargo, se requirió al trabajador la devolución íntegra de lo percibido, de manera que el SEPE evitó cualquier consecuencia de su propio error, y toda la carga recayó únicamente en el interesado», expone.

«La resolución inicial del SEPE, lejos de denegar la prestación de desempleo, reconocerla solo hasta el 70% de reducción de jornada o advertir que sólo se podía admitir si la reducción de jornada no superaba ese 70%, reconoció al trabajador la prestación por desempleo a pesar de que su reducción de la jornada superaba el máximo del 70%. Y, en este contexto, no parece razonable que toda la carga del error recaiga únicamente sobre el trabajador», concluye el Supremo, que por todo ello declara el derecho del trabajador a recibir 1.349 euros en concepto de prestación de desempleo por el periodo reclamado (1 de abril a 13 de mayo de 2020).

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, ha adjudicado por casi 90 millones de euros a la compañía armamentística alemana Rheinmetall un contrato marco para la provisión de artillería de campaña de 155 milímetros de calibre, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

En el Consejo de Ministros celebrado el 3 de octubre de 2023 el Gobierno autorizó la celebración de este acuerdo marco, cuyo valor estimado máximo se situó en 150 millones de euros.

«La artillería de campaña del Ejército de Tierra está dotada, entre otros sistemas, con obuses/cañones de calibre 155 milímetros. Concretamente, estos sistemas se encuentran encuadrados en las brigadas mecanizadas y acorazada de la Fuerza Terrestre», detallaba entonces el Ejecutivo.

En ese sentido, el Plan General de Instrucción y Adiestramiento asigna a las unidades de artillería de campaña una serie de misiones y cometidos propios, «proporcionando apoyos por el fuego al resto de las unidades» y, en este caso particular, a las brigadas en las que se encuentran encuadradas, de ahí la necesidad de este acuerdo marco, argumenta el Gobierno.

Por otro lado, debido a los compromisos internacionales de España, debe mantenerse a disposición de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés) una unidad de obuses de 155 milímetros de calibre para ser proyectada a cualquiera de los escenarios de operaciones en la que se encuentre desplegada la misma, así como para participar en su agrupación táctica.

En concreto, la NRF de la OTAN se estableció en 2003 como una fuerza de alta disponibilidad compuesta por unidades terrestres, navales, aéreas y fuerzas especiales capaz de desplegarse con rapidez.

En ese sentido, el acuerdo marco adjudicado a Rheinmetall establece la provisión al Ejército de proyectiles fumígenos de 155 milímetros, de proyectiles fumígenos de 155 milímetros de alcance extendido (ER), de proyectiles iluminantes de 155 milímetros, de proyectilos iluminantes de alcance extendido de 155 milímetros, de cargas de proyección y de estopines.

El acuerdo marco está dividido en seis lotes y el de mayor importe, 33,11 millones de euros, corresponde a los proyectiles fumígenos de alcance extendido de 155 milímetros de calibre.

En este contexto, cabe destacar que el pasado febrero Defensa ya adjudicó a Rheinmetall otro acuerdo marco para la provisión de artillería de campaña de 155 milímetros de calibre y alcance extendido por casi 210 millones de euros.

Iberdrola se presenta este próximo viernes, 17 de mayo, a su junta general de accionistas, que se celebra en Bilbao, con el apoyo de los ‘proxy advisors’ y con la acción de la compañía asomándose máximos históricos.

La gran cita anual de la energética con sus accionistas llega así avalada por el respaldo de los dos mayores asesores de voto internacionales, ISS y Glass Lewis, que han bendecido todos los puntos se someterá a la junta general.

En concreto, ambos asesores de voto estadounidenses, que cuentan con una cuota de más 70% en el asesoramiento a grandes inversores, como gestoras de fondos, de pensiones y aseguradoras, aconsejan a los más de 600.000 accionistas de la energética votar a favor de cada uno de los 22 puntos del orden del día de la asamblea de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán.

