Daniel Jiménez, exdirectivo de Vodafone y Telefónica, se suma al equipo directivo de Eurofirms Group tras su nombramiento como CEO de la multinacional de gestión de talento, que ha destacado que la llegada de Jiménez se enmarca dentro de su estrategia para 2024-2027 con el objetivo de «consolidar su modelo de negocio».

Este plan estratégico se fundamenta en la cultura ‘People First’, con el objetivo, según la empresa, de «potenciar la marca Eurofirms y posicionarse en los mercados en los que opera como referente en gestión del talento».

Para ello, la firma ha destacado que la «digitalización» y la «innovación» serán fundamentales para conseguir diferenciar a la empresa.

Miquel Jordá, CEO hasta la fecha y propietario de la firma, pasa al cargo de presidente del Consejo Asesor, delegando la operativa de la empresa en su equipo directivo dando «un paso más en su liderazgo».

Daniel Jiménez cuenta con experiencia en empresas como Vodafone, donde desde 2018 ocupó el cargo de director General de Vodafone Business España, o Telefónica, compañía en la trabajó durante 17 años como director del Negocio Corporativo de Empresas en América Latina y Estados Unidos.

Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) han demandado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «más prudente» para evitar efectos indeseables en la generación del empleo, al tiempo que han solicitado eliminar los tipos reducidos del IVA.

Durante una rueda de prensa para presentar las conclusiones y propuestas sobre cuestiones estructurales de la economía española, Fedea y los economistas han indicado que las subidas del SMI podría lograrse vinculando, al menos parcialmente, tanto los incrementos sectoriales como los del SMI a las mejoras de productividad, consiguiendo contener el crecimiento de los costes laborales unitarios y mejorando la competitividad.

En esta línea, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, también ha avisado sobre la caída de la productividad en España y ha reiterado la necesidad de acoplar los salarios a la misma para no generar una reducción del empleo y aumento del desempleo.

De igual manera, en el informe se avisa de que no existe evidencia de que los fondos ‘Next Generation’ hayan contribuido a aumentar la productividad -de hecho, en una primera valoración, la evolución media anual de la productividad real en el bienio 2021-2022 apenas supera el 0,5%-, aunque esperan que estos fondos impacten «positivamente» en la eficiencia de los distintos sectores y regiones, pero posiblemente dentro de unos años.

En el plano fiscal, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha asegurado que el objetivo es ir al déficit cero y a lograr superávits.

Para ello, los economistas han realizado una serie de propuestas que pasa por una consolidación fiscal con medidas de control del gasto público -especialmente del destinado a las pensiones-, a la par que acometer reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de la gestión de las administraciones públicas.

Además, piden abordar ciertas reformas centradas en ampliar las bases tributarias, eliminando los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, primando los impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética, y poniendo el acento en la lucha contra el fraude fiscal.

Igualmente, demandan un nuevo diseño de las reglas fiscales europeas para devolver las cuentas públicas a una senda sostenible y propiciar un crecimiento «más vigoroso y sano» en el largo plazo.

FEDEA APUESTA POR UN TIPO ÚNICO DEL IVA

En relación al IVA, el director general de Fedea ha abogado por un IVA de tipo único, con «alguna excepción», pero para todo, con el fin de conseguir que las bases tributarias sean «más anchas» y, de esa manera, los tipos «más bajos».

En este sentido, De la Fuente ha indicado que las medidas del Gobierno en estos años han ido en la dirección contraria, ya que la reducción o eliminación del IVA en determinados productos ha impactado tanto a la gente de rentas bajas como a la gente de rentas altas, lo que no es «la mejor forma» de vehicular ayudas a los segmentos inferiores de renta.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que ha participado en las jornadas, ha coincidido con el director de Fedea y ha pedido explorar medidas de reducción por la vía del gasto en lugar de por la vía de los ingresos para ayudar a determinadas actividades económicas, como la hostelería.

REPARTO FISCAL AUTONÓMICO «DESIGUAL Y CAPRICHOSO»

En relación a la financiación y fiscalidad autonómica, los economistas creen que el reparto es «desigual y caprichoso» y que existen problemas de exceso de complejidad.

