El petróleo Brent se ha disparado más de un 4% este lunes 8 de junio y supera ya los 97 dólares por barril. El conflicto entre Irán e Israel, que escaló el domingo con un ataque de misiles de Irán contra territorio israelí y la consiguiente respuesta armada de Israel, ha encendido las alarmas de los mercados energéticos globales. El Estrecho de Ormuz, por donde transita una cuarta parte del comercio mundial de crudo, se mantiene cerrado, lo que multiplica la prima de riesgo geopolítico.

Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles lanzados por Irán el domingo, pero la respuesta de Israel durante la madrugada del lunes ha sido contundente: varios ataques aéreos sobre objetivos militares en el oeste y centro del país persa, con explosiones registradas en Teherán, Isfahán y Tabriz. El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó frenar la escalada pidiendo a Netanyahu que no devolviera el ataque y emplazó a Irán a volver a la mesa de negociación, pero las Fuerzas de Defensa israelíes actuaron de inmediato.

El Brent, que el viernes cerró en torno a los 93 dólares, ha abierto la sesión europea con un salto violento hasta los 97 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos también se encarecía más del 4% y cotizaba cerca de los 94,4 dólares. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a caídas superiores al 1%, y en Asia el pánico se ha traducido en desplomes generalizados: el Shenzhen chino pierde un 3%, el Nikkei japonés más de un 4% y el Kospi surcoreano se hunde un 8%.

La causa principal de esta subida no es solo el intercambio de misiles, sino el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz. Por ese estrecho canal de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto circulan cada día unos 20 millones de barriles de petróleo, cerca del 20% del consumo mundial. Si la tensión se prolonga, la prima de riesgo puede disparar el crudo muy por encima de los 100 dólares.

El Estrecho de Ormuz, la llave del suministro que mantiene en vilo al mercado

El cierre del estrecho no es una amenaza nueva, pero la coincidencia de un conflicto abierto entre Irán e Israel y una escalada militar sin visos de tregua cambia el cálculo. Hasta ahora, los mercados habían descontado que ningún actor cerraría físicamente la ruta por la presión internacional. Esta madrugada, el riesgo se ha materializado de facto: el tránsito de petroleros está interrumpido y las aseguradoras han suspendido coberturas para buques que transiten por la zona.

Más allá del petróleo, el estrecho también es un cuello de botella para el gas natural licuado (GNL), ya que Catar, uno de los mayores exportadores mundiales, utiliza esa ruta para enviar sus cargamentos a Europa y Asia. Un bloqueo prolongado no solo encarecería la gasolina y el diésel, sino que añadiría una presión alcista adicional al precio del gas en el Viejo Continente, justo cuando las reservas comienzan su llenado de cara al invierno.

La OPEP+ eleva la oferta en 188.000 barriles diarios, pero el mercado no se calma

En medio de esta tormenta, la OPEP+ celebró una reunión virtual el domingo y acordó incrementar su cuota de producción en 188.000 barriles diarios para julio. El movimiento busca enviar una señal de estabilidad, pero la reacción del mercado ha sido ignorarlo: la amenaza de un shock de oferta por conflicto bélico pesa mucho más que un ajuste de medio punto porcentual del bombeo global.

Los siete países que venían aplicando recortes voluntarios adicionales desde 2023 —Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia— se han comprometido a mantener una «supervisión estrecha» y a actuar con flexibilidad. Confirmaron además su intención de compensar los excesos de producción anteriores, un gesto que intenta reforzar la disciplina interna del grupo. Pero la salida de Emiratos Árabes Unidos en mayo ya había resquebrajado la imagen de unidad del cartel, y los analistas dudan de que la promesa de compensación se materialice.

Con el Estrecho de Ormuz cerrado, el mercado descuenta una interrupción prolongada del suministro. La OPEP+ intenta calmar los ánimos con más barriles, pero el miedo a una guerra abierta en el Golfo Pérsico pesa más.