La influencia de estas firmas de asesoramientos es especialmente relevante para los accionistas extranjeros, que suponían el 70,07% del capital de la mayor eléctrica europea y una de las dos mayores del mundo a cierre del año pasado. Los siguientes por peso eran los minoritarios, con un 22,20%, y, por último, las entidades españolas, con el restante 7,73%. La práctica habitual es que las grandes gestoras sigan las recomendaciones de estos dos grandes ‘proxy advisors’.

Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Qatar, la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés), con un 8,69%; seguido de la mayor gestora de fondos de inversión del planeta, BlackRock, con un 5,39%; y del fondo soberano de Noruega, Norges Bank, con un 3,116%, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El apoyo de estos dos ‘proxys advisors’ a la cúpula se produce pese al momento de gran movilización de los accionistas, especialmente en cuanto a las remuneraciones a directivos se refiere.

IMPULSO EN BOLSA

Además, la compañía llega también en un momento dulce en Bolsa, revalorizada la acción más de un 5% en la semana, cotizando en los 12,21 euros y rozando los niveles históricos de 12,505 euros que marcó el 8 de enero de 2021.

Este impulso en el mercado de la compañía se ha visto respaldado por el aplauso de los analistas, tras presentar hace unas semanas el Capital Markets Day, su hoja de ruta para 2024-2026.

El pasado 21 de marzo, Iberdrola anunció un plan para invertir 41.000 millones de euros durante este periodo para impulsar la electrificación de la economía en todos los países que está presente. De esta cuantía, 21.500 millones de euros irán destinados a inversiones en redes en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, lo que representa el 60% de la inversión neta.

Al negocio renovable la compañía destinará 15.500 millones de euros brutos para crecer de forma selectiva en tecnologías flexibles y almacenamiento.

De hecho, desde la presentación cerca de 30 firmas han revisado sus previsiones para los próximos ejercicios y el precio objetivo medio se encuentra en los 12,75 euros, según Bloomberg. Asimismo, más de un 95% de las casas de análisis aconsejan comprar o mantener sus títulos.

REELECCIÓN DE CONSEJEROS Y DE NUEVO DIVIDENDO DE INVOLUCRACIÓN

En la junta de este viernes, Iberdrola someterá a sus accionistas la reelección de tres de sus consejeros — Nicola Mary Brewer, Regina Helena Jorge Nunes e Iñigo Víctor de Oriol Ibarra– y mantendrá, por tercer año consecutivo, el dividendo de involucración. Asimismo, se propone mantener el número de miembros del órgano rector de la compañía en 14.

Entre las propuestas a votar se encuentran también modificaciones en los estatutos sociales, con los objetivos de reforzar la involucración continuada y permanente de los accionistas en la vida social y fomentar su implicación efectiva y sostenible en la sociedad.

También se incluyen actualizaciones relacionadas con la posición de Iberdrola como sociedad holding del grupo y con la política de remuneraciones de los consejeros, toda vez que ha cumplido el plazo establecido para su revisión por la junta general de accionistas. Entre los puntos del orden del día de la asamblea también figura la reelección de KPMG Auditores como auditor de cuentas de la energética.

Además, se propone la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, del estado de información no financiera, de la aplicación del resultado de 2023 y dos nuevas ediciones del sistema de dividendo opcional ‘Iberdrola Retribución Flexible’, así como la reelección de tres miembros del consejo de administración.

‘Bodegas Emilio Moro’ ha cerrado 2023 con un incremento de su cifra de negocio del 5,3 por ciento, un aumento del 28,3 por ciento en facturación en experiencias de turismo y presencia en setenta países, además de que sigue apostando por la innovación y la excelencia «sin perder la esencia de una bodega familiar centenaria».

Así lo ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, la directora general de esta bodega, Patricia Sánchez Moro, que forma parte de la cuarta generación de la familia Moro, quien ha precisado que en la actualidad se encuentran al frente de ‘Emilio Moro’ la tercera y cuarta generación «con una apuesta decidida por la innovación con el objetivo de mejorar cada día».

En este sentido, Sánchez Moro se ha referido a tres proyectos de innovación en los que se trabaja en la actualidad en esta bodega con un departamento creado con el objetivo «de mejorar cada día, de ser mejores, ejemplares y responsables».