«Las comunidades autónomas siempre han pensado, y la experiencia les ha confirmado, que pueden gastar más de lo que tienen porque al final alguien las rescata. Eso plantea problemas de incentivos. Es una tendencia crónica a gastar más de la cuenta, a esto habría que meterle mano», ha advertido el director de Fedea.

FONDO TRANSITORIO DE NIVELACIÓN PARA LAS CCAA

Por ello, han sugerido introducir un fondo transitorio de nivelación que complemente los ingresos de aquellas comunidades que están por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado, mientras no se aborde la necesaria reforma del sistema y llegar a un acuerdo político para el reparto.

Respecto a una posible condonación de la deuda autonómica, los economistas han indicado que esta debería ser parcial y estar ligada a la infrafinanciación acumulada de un territorio, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones -que deberían ser iguales para todas las comunidades-, con planes de ajuste factibles y verificables para las comunidades beneficiarias.

EN este sentido, el directo de Fedea ha lamentado que la propuesta fiscal «a la carta» de los independentistas catalanes, «muy parecida al sistema de concierto», vaya a materializarse, y ha indicado que seguirán «dando guerra» sobre esta cuestión.

PIDEN PROPORCIONALIDAD ENTRE LA VIDA LABORAL Y LA DE JUBILACIÓN

Respecto a la reforma del sistema de pensiones, De la Fuente ha pedido guardar una cierta proporcionalidad entre la duración de la vida laboral y la duración de la vida de jubilación.

Así, ha apuntado a dos medidas: el factor de sostenibilidad, a través de una revisión de las cuantías, o ligar la edad normal de jubilación a la esperanza de vida, con excepciones en aquellas actividades que son físicamente exigentes.

A largo plazo, ha apostado por un sistema de cuentas nocionales, como el de Suecia, ligando a la rentabilidad nocional –tipo de interés teórico que te abonan por lo que vas cotizando– el crecimiento de la economía.

RECARGO EN EL IRPF PARA PAGAR LAS PENSIONES

«Durante unos años o unas décadas, ante la jubilación del ‘baby boom’, vamos a tener problemas y seguramente no hay más remedio que aportar dinero de otras fuentes, de impuestos, pero habría que hacerlo por lo menos de una forma menos distorsionante y más transparente», ha indicado.

Así, ha propuesto un recargo sobre el IRPF y no solamente en las cotizaciones, como se está haciendo actualmente.

EDUCACIÓN Y TRANSPORTES

En relación a la educación, han pedido llevar a cabo una profunda reforma educativa, reforzando los contenidos curriculares y realizando evaluaciones que aseguren que tales contenidos se imparten y que se definen estándares uniformes en todo el territorio nacional.

Por otro lado, en relación a los transportes, han abogado por establecer un sistema de planificación integrado en materia de infraestructuras del transporte -con una visión global y con rigurosos mecanismos de evaluación- y promover un acuerdo institucional en materia de financiación de las mismas mediante un pacto entre los grandes partidos.

PIDEN RETOMAR LA LEY DEL SUELO

En relación a la vivienda, han pedido llevar a cabo una verdadera política de vivienda a largo plazo y no «simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo que no solucionan el problema» de la vivienda en España, que es la falta de oferta.

En este sentido, han indicado que la Ley por el Derecho a la Vivienda ha impactado negativamente en la oferta y han pedido retomar la Ley del Suelo, una reforma «muy razonable» que hubiera facilitado el incremento de la oferta.

El sector de aperitivos, que agrupa a las empresas elaboradoras de patatas fritas, frutos secos y otros snacks, cerró el año 2023 con un incremento en su cifra de negocio del 11,5% respecto al año anterior, hasta los 3.072,7 millones de euros, lo que ha llevado a este mercado a crecer por encima de los dos dígitos por segunda vez en la última década en un contexto marcado por la inflación.

En esta línea, el mercado de snacks y frutos secos en España prevé «seguir consolidando su dinamismo dentro de la industria alimentaria durante los próximos años», según ha explicado la Asociación de Snacks en un comunicado.