Rusia, que forma parte del grupo, calcula que el precio del crudo se estabilizaría en torno a los 95 dólares a final de año si se reabriera el estrecho. Pero ese escenario parece hoy poco probable. Las apuestas en el mercado de futuros apuntan a que el Brent podría superar los 100 dólares si los ataques militares se recrudecen en los próximos días.

Cómo afecta a España: gasolina más cara y posible subida de la luz

El encarecimiento del crudo tiene un reflejo casi inmediato en los surtidores españoles. La gasolina y el gasóleo se negocian en mercados internacionales referenciados al Brent, y la traslación al precio final en estaciones de servicio suele notarse en un plazo de siete a diez días. Con el barril por encima de 97 dólares, el litro de gasolina 95 podría volver a superar la barrera de 1,70 euros, algo que no ocurría desde principios de año.

El efecto arrastre sobre la electricidad también es relevante. Aunque el mix español depende cada vez más de las renovables, el gas natural sigue siendo el combustible marginal que fija el precio en muchas horas del día. Y el gas, a su vez, se ve arrastrado por el petróleo en los contratos indexados. Así, un conflicto que parece lejano puede terminar repercutiendo en el recibo de la luz de los hogares y, sobre todo, en los costes energéticos de la industria.

El recibo de la luz podría acusar el golpe del petróleo en pleno verano, justo cuando el consumo eléctrico se dispara con los aires acondicionados.

Las bolsas europeas han abierto con caídas generalizadas, y el Ibex 35, que partía de los 18.344 puntos, pierde más de un 1% arrastrado por el castigo a las empresas más expuestas al ciclo económico. Las energéticas como Repsol se benefician a corto plazo del alza del crudo, pero el nerviosismo generalizado lastra cualquier intento de rebote.

La pregunta que queda en el aire es si estamos ante un pico puntual o ante un cambio de régimen. Los precedentes históricos —el embargo de 1973, la guerra del Golfo de 1990, la invasión de Ucrania en 2022— demuestran que los precios del petróleo pueden duplicarse en semanas cuando el suministro se ve amenazado de verdad. Hoy, con el Estrecho de Ormuz bloqueado y una guerra abierta entre dos potencias militares de Oriente Medio, las condiciones para una crisis energética de primera magnitud están servidas. Que se materialice o no depende de la diplomacia, un bien igual de escaso que el crudo en estos momentos.

Las multas CNMC energéticas se encaminan a un récord histórico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tramita en estos momentos 158 expedientes sancionadores que, si acaban en sanción máxima, superarían los 1.000 millones de euros. Esa cifra flota como una espada de Damocles sobre las eléctricas, en especial sobre Iberdrola y Endesa, que concentran la mayoría de los casos.

El organismo regulador acumula, un total de 753 procedimientos vivos, de los cuales esos 158 son sancionadores por conductas indebidas. La cifra se ha disparado a raíz del apagón del 28 de abril de 2025, que por sí solo ha generado más de 60 expedientes, la mayor parte catalogados como graves o muy graves. No es solo un desafío jurídico: la inminente salida de la presidenta Cani Fernández, el próximo 16 de junio, añade presión para resolver los casos antes de que se judicialicen en masa.

Un récord de expedientes impulsado por el apagón de 2025

El apagón masivo que afectó a casi 10 millones de hogares y paralizó infraestructuras críticas hace un año sigue coleando en los despachos de la CNMC. La investigación técnica derivó en una cascada de expedientes: más de 60 aperturas, la mayoría calificadas como muy graves o graves. Según la ley eléctrica, una infracción muy grave puede conllevar sanciones de hasta 60 millones de euros; en hidrocarburos, el tope es de 30 millones.

La distribución interna de los 158 expedientes muestra que el 13% son muy graves, el 80% graves y el resto leves. Aplicando esos baremos máximos, las multas potenciales se mueven en una horquilla de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Una factura que pondría a prueba la capacidad de resistencia de cualquier utility, sobre todo porque varias de las grandes ya han anunciado que recurrirán cada multa que se les imponga.