El 30 por ciento de la producción de Emilio Moro se exporta a setenta países pero es Estados Unidos el país donde más se creció en 2023, un 8,9 por ciento, aunque las exportaciones de las referencias de esta bodega también subieron un 27 por ciento en Asia.

No obstante, como apunta Patricia Sánchez Moro, «México es el principal mercado, tiene un gran potencial» por lo que se sigue apostando por él y por seguir penetrando en otros países de Latinoamérica mientras que en España Madrid, Andalucía, Cataluña o Baleares son el principal destino de los vinos de Emilio Moro.

«Uno de nuestros objetivos es ser cada vez más internacionales», ha aseverado la directora general de ‘Emilio Moro’, por lo que en plantilla cuentan con tres personas que trabajan directamente en EEUU y en México.

Las claves del «éxito» de los vinos de ‘Emilio Moro’ están, según Patricia Sánchez Moro, en el carácter «familiar» de esta bodega, «la historia, la pasión y la tradición» que han heredado de sus antepasados, y el hecho de cada una de sus marcas «tiene una personalidad y una identidad única» lo que permite que el consumidor «los identifique y puede elegir cada uno de ellos según el momento».

Además, cada una de las etiquetas de sus vinos, algunas de las cuales se han cambiado, «lleva un trocito de la historia» de esta familia bodeguera «y de su tradición vitivinícola», ha aseverado Sánchez Moro.

Como ejemplo de ello, se ha referido a Elalba, un rosado que salió por primera vez al mercado el pasado año; ‘Finca Resalso’, que es «la gama más joven», ‘Emilio Moro’, que es «el alma máter» de la bodega o ‘La Felisa’, un vino ecológico y sin sulfitos, además de la Familia Malleollus o «el vino más especial», ‘Clon de la Familia’.

Aun así, Patricia Sánchez Moro ha explicado que hay que dirigir los esfuerzos a conectar con el público joven, algo que «hay que trabajar de forma conjunta todas las bodegas» y de la mano de la Federación Española del Vino de la que forma parte ‘Emilio Moro’, ya que, según la directora general, «el vino se ha vendido y se ha comunicado de una forma muy técnica que ha hecho que el consumidor se aleje y que se piense que sólo se puede consumir en momentos super exclusivos».

Y es todo lo contrario», ha apuntado Sánchez Moro, quien defiende «normalizar» el consumo del vino para acercarse al mundo de los jóvenes, pero de una forma «responsable» y que se pueda disfrutar de una copa de vino «y se pueda decir me gusta o no me gusta al igual que te puede gustar otro producto u otra bebida.

EL BIERZO

La familia Moro ha apostado siempre por el medio rural donde se asienta, y como «ninguna empresa debería vivir sólo de lo que ha hecho en el pasado», como ha apuntado Sánchez Moro, hace más de 10 años se decidió dar un salto y «hacer realidad un sueño» de elaborar vinos blancos y salir del espacio de «confort» de la Ribera del Duero, lo que les llevó hasta la comarca leonesa de El Bierzo, donde el próximo 23 de mayo se inaugurará la nueva bodega de ‘Emilio Moro’.

Se encuentra entre Ponferrada y Molinaseca, donde ‘Emilio Moro’ elabora tres vinos, ‘El Zarzal, ‘La Revelía’ y ‘Polvorete’, de la variedad de uva godello, «una variedad y una zona que tiene un gran potencial», ha explicado Patricia Sánchez, quien reconoce que este proyecto «es un sueño hecho realidad» que les ha permitido contribuir «al desarrollo económico» de este espacio.

Actualmente, en El Bierzo, ‘Emilio Moro’ cuenta con 60 hectáreas en propiedad a lo que hay que sumar otras 10 hectáreas de otros viticultores,*mientras que en Ribera de Duero cuenta con casi 400 hectáreas propias.

Junto a los vinos, en ambas bodegas se ofrecen experiencias de enoturismo, cinco en la bodega de Pesquera de Duero (Valladolid) y dos en Molinaseca (León), una oferta que en 2023 creció un 28 por ciento ya que 13.000 *personas pudieron disfrutar de las diferentes propuestas.