El sector experimentó un crecimiento del 5,9% en volumen en 2023, con un total de 381.942 toneladas, distribuyendo el ‘mix’ de categorías del mercado en un 43,4% para los frutos secos, un 32,1% para las patatas fritas y un 24,5% para otros snacks.

En comparación con el año anterior, la evolución de la demanda en valor es equilibrada entre las tres categorías, con un crecimiento del 14,2% en frutos secos, 11,1% en otros snacks y 10,8% en patatas fritas.

Además, este crecimiento en las categorías de frutos secos y snacks horneados se apalanca en la tendencia a la elección de opciones acordes a cada momento de consumo, mientras que las patatas fritas están reforzando su valor a través del lanzamiento de referencias ‘premium’ en términos de sabor, conveniencia e innovación.

En el marco del ‘Congreso de Snacks 2024’, se ha presentado el Informe ‘El Consumo de Snacks entre las distintas generaciones’, elaborado por Kantar, que analiza las tendencias en el consumo de snacks a través de diferentes generaciones.

La presidenta de la Asociación de Snacks, Marta Puyuelo, ha destacado que «en este contexto, la innovación seguirá siendo un motor clave para el crecimiento futuro de las categorías».

Además, tal como se ha destacado durante el Congreso de Snacks, la innovación no debe limitarse a los productos, sino que debe alcanzar también las estrategias de marketing y distribución para que snacks y frutos secos sean accesibles y atractivos para el consumidor.

«Nuestra capacidad para anticipar y responder a las preferencias cambiantes de los consumidores, especialmente de la Generación Z, será crucial para seguir creciendo en un mercado tan competitivo», ha explicado Puyuelo.

El Congreso de Snacks ha contado, además, con las intervenciones de representantes de destacadas empresas del sector como Mondelêz, Kellanova, Frit Ravich, Importaco, PepsiCo, Grefusa, Grupo Paulig o Vicky Foods y de la distribución, como Grupo Eroski.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha defendido este martes la regulación actual para acotar los riesgos sistémicos que puedan propiciar los fondos de inversión sobre la estabilidad financiera en su conjunto.

«Los fondos de inversión en Europa y en España están sometidos a una regulación muy sólida, muy consolidada y a una supervisión constante; además ofrecen transparencia continua sobre el valor de sus carteras», ha señalado el jefe del supervisor bursátil en el discurso inaugural de una jornada de gestión de activos celebrada en la Universidad Pontificia de Comillas.

«Nadie niega que cualquier parcela del sector financiero puede tener implicaciones en términos de riesgo sistémico», ha apuntado Buenaventura para seguidamente señalar que en el caso de los fondos de inversión «tenemos elementos para acotar ese riesgo sistémico».

Entrando al detalle de un debate latente en Europa, Buenaventura se ha mostrado contrario a las posiciones de exigencias de colchones de liquidez obligatorios o el refuerzo de requisitos de capital para las gestoras de activos, parámetros que sí son habituales en la banca.

«Yo creo que ninguna de esas dos medidas son sensatas ni abordan los problemas reales del sector», ha apostillado.

Con todo, ha hecho una enumeración de elementos para reconocer riesgos y gestionarlos: las herramientas de gestión de la liquidez, de las cuales hay en España una guía técnica en España desde hace tres años; un ajuste estricto a la hora de diseñar los productos entre la liquidez de los activos subyacentes en los que va a invertir el producto y la liquidez que se ofrece en los reembolsos a los inversores y, finalmente, un control del apalancamiento de los vehículos.

Si operamos sobre estas tres variables, podemos acotar gran parte de esos riesgos para la estabilidad financiera que puedan surgir del sector de la inversión en Europa», ha rematado.

«NO HAY COMPETENCIA PERFECTA»

Sobre el ecosistema de inversión, Buenaventura ha constatado que no existe aún «un nivel de competencia perfecta», en tanto que para él esta coyuntura se explica principalmente por la información imperfecta que reciben los ciudadanos y los costes de transacción asociados al cambio de entidades y las complejidades en el ámbito de la portabilidad.

