Las pequeñas y medianas empresas que contratan con la Administración empiezan a perder la paciencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debería haber fallado hace meses si el Gobierno de España debe o no abonar los intereses de demora a todas aquellas compañías que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores entre 2012 y 2014 y que se vieron obligadas a renunciar a cobrar ese ‘plus’ por la demora. Sin embargo, parece que la decisión se va a retrasar unos meses más sin que exista una motivación aparentemente justificada.
Es por ello que el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), Antoni Cañete, ve una cierta connivencia con el Gobierno. «Según la Ley, a los cuatro años la deuda prescribe y no se puede hacer reclamación de la cantidad adeudada, así que puede que estén esperando a que pase el mayor tiempo posible para que prescriban cuantas más mejor», sentencia en conversación con Merca2.
El plan de pago a proveedores puso en circulación 41.000 millones de euros para pagar facturas de la administración
Hablamos de que en juego hay algo más de 3.000 millones de euros que, de ser favorable a los demandantes, tendrá que abonar el Estado. «Serán las cláusulas suelo de la Administración Pública, aunque su efecto será devastador porque irá directo contra el objetivo de déficit», explica Cañete. Y ese es, a su juicio, uno de los motivos por los que «Europa se lo está pensando tanto. Imagínese que se falla contra España, ¿qué mensaje se envía? Y sobre todo, ¿cómo cuadramos las cuentas del Estado con ese desfase?».
Una pregunta que se hacen también en el Ministerio de Hacienda, aunque allí respiran algo más tranquilos. Confían en que el Tribunal de Justicia de la UE siga el dictamen elaborado por la abogada general, Eleanor Sharpston. En el mes de mayo pasado aseguró que las condiciones impuestas por el Gobierno eran legales y que, por tanto, el Estado no tiene por qué abonar los intereses de demora. En concreto, asegura que la condición impuesta en el Plan de Pago a Proveedores «no es contraria» a la directiva contra la morosidad en operaciones comerciales. Considera que es una opción del acreedor: o cobrar y renunciar o no cobrar y recibir después el dinero con intereses en un programa de pagos que es especial y en un momento puntual.
No opinan lo mismo varios juzgados que ya han dado la razón a varias pymes españolas. Hay sentencias en distintas comunidades que han fallado a favor de las empresas demandantes. Sin embargo, un juzgado de Murcia fue el que prefirió hacer una pregunta al TJUE antes de resolver de forma definitiva. Tampoco Antoni Cañete cree que el Estado tenga opción de escoger. «Es injusto que las empresas si se retrasan tengan que pagar intereses y, sin embargo, si es la Administración pueda quedar impune. ¡Al revés! ¡Deben ser responsables!», exclama.
De hecho, el presidente de la PMCM cree que asistimos a un problema mucho mayor, como es el de la morosidad de la Administración pública a sus proveedores. «Algo de lo que la gente no es consciente porque no es tan llamativo como puedan ser los desahucios. Sin embargo, hay cientos de empresas que tienen que cerrar porque la Administración no paga sus facturas».
Actualmente el plan medio de pago de la Administración Pública a sus proveedores es de 70 días, aunque desde la PMCM creen que, a finales de año, esa cifra habrá aumentado porque «hay que cuadrar las cuentas y se meten las facturas en el cajón», relata Cañete. Es fea costumbre es la que hizo que entre 2012 y 2014 el Gobierno pusiera en marcha el famoso Plan de Pago a Proveedores, que permitió abonar más de 8 millones de facturas a cerca de 230.000 proveedores, según los datos del Ministerio de Hacienda. El monto total de la factura ascendió a más de 41.000 millones de euros.