Una bodega que cuenta en la actualidad con la tercera y cuarta generación al frente y que, como reconoce Patricia Sánchez Moro: «sienten la pasión, el amor por la tierra, por la viticultura y por la historia» que comenzó Emilio Moro, quien nació en 1891 y que junto a su hijo del mismo nombre, sembraron la semilla de lo que es en la actualidad ‘Emilio Moro’.

Chile pretende dinamizar en los próximos meses los procesos de inversión en el país para las empresas internacionales, de manera que el potencial económico del país se pueda traducir en una oferta real para demostrar el gran valor que tiene la nación andina como «socio comercial».

Este es uno de los cometidos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cuyo vicepresidente, Claudio Maggi, ha participado esta semana en el Chile Summit Europa 2024, organizado en la sede de la CEOE en Madrid, para profundizar el alcance de las relaciones económicas y de inversión entre España y Chile.

La misión de Corfo, la agencia del Gobierno de Chile, es fomentar la producción nacional y promover el crecimiento económico regional, motivo por el cual se encuentra inmersa en distintas actividades como el Chile Summit Europa 2024 para presentar a los inversores la oferta de posibilidades «bastantes singulares» que tiene Chile.

«Necesitamos empresas globales que se desplieguen en Chile y que nos ayuden a convertirnos en un actor relevante en la tarea de la transición ecológica, para contar con un tejido industrial más sostenible», ha señalado en una entrevista con Europa Press.

En algunos sectores, como el de recursos naturales como el litio, el hidrógeno verde o el cobre, esenciales para la transición ecológica, Chile aspira a alcanzar relaciones horizontales con socios como España, logrando el «mutuo beneficio».

AGILIZAR LOS PERMISOS PARA PROYECTOS

Chile cuenta a su favor con «mucha seguridad jurídica» e instituciones «robustas», según ha destacado el vicepresidente de Corfo, aunque todavía debe resolver algunos asuntos en materia de burocracia en los que el ministerio de Economía está «plenamente focalizado.

«Realizar la legislación no es fácil ya que los nuevos requerimientos van sumándose a los antiguos, y no se ha hecho una limpieza de aquello que resulta redundante, entre otras cosas por su carácter fragmentado», ha comentado Maggi.

Para avanzar en este aspecto, y lograr una aceleración de las inversiones, el Gobierno está desarollando una nueva legislación para adelantar los permisos sectoriales y medioambientales. Nuestro gran desafío ahora es modernizar y fortalecer nuestro aparato público, y que con este músculo se pueda acompañar de buena manera este incremento de la inversión«, ha sostenido el vicepresidente de Corfo.

Otro de los desafíos de Chile se encuentra en el área de infraestructuras, un tema fundamental para mejorar la conectividad del país, con aspectos como la renovación de la flota marítima, que es uno de los sectores que más tempranamente se espera que vaya a adoptar el hidrógeno verde.

LIDERAZGO DEL LITIO

El sector del litio puede generar gran prosperidad al país, y no solo beneficio para las empresas inversoras, motivo por el cual en Corfo y desde el Gobierno están apostando por abrir la puerta a la colaboración pública y privada a través de la Estrategia Nacional del Litio.

«Tenemos la posibilidad de escalar en la revolución del litio, tomar un liderazgo global», ha defendido Maggi, que ha animado a las empresas «con conocimiento en operación y en mercado del litio» a formar alianzas para desarrollar esta industria.

Una vez presentados los resultados relativos al primer trimestre, en los que Airbnb duplicó su beneficio neto, hasta los 264 millones de dólares (246 millones de euros), la plataforma de alojamiento destacó que continúa «avanzando» en sus prioridades estratégicas para crecer en el sector de las viviendas turísticas.

Para ello, la compañía está concienciada sobre las ventajas del alojamiento, proporcionando «mejores herramientas» a los anfitriones y ayudándoles a ofrecer estancias de mayor calidad. «Seguimos centrados en hacer que el alojamiento sea tan popular como viajar en Airbnb».