«Para que haya una mayor competencia efectiva y para que los mecanismos de esa competencia incidan de forma más directa en el nivel de comisiones y precios de los productos que soportan los inversores, las soluciones del tipo tecnológico pueden ser tan o más relevantes que cualquier solución regulatoria, legislativa o supervisora que se nos pueda ocurrir a la hora de abordar este problema», ha indicado Buenaventura sobre esta discusión que está abierta y que se aborda en algunos puntos en torno a la tramitación en Europa de la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, en inglés).

Siguiendo con asuntos de escala europea, Buenaventura ha expresado sus reticencias de cara a la creación de un supervisor bursátil europeo.

«Un supervisor único puede ser positivo para ciertos subsectores del sector financiero, ciertos tipos de participantes, por ejemplo, algunas infraestructuras […] para el ámbito de fondos no me parece imprescindible», ha apuntado para seguidamente poner el foco en que han comprobado que «el supervisor único ‘per se’ no fomenta la integración como si fuese una herramienta mágica».

Ligado a esto, Buenaventura se ha mostrado contrario a dar incentivos fiscales a aquellos vehículos que sólo inviertan en empresas europeas pues es un «arma de doble filo»: «En una competición de incentivos de ese estilo, si se extendiese a otras zonas económicas, yo creo que Europa tendría más que perder que ganar», ha señalado sobre esa idea discutida por algunos actores en Francia.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO ASIGNATURA PENDIENTE

Por otra parte, Buenaventura ha desgranado en buena parte de su alocución que hay una «asignatura pendiente» en el sentido de «la necesidad de trabajar conjuntamente con el ánimo de incrementar los conocimientos financieros de la población, el nivel de cultura y educación financiera, y por tanto, que los españoles puedan tomar decisiones de inversión más ajustadas a sus necesidades en cada momento.

El jefe de la CNMV ha llegado a esa conclusión tras haber establecido un diagnóstico del que asoma un inversor español promedio caracterizado por ser «marcadamente conservador», tanto en los instrumentos como en la atribución de riesgos y la forma en la que eligen sus inversiones.

Asociado a esto, y en pro de apoyar el desarrollo de los mercados de valores, Buenaventura ha argumentado que la inversión en renta variable es «la única que es capaz de conseguir, a muy largo plazo, rendimientos reales positivos» compatibles con las necesidades de ahorro como sería el caso de la jubilación.

Previamente, Buenaventura ha señalado que tres cuartas partes de las carteras españolas están ubicadas geográficamente en mercados extranjeros y que, por tipos de activos, la mitad es renta fija y sólo una cuarta parte refleja exposición a renta variable.

«Además, tenemos un problema dentro de Europa, que es que queremos que los mercados de valores sirvan para financiar la transición digital, la transición ecológica y, en conjunto, la innovación», ha englobado el presidente de la CNMV para traer a colación «esas inversiones tan brutales que tenemos por delante y que el informe Draghi ha cifrado en 800.000 millones de euros».

Sordo y Álvarez aparecerán después de este acto en una asamblea de delegados sindicales para reivindicar la reducción de jornada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmará este miércoles con los representantes sindicales y de las patronales CEOE y Cepyme el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio de Inclusión el pasado 31 de julio para establecer un nuevo marco regulador de compatibilidad entre trabajo y pensión, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

La firma tendrá lugar a las 9.30 horas en el Palacio de La Moncloa y está previsto que asistan a la misma los dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Tras rubricar el pacto, los líderes sindicales se dirigirán a la sede de UGT en la madrileña Avenida de América para participar, a partir de las 11.00 horas, en una asamblea de delegados conjunta convocada para reivindicar la reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales.

Esta asamblea forma parte del calendario de movilizaciones que han diseñado CCOO y UGT con el objetivo de presionar a las patronales para que acepten la reducción de jornada y de preparar el escenario para que, en su momento, reciba el visto bueno de la mayoría del Congreso.