La mayoría de los procedimientos afectan al sector eléctrico, aunque también hay casos en el gas y los carburantes. Pero es el apagón lo que ha inflado el volumen: la CNMC tuvo que desdoblar el caso principal en decenas de piezas separadas para atribuir responsabilidades individuales a distribuidoras, generadoras y transportistas.

La CNMC se enfrenta a la mayor oleada sancionadora de su historia, con unas eléctricas dispuestas a llevar cada multa hasta los tribunales y un relevo en la presidencia que amenaza con ralentizar las decisiones.

Las eléctricas ya están preparando sus equipos jurídicos. Fuentes del sector reconocen que la batalla legal será larga y que varias compañías han provisionado cantidades millonarias para hacer frente a las contingencias. Sin embargo, la cuantía final dependerá de la capacidad de la CNMC para probar negligencia o dolo, algo que las empresas negarán con vehemencia.

Iberdrola, Endesa y Naturgy: los gigantes bajo la lupa

Los datos internos del regulador muestran que Iberdrola encabeza la lista con 25 expedientes. Endesa le sigue con 19 y Naturgy con 12. Detrás aparecen Repsol, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras. El mapa refleja la estructura del oligopolio eléctrico nacional y apunta a que la mayoría de los expedientes se concentran en las actividades de distribución y generación.

Iberdrola y Endesa no solo son las más expedientadas: son también las que más recursos pueden movilizar. Esta asimetría es uno de los principales quebraderos de cabeza para el regulador. Los servicios jurídicos de ambas ya han presentado alegaciones en varios procedimientos y no descartan elevar los casos al Tribunal Supremo. De hecho, algunos expedientes están ya judicializados, lo que complica la foto final.

Naturgy, aunque con menos procedimientos, tampoco sale indemne. Sus expedientes están relacionados en su mayoría con su papel como distribuidora y comercializadora en zonas donde la competencia es limitada. La CNMC lleva meses afinando la metodología para deslindar responsabilidades entre las filiales y la matriz, una cuestión que no es menor.

El incierto relevo de Cani Fernández y la judicialización masiva

La salida de Cani Fernández, cuyo mandato expira el 16 de junio, coincide con el momento de mayor intensidad sancionadora de la historia de la Comisión. Si el Gobierno no nombra sustituto antes de esa fecha, los consejeros afectados —Fernández, Carlos Aguilar y Josep María Salas— deberán seguir en funciones de forma interina. La situación no es nueva: anteriores presidentes han permanecido meses, incluso años, en esa condición a la espera de un relevo que nunca llega por el bloqueo político.

Durante sus seis años al frente, Cani Fernández ha tramitado 589 expedientes sancionadores, de los que 379 son en energía. Es el doble que en los seis ejercicios anteriores y supone dos tercios de todos los expedientes energéticos abiertos en la historia de la CNMC. Su legado es innegable: ha puesto al sector bajo una lupa que nunca había conocido. Pero la salida genera incertidumbre sobre el ritmo y la orientación de las resoluciones pendientes.

En paralelo, el proyecto de crear una Comisión Nacional de Energía (CNE) independiente —defendido por la exministra Teresa Ribera— languidece en los cajones del Ministerio de Transición Ecológica. La falta de consenso político ha ido apagando la iniciativa, algo que, según algunos expertos, refuerza la posición de la actual CNMC. Aunque el nacimiento de una CNE podría haber aliviado la carga de trabajo, la parálisis legislativa consolida de facto el poder sancionador del regulador único.

Desde esta redacción creemos que la conjunción de un volumen récord de expedientes, la resistencia judicial de las grandes eléctricas y un relevo mal gestionado puede erosionar la efectividad de la política sancionadora. No es solo cuestión de imponer multas: el verdadero desafío es que las resoluciones sean firmes y disuadan comportamientos. Si el proceso se eterniza en los juzgados, el efecto final puede ser más modesto de lo que sugieren las cifras. La CNMC tiene las herramientas para actuar, pero el reloj y la política juegan en su contra. La próxima cita relevante será, sin duda, el momento en que se conozcan las primeras sanciones firmes —probablemente a finales de verano— y si el nuevo presidente, sea quien sea, es capaz de mantener el pulso.