Así, se compromete a un alto nivel de calidad a medida que aumenta la oferta, siendo un ejemplo de ello que en el primer trimestre eliminaron miles de anuncios que no cumplían las expectativas de los huéspedes. Excluyendo la eliminación de estos anuncios, crecieron un 17% interanual con un aumento sostenido de la oferta de dos dígitos en todas las regiones.

Otra de las prioridades de la compañía de alojamiento es seguir invirtiendo en mercados menos maduros para impulsar su crecimiento, siendo una estrategia que «está funcionando», ya que en el primer trimestre el aumento de las noches brutas reservadas en origen en sus mercados en expansión fue más del doble de la media de los mercados principales.

Sin embargo, ha destacado que sigue representando una minoría del total de noches reservadas, afirmando que están «centrados» en acelerar el crecimiento en más lugares del mundo, al tiempo que construyen «el futuro de Airbnb».

En este punto, la plataforma ha destacado la presentación de Icons, una nueva categoría de experiencias organizadas por «los más grandes nombres de la música, el cine, la televisión, el arte y los deportes».

Icons supone un importante paso adelante para que la gente comprenda que Airbnb ofrece algo más que alojamiento. Esto será fundamental cuando comencemos a ampliar nuestra oferta en los próximos años», ha explicado.

En los últimos años, Airbnb ha destacado que ha introducido mejores para que sea «más fiable, asequible y, en general, un mejor servicio para anfitriones y huéspedes». El pasado mes de noviembre de 2023 lanzó ‘Guest Favorites’, una colección de las casas más queridas de Airbnb basada en valoraciones, reseñas y datos de fiabilidad.

«Ya estamos viendo un impacto positivo, con más de 100 millones de noches reservadas en los alojamientos favoritos desde su lanzamiento. Seguiremos facilitando a los huéspedes la búsqueda de estancias asequibles y de alta calidad en Airbnb», ha destacado al respecto de este servicio.

«MEJOR TRIMESTRE DE SU HISTORIA»

Este jueves Airbnb comunicó los resultados del primer trimestre de 2024, en los que duplicó su beneficio neto, hasta los 264 millones de dólares (246 millones de euros), en el primer trimestre de 2024, lo que supone un 125,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

«Hemos tenido el mejor primer trimestre de nuestra historia, con 133 millones de noches y experiencias reservadas, junto con un crecimiento de la oferta de dos dígitos en todas las regiones», destacó el cofundador y consejero delegado, Brian Chesky.

Además, la facturación de Airbnb alcanzó los 2.142 millones de dólares (1.996,6 millones de euros), un 18% más que en 2023, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue un 62% superior a los primeros tres meses del año pasado, con 424 millones de dólares (395 millones de euros).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación del Ministerio de Trabajo contra una sentencia que ordenaba al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a devolver a la CEOE los intereses derivados del reintegro parcial que hizo en 2019 de una subvención para formación de trabajadores ocupados.

El fallo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press y que está fechado en marzo de este año, viene a confirmar la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo en noviembre de 2021 en la que se estimaba el recurso presentado por la CEOE contra una resolución del SEPE de finales de 2020 desestimatoria de su reclamación de intereses por el reintegro parcial de una subvención para formación que se le concedió por valor de casi 10 millones de euros.

En febrero de 2018, el SEPE exigió a la CEOE la devolución de casi 5,1 millones de euros del total de 9,9 millones que le habían sido concedidos por una subvención dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.

Un mes después, la patronal española interpuso recurso de alzada contra esta resolución, solicitando la suspensión de la misma. Sin que dicho recurso hubiera sido resuelto y sin que el SEPE se hubiera pronunciado sobre la suspensión de su resolución, CEOE presentó en enero de 2019 un recurso contencioso-administrativo contra el reintegro ordenado por el SEPE, y pocos meses después, en abril de 2019, procedió voluntariamente a ingresar en la cuenta del organismo los casi 5,1 millones de euros que éste le había reclamado.

En diciembre de 2019, el Ministerio de Trabajo estimó parte del recurso de alzada de la CEOE y rebajó la cantidad que debía devolver por la subvención recibida a 1,38 millones de euros. En febrero de 2020, el SEPE ingresó en la cuenta de la patronal casi 3,7 millones de euros por la diferencia entre los 5,08 millones que había pagado y los 1,38 millones que resultaron de la estimación parcial por parte de Trabajo del recurso de alzada de CEOE.