ACUERDO DE PENSIONES

El acuerdo que escenifican mañana Gobierno, patronal y sindicatos se enmarca en la última parte de la reforma del sistema de pensiones que inició el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Mediante este pacto, las partes han diseñado el nuevo marco regulador de compatabilidades entre trabajo y pensión. En virtud del mismo, para cobrar el 100% de la pensión, se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

El acuerdo estipula que los porcentajes de la pensión que se van a poder percibir mientras se trabaja serán de un 45% con un año de demora; del 55% con dos años; del 65% con tres años; del 80% con cuatro años y del 100% con cinco años de demora.

Además de establecer nuevas condiciones para compatibilizar el trabajo, el acuerdo también establece un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades de elevada peligrosidad y el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos.

Asimismo, se establece una nueva regulación de la jubilación parcial y de jubilación activa para hacerla más atractiva y mejorar la compatibilidad de empleo y pensión, al tiempo que también se ha logrado un entendimiento sobre el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.

Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se amplía de dos a tres los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista, ya que su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable.

También se incluye en el acuerdo un punto para recuperar el coeficiente multiplicador del 1,5 aplicable al tiempo cotizado para evitar perjuicios para los contratos fijos discontinuos, al ser una modalidad contractual que alterna periodos de trabajo con periodos de inactividad.

MEJORA DE LA JUBILACIÓN DEMORADA

Respecto a la regulación especial de la jubilación parcial anticipada para los trabajadores de la industria manufacturera, se va a prorrogar el marco actual hasta el año 2029, este incluido, lo que incluye asimismo algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuanto a la organización de la jornada del relevista y del pensionista.

Por otro lado, se mejora la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no cada doce meses, con lo que se completa el proceso de reformas iniciado en 2021, que tenía el objetivo de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y establecía un nuevo abanico de opciones para el trabajador de cara a la jubilación.

NUEVOS COEFICIENTES REDUCTORES

Otro de los aspectos del acuerdo es el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.

Esta nueva regulación se basa, fundamentalmente, en determinar las circunstancias objetivas, que permiten establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, como puedan ser la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos.

Asimismo, el acuerdo incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

También se ha logrado un acuerdo sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas en la Incapacidad Temporal (IT), a la hora de colaborar con los Servicios Público de Salud, en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, lo que siempre estará sujeto a la voluntariedad y consentimiento de los ciudadanos.

Además, los agentes sociales y el Gobierno abrirán una línea de trabajo que permita hacer un seguimiento de indicadores de IT, de acuerdo con lo establecido en el AENC, con la constitución de una comisión de control para el seguimiento y control de estos convenios y el análisis de la evolución de la Incapacidad Temporal.

REDUCCIÓN DE COTIZACIONES A EMPRESAS

En el documento del acuerdo se incluye levantar la suspensión establecida desde 2019 del incentivo a las empresas que disminuyan de manera considerable la siniestralidad y se acuerda un nuevo sistema basado en la evolución de la siniestralidad que exige la realización de inversiones en materia de prevención para su reconocimiento.

Se articula un mecanismo objetivo mediante el que se otorga a cada empresa una calificación de siniestralidad de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y que va a ser determinante, junto a la necesaria realización de inversiones en materia de prevención, del derecho a la percepción del incentivo y de su cuantía.

Para el reconocimiento del incentivo, se contrastarán los datos de siniestralidad de cada empresa con los límites establecidos para su actividad económica. Estos límites se establecen respecto a la siniestralidad general (prestaciones de IT de contingencias profesionales) y a la siniestralidad extrema (fallecimientos y reconocimientos de Incapacidad Permanente) establecidos según su actividad económica para comprobar si se superan o no los mismos.

En caso de no superarse estos límites, la empresa mejorará un valor en la clasificación (A, B, C y D) o se mantendrá en la clasificación máxima A. Se causará derecho al incentivo (4%) al mejorar de calificación y al incentivo mejorado (8%) si se mantiene en la calificación máxima.