No obstante, el SEPE se negó en noviembre de 2020 a pagar los intereses que reclamaba la CEOE y que había abonado dentro del reintegro parcial de la subvención, cifrándolos en 88.701 euros en el recurso contencioso-administrativo que presentó con resultado estimatorio por parte del juzgado y contra el que recurrió en apelación la Abogacía del Estado.

Es sobre este recurso de apelación sobre el que se pronuncia la Audiencia Nacional. En él, el abogado del Estado argumenta, entre otras cuestiones, que la decisión de la patronal de ingresar voluntariamente los casi 5,1 millones de euros que le exigía el SEPE no fue la de evitar el devengo de los intereses legales, sino lo contrario: exigir a la Administración el pago de intereses ante la expectativa cierta de que su deuda se reduciría sustancialmente, tal y como efectivamente ocurrió una vez que se dictó la resolución el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2019.

Según la Audiencia Nacional, la mayor parte de los argumentos del recurso de apelación del Estado «se sustentan en que la CEOE tomó la decisión de ingresar íntegramente el importe de la deuda como un ejercicio de mero voluntarismo, ya que no tenía la obligación de hacerlo porque la deuda estaba suspendida y porque no había mediado ningún requerimiento por parte de la Administración».

Así, la Audiencia entiende que la Abogacía del Estado «achaca esa decisión a su libérrima voluntad que no perseguía otra finalidad que la de recibir un elevado importe por el concepto de intereses sobre el importe ingresado de más».

«Las motivaciones subjetivas que la CEOE pudiera tener para decidir satisfacer el importe de una deuda que estaba vigente y que por tanto era debida -pese a que estuviera suspendida-, carecen de relevancia si no se demuestra que con ello se quebranta algún precepto o principio del ordenamiento jurídico, o incluso que persiguiera una finalidad torticera. Y pese a los esfuerzos desplegados por la Administración, sus afirmaciones no son otra cosa que simples suposiciones de que la beneficiaria habría actuado con mala fe -aunque no lo diga así- con la única finalidad de enriquecerse a través de la percepción de un elevado importe por el concepto de intereses», defiende la Audiencia en su sentencia.

Para la Sala, resultan «irrelevantes» los motivos por los que la CEOE decidió ingresar el importe íntegro del reintegro en un momento determinado, «lo que entonces no fue siquiera objetado por la Administración». «Por lo tanto, en modo alguno podrá tildarse el pago realizado por la demandante de forma libérrima, voluntariosa o caprichosa, dado el carácter imperativo de la resolución de reintegro en la que se intimaba al pago», añade.

Alega además la Audiencia que la devolución total o parcial de la cantidad reintegrada como consecuencia de la estimación de un recurso constituye, según la Ley, un ingreso indebido que devenga intereses en favor del interesado que abonó una cantidad a la administración que venía fijada en la resolución de reintegro y que luego resultó parcialmente indebida.

«Esto es y como advierte la CEOE, tenía varias opciones tras dictarse la resolución de reintegro: pagar para evitar el apremio, recurrir y pedir la suspensión de la ejecución la cual puede otorgarse por silencio; mas en ningún caso el pago realizado puede considerarse como un pago ‘voluntario’ o ‘innecesario’, sino consecuencia de la citada resolución de reintegro».

Por todo ello, la Audiencia Nacional desestima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado y confirma la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2021 dictada por el juzgado central de lo Contencioso-administrativo número 5 que daba la razón a CEOE en su reclamación de intereses, al tiempo que impone el pago de las costas al Estado.

Este verano llegan a Europa los Juegos Olímpicos de París y la UEFA Euro 2024 en Alemania, dos grandes acontecimientos deportivos que supondrán una importante oportunidad para ambos anfitriones, ya que atraerán a turistas nacionales y extranjeros de todas las partes del mundo.

Así lo desvela el reciente informe trimestral de la European Travel Commission (ETC), que destaca un aumento de las reservas anticipadas, mientras que los precios aumentarán muy por encima de la media estacional para la duración de ambos eventos.