Alcampo se sitúa como la cadena de supermercado nacional más barata para hacer la compra en España, mientras que Sánchez Romero se mantiene como la más cara, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

De esta forma, la cadena local más barata es Supermercados Dani, que se encuentra en Granada y Jaén; Tifer, en Castilla y León; Deza (Córdoba), Family Cash, y Más Ahorro (Córdoba), mientras que las más caras son Sánchez Romero, Altoaragon y Amazon.

En un contexto marcado todavía por la inflación, los productos que se incluyen en la cesta para hacer las comparativas han subido un 3,5% aunque se percibe una moderación, ya que el porcentaje de productos que suben ha pasado de un 90% a un 63%, siendo el aceite de oliva el que más se ha disparado con un 76%, seguido del zumo de naranja (47%), mientras que el que más baja es el aceite de girasol con un 23%.

Así, de acudir a los supermercados más baratos, el ahorro medio nacional es de 1.272 euros al año, un 20,5% más que en 2023, debido al mayor gasto de las familias por la subida de precios y por la mayor divergencia de precio entre cadenas, mientras que el gasto en alimentación de los hogares ha crecido un 5,4%.

De esta forma, los madrileños pueden llegar a ahorrar más de 4.100 euros, dependiendo de dónde vayan a realizar sus compras, mientras que donde menos se puede es Ciudad Real. La diferencia de ahorro es brutal respecto a Madrid como podéis ver», ha asegurado la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU, Ileana Izverniceanu, durante la presentación del estudio.

El estudio muestra que por primera vez en dos años las cadenas de supermercados han bajado precio como son Carrefour Express, que los ha bajado un 0,9%, seguido de Lidl (-0,7%) y Aldi (-0,6%), mientras que otros lo han subido como el caso de El Corte Inglés (+9,7%) e Hipercor (+8,2%).

El informe revela que los hipermercados de Alcampo en la Avenida Diagonal de Barcelona, de Murcia y el situado en la Avenida Madrid de Vigo son los establecimientos más baratos, mientras que de nuevo dos establecimientos de Sánchez Romero en Madrid, situados en la calle Arturo Soria y en Castelló, son los más caros de España.

ALCAMPO Y MERCADONA, LAS MAS BARATAS EN LAS CIUDADES ANALIZADAS

De esta forma, Alcampo es la opción más barata para hacer la compra en 25 ciudades, seguida de Mercadona, en ocho ciudades, Consum en siete y Family Cash y Tifer, que son las opciones más baratas en seis ciudades.

Respecto a las ciudades donde es más barato llenar la cesta de la compra éstas son Teruel y Zamora, seguidas de Vigo, Lugo y Jerez de la Frontera, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Getxo, Madrid y Huesca son las más caras.

Por su parte, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León son las comunidades autónomas más baratas para hacer la compra en España, mientras que Madrid, País Vasco, Baleares y Canarias son aquellas donde sale más caro de media hacer la compra.

El informe ha analizado un total de 152.766 precios de productos de mayo de 2023 a mayo de este año tras visitar 1.070 establecimientos repartidos por 65 ciudades españoles además de Internet.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado de «extrema» la propuesta de Sumar para prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas si se destina a un uso diferente a la vivienda habitual, y ha instado a su socio de Gobierno a no plantear medidas «que son contraproducentes» para el ciudadano de a pie.

«Es una medida que me parece extrema, porque hay gente que compra su segunda residencia y evidentemente la compra en zonas tensionadas porque muchas veces son las zonas turísticas donde uno quiere pasar sus vacaciones», ha argumentado López en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, dando así respuesta a una de las prioridades que su socio de Gobierno ha presentado para los Presupuestos de 2025.

PSOE Y VIVIENDA

El socialista ha remarcado que la vivienda es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad actualmente y tiene que resolverse con diferentes iniciativas, como la mayor construcción de vivienda pública o medidas para que las zonas tensionadas «no estén en manos de fondos que especulan permanentemente con esas viviendas».

López también considera necesario aprobar la reforma de la Ley del Suelo que el PSOE pactó con el PNV para que haya suelo a disposición pública para impulsar el parque público de vivienda en España.

Y SUMAR DICE QUE LAS CASAS «SON PARA VIVIR»

La valoración de López no ha pasado desapercibida y el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha respondido al socialista que «las casas son para vivir».