Por un lado, la cita olímpica se celebrará del 26 de julio al 11 de agosto en la capital parisina y, doce días antes, finalizará la Eurocopa en el país germano, que durará un mes y estará presente en 10 ciudades distintas.

Así, el ETC ha tomado como referencia los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para evaluar el impacto potencial en Francia, ya que se trata de un acontecimiento con un calendario comparable y con similitudes en cuanto al tamaño del evento y su alcance geográfico.

El número total de visitantes en Londres y el Reino Unido creció moderadamente en 2012 en comparación con los tres años anteriores, pero aumentó sustancialmente en términos de gasto y gasto medio. Este impacto fue mayor en Londres que en el resto del Reino Unido.

En este año la tendencia será similar, con un impacto de los Juegos Olímpicos que diferirá entre Francia y París en términos de llegadas y gasto. Además, las cifras turísticas se verán afectadas por el contexto inflacionista y la cautela financiera de los viajeros, así como por los precios relativamente más altos de París, incluidas las tarifas hoteleras más elevadas, lo que «puede provocar cierta sustitución por destinos cercanos a París, como Chartres y Reims, accesibles en tren».

Como resultado, el número total de visitantes extranjeros a Francia y a la ciudad de París podría aumentar entre un 5% y un 10% en 2024 en relación con 2019, mientras que el gasto crecerá en Francia (+24%) a un ritmo mayor que en la capital (+13%).

IMPACTO TURÍSTICO DE LA EUROCOPA EN ALEMANIA

Por otro lado, el informe prevé que el turismo alemán experimente un impulso generalizado este verano gracias al campeonato de la Eurocopa, ya que el país acoge 51 partidos de fútbol en 10 ciudades diferentes, con 24 participantes en el torneo, incluido el anfitrión.

Como punto de referencia, se evaluó el impacto de la Eurocopa de 2016 celebrada en Francia, en el que, en este caso, las llegadas internacionales cayeron un 1,7% durante este periodo. Este descenso podría atribuirse a la sustitución de viajes de quienes desean alejarse de los partidos y al desplazamiento de potenciales turistas extranjeros que quieren evitar la congestión y los precios más altos asociados al evento.

Asimismo, en todas las ciudades anfitrionas se produjo una mejora sustancial del gasto receptor interanual, excepto en París, donde el gasto cayó un 11%. Por término medio, el gasto entrante aumentó un 9% en todas las ciudades. Por tanto, los resultados indican que un descenso de las llegadas internacionales no conlleva necesariamente un descenso del gasto en las ciudades, según ETC.

En la edición de este 2024 será ligeramente mejor. Las ciudades alemanas suelen ser más asequibles que sus homólogas francesas, sobre todo si se comparan los destinos más populares para las llegadas internacionales, entre París y Berlín.

Además, Deutsche Bahn, operador ferroviario alemán, anunció recientemente un nuevo horario que mejora tanto la capacidad como la conectividad regional, fomentando más viajes de un día a los partidos, especialmente para los aficionados nacionales, que ya son partidarios de viajar por el país en junio y julio, el calendario del torneo.

AIRBNB SE SUMA AL BOOM TURÍSTICO

Airbnb también se ha pronunciado sobre el impacto de la celebración de los Juegos Olímpicos de París en la compañía, provocando que las noches reservadas durante esas fechas sean más de cinco veces superiores a las del mismo período del año pasado en París.

En cuanto a Alemania, también está viendo una tendencia similar para la Eurocopa de este verano con casi el doble del número de noches reservadas en comparación con el año anterior. También se han observado aumentos en la oferta para ayudar a satisfacer la mayor demanda, incluyendo casi un 40% más de alojamientos activos en París en el primer trimestre en comparación con el año pasado.

«Estos eventos destacan cómo Airbnb ayuda a dispersar los viajes y a extender los beneficios económicos permitiendo que las personas se alojen en barrios y zonas donde no hay hoteles», ha reivindicado la plataforma de alojamiento.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el programa ‘Kit Consulting’, dotado con 300 millones de euros y a través del cual ofrecerá ayudas a pymes de entre 10 y 250 empleados para la contratación de servicios de asesoramiento orientados a su transformación digital, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial (IA) o la ciberseguridad.

La cuantía de la ayuda que podrá recibir cada pyme dependerá del número de empleados que tenga y se materializará en un ‘bono de asesoramiento digital’ de 12.000, 18.000 o 24.000 euros.

En concreto, la ayuda para las pymes de entre 10 y menos de 50 empleados será de 12.000 euros, para empresas de entre 50 y menos de 100 trabajadores asciende a 18.000 euros y para compañías de entre 100 y menos de 250 efectivos será de 24.000 euros.

En ese sentido, la empresa beneficiaria deberá emplear el bono concedido en uno o varios de los 10 servicios de asesoramiento que incluye el catálogo del programa.

En el portfolio de esta iniciativa gubernamental figuran servicios de asesoramiento en inteligencia artificial, en análisis de datos (básico y avanzado), en ventas digitales, en procesos de negocio o de producción, en estrategia y rendimiento de negocio, en ciberseguridad (básico, avanzado y preparación para certificación) y en transformación digital.

En ese sentido, las empresas que soliciten los servicios de asesoramiento avanzado (tanto en análisis de datos como en ciberseguridad) deben haber completado previamente el nivel básico.

En este contexto, las fuentes consultadas han subrayado que el foco del programa está puesto en ayudar a las pymes en la implementación de la inteligencia artificial, dado que son este tipo de compañías las que «realmente se tienen que transformar para poder conseguir las ganancias de productividad» empresarial que se esperan lograr a través del uso de esta tecnología.

En concreto, el Ejecutivo espera que el ‘Kit Consulting’ llegue al menos a 15.000 empresas y que ya a mediados de junio las pymes puedan empezar a solicitar las ayudas.

Al igual que el ‘Kit Digital’, este programa de ayudas estará gestionado por Red.es, entidad ascrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y los 300 millones de euros con los que está dotada esta iniciativa provendrán de los fondos NextGeneration EU.

REQUISITOS

Entre los requisitos que tendrán que cumplir las pymes para poder acceder a este programa de ayudas se encuentra la obligatoriedad de tener el domicilio fiscal en territorio español y poseer la consideración de pequeña o mediana empresa.

Los solicitantes también deberán estar inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica que desarrolla la empresa en el momento de pedir la subvención.

Tampoco deberán tener la consideración de empresas en crisis, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Asimismo, se exige que la pyme solicitante no esté incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y no superar el límite de ayudas de minimis.

ASESORES DIGITALES

Por otro lado, los servicios incluidos en el catálogo del programa serán desarrollados por una serie de asesores digitales, los cuales serán los únicos habilitados para suscribir los acuerdos de prestación con las pymes beneficiarias y que son los que efectivamente reciben el pago de la ayuda una vez hayan justificado su trabajo.

El plazo de adhesión al programa por parte de los asesores digitales permanecerá abierto durante toda la vigencia del ‘Kit Consulting’.

Para ser asesor digital en el ‘Kit Consulting’ las empresas interesadas deben haber facturado al menos 100.000 euros en el año anterior a su solicitud de adhesión al programa o tener una media de ingresos en sus tres últimos ejercicios superior a ese umbral.

También deben tener su domicilio fiscal en algún país de la Unión Europea y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, entre otros requisitos.

MENOS BUROCRACIA

Para el lanzamiento del ‘Kit Consulting’ el Gobierno contará con un sistema de tramitación automatizado impulsado por, entre otros elementos, la inteligencia artificial, con el objetivo de reducir la carga burocrática y lograr con ello disminuir el número de documentos a presentar y acortar los plazos de concesión.

Así, las pymes solicitantes no tendrán que aportar ninguna documentación, si bien tendrán que autorizar a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para poder beneficiarse del programa.

A ello se suma la puesta en marcha de una plataforma de inteligencia artificial con la que el Gobierno podrá verificar las justificaciones de los servicios de asesoramiento prestados y con la que podrá, por ejemplo, detectar plagios o comprobar la calidad de los documentos presentados.