«Extremas son todas las medidas que vulneran el derecho a tener un techo, un hogar, un espacio seguro donde crecer y convivir en libertad», ha espetado Ibáñez en un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, que ha zanjado haciendo un llamamiento a garantizar la vivienda para todo el mundo primero.

El grupo Renault ha inaugurado este martes en Madrid su nuevo concepto de tienda urbana ‘rnlt’ para vender coches eléctricos y «democratizar» su uso desde el centro de las ciudades con la intención de vender «entre 120 y 150 vehículos» al año.

«En un futuro no muy lejano podríamos tener entre 3 y 4 tiendas ‘rnlt'», ha apuntado en un encuentro con los medios de comunicación el director general de Renault y Alpine para España, Sébastien Gigues, quien ha abierto la puerta a la posible apertura de otro local en Madrid, otro en Barcelona y «quizás uno más» en Valencia, Sevilla o Bilbao, aunque ha apuntado a que esta estrategia «no tendrá objetivos germánicos».

El concepto de tienda ‘rlnt’ del grupo galo ya cuenta con espacios operativos en París (Francia), Medellín (Colombia) y Milán (Italia) desde donde atienden a los «entusiastas de la marca» y asesoran a los clientes que quieren «descubrir el universo eléctrico de la marca Renault».

El local cuenta con un espacio de exposición reducido, en comparación con los concesionarios tradicionales, aunque cuentan con el respaldo de éstos a la hora de completar los procesos de venta de vehículos.

A día de hoy, Renault cuenta en España con centenares de localizaciones repartidas entre 482 puntos de ventas y 524 de posventa lo que refleja, a su juicio, la «gran capilaridad del grupo» como elemento diferenciador con respecto de la competencia procedente de Asia, en concreto, las marcas automovilísticas coreanas, chinas y japonesas.

La caída de los precios de las gasolinas registrada en 2023 provocó un descenso de la facturación agregada de las estaciones de servicio en el mercado ibérico (España y Portugal), estimándose la cifra de 46.418 millones de euros en el conjunto, un 11% menos que en 2022, año en el que había aumentado alrededor del 40%, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

El volumen vendido de carburantes en España y Portugal se situó en 38,73 millones de toneladas en el ejercicio 2023, un 1,2% menos que en el año anterior.

Mientras, las ventas en España se estimaron en 32,49 millones de toneladas, un 2,4% por debajo de 2022, situándose las ventas de gasolina en 6,06 millones (+5,4%), mientras que las de gasóleo fueron de 26,43 millones de toneladas (-4%).

Por su parte, en el mercado portugués se registró un ascenso del 5,5%, hasta los 6,24 millones de toneladas. Las ventas de gasolina aumentaron hasta los 1,19 millones de toneladas, un 11,3% más que en 2022, alcanzando las de gasóleo los 5,04 millones de toneladas, un 4,2% más.

Según los datos del informe, las estaciones de servicio canalizaron en 2023 el 98% de las ventas totales de gasolina en el conjunto del mercado ibérico, así como el 78% de las de gasóleo de automoción.

De esta manera, el volumen de carburantes vendido a través de estaciones de servicio en el mercado ibérico se situó en 27,93 millones de toneladas (+0,4%), correspondiendo 7,10 millones a gasolina (+6,3%) y 20,83 millones a gasóleo (-1,5%).

En diciembre de 2023 se encontraban operativas 14.845 estaciones de servicio en el conjunto del mercado ibérico, un 1,9% más que en 2022, prolongando la tendencia de crecimiento de ejercicios anteriores.

De ellas, un total de 11.735 estaciones (+2,1%) estaban localizadas en España, mientras que el número de gasolineras en Portugal se incrementó un 1,5%, hasta situarse en 3.110.

El informe destacó que la mayor parte de las estaciones de servicio con actividad en el mercado ibérico operan bajo marcas de compañías petroleras, aunque las cadenas de hipermercados y supermercados, así como las estaciones independientes con modelos de negocio ‘low cost’, han ganado cuota de mercado en los últimos años.