La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) ha congelado los activos de Backward Hat Capital, una firma con sede en Indianápolis, y de sus dos cofundadores. La acusación es gruesa: montaron un esquema Ponzi de 560 millones de dólares, en torno a 520 millones de euros, en el que decían a los inversores que su dinero se convertiría en criptomonedas y serviría para operar en el mercado de divisas con un algoritmo de inteligencia artificial.
El relato de la denuncia arranca en julio de 2022 y suma más de 2.000 inversores. La mecánica es la de siempre en este tipo de fraudes: se promete una rentabilidad extraordinaria, se paga a los primeros con el dinero de los que llegan después y el edificio se sostiene mientras entran nuevos ahorros. Cuando dejan de entrar, cae todo. Aquí, según el regulador estadounidense, el edificio se sostenía con dos etiquetas de moda: cripto e inteligencia artificial.
Los señalados son Phillip Williams y Devin Johnson, junto a la firma de Johnson, Traders Point Capital, y Joseph Anderson. Un tribunal federal del Distrito Sur de Indiana ha concedido una orden de alejamiento temporal, la congelación de activos y la posibilidad de acelerar la obtención de pruebas para frenar lo que la SEC describe como un fraude en marcha. El tribunal ha nombrado a Kevin B. Duff administrador temporal para tomar el control de las sociedades y del patrimonio de los acusados.
Un 6% mensual con un algoritmo de IA que apenas operaba
El gancho comercial era un supuesto algoritmo propietario, presentado como AI-driven (impulsado por IA), que generaba al menos un 6% de rentabilidad cada mes operando en el mercado de divisas. Ese 6% mensual equivale a más del 100% anual compuesto, una cifra que en cualquier manual de inversión razonable dispara las alarmas. Los acusados vendían participaciones en fondos privados a través de una red de promotores e incluso captaron a antiguos clientes de la asesoría de Williams, según la denuncia. Antes de operar, insistían, el dinero se convertiría en un activo digital.
El rastro del dinero que describe la SEC ayuda a entender el tamaño del engaño. Entre julio de 2022 y septiembre de 2025 se recaudaron unos 210 millones de dólares. De ellos, alrededor de 109 millones se enviaron a la cuenta de Coinbase del fondo y se convirtieron a cripto. Más de 56 millones acabaron en cuentas cripto personales de Williams, Johnson y un tercer demandado. Unos 40 millones pasaron por tres plataformas donde parte se usó para operar con otros criptoactivos. En cambio, casi nada se destinó a comprar y vender divisas, que era el negocio prometido. La denuncia no identifica bitcoin como el activo empleado.
Hay un detalle temporal que resulta revelador. A partir de octubre de 2025 la captación se aceleró hasta reunir cerca de 350 millones de dólares adicionales. Ninguno de esos fondos pasó por Coinbase. Es decir, el dinero dejó de tener incluso la apariencia de un circuito financiero normal y se movió por vías opacas mientras el relato de la IA seguía funcionando con los inversores.
Aquí la criptomoneda no fue la estafa: fue el riel por el que circuló el dinero mientras el relato de moda hacía el resto.
A dónde fue el dinero: coches de lujo, casas y deudas de juego

Según la SEC, los acusados hicieron más de 250 millones de dólares en pagos a inversores anteriores, el corazón del esquema Ponzi, y se transfirieron a sí mismos más de 220 millones. Ese dinero pagó coches exóticos, viviendas caras, vuelos privados en jet y otras empresas que controlaban, además de alimentar las apuestas de Johnson. Los promotores se llevaron por su parte más de 50 millones en comisiones. Anderson, por último, aparece acusado de fabricar informes financieros falsos: al menos dos ‘auditorías’ y un informe de calidad de beneficios emitidos por una supuesta firma independiente que en realidad no era independiente y no auditó nada.
Las cifras varían según quién firme el documento, y conviene decirlo. La SEC habla de 560 millones; los fiscales de Manhattan elevan el total recaudado por encima de 600 millones; la CFTC sitúa el fraude en más de 550 millones con al menos 2.100 participantes y sostiene que los acusados siguieron captando dinero al menos hasta octubre de este año. Williams fue detenido por el FBI en Kokomo (Indiana) y Johnson en Gilbert (Arizona), y ambos se enfrentan a cargos de fraude de valores y conspiración. Todas las acusaciones están pendientes de juicio. Nadie ha sido declarado culpable todavía.
Por qué este caso importa más allá de los 560 millones
No es un caso aislado. El mes pasado la SEC imputó a dos empresas por un esquema de 130 millones vinculado a cripto; Nueva York reclama 1.370 millones a los responsables de NovaTech, otro Ponzi con etiqueta de criptomoneda; y en agosto la CFTC acusó a Goliath Ventures de un fraude de 400 millones en bitcoin. El patrón se repite con una constancia que ya resulta familiar: se toma un producto financiero clásico, se le pone un envoltorio tecnológico de moda y se vende a inversores que no siempre distinguen entre una innovación y una promesa.
En este caso, además, hay una lección de lectura. La palabra cripto aparecía como medio, no como fin: el dinero se convertía en activos digitales para entrar en el sistema y luego se sacaba a cuentas personales. El reclamo real era la inteligencia artificial, una etiqueta que en los últimos años funciona como certificado automático de solvencia ante el público. Y hubo señales visibles desde el principio: una rentabilidad fija del 6% mensual, informes de auditoría firmados por alguien supuestamente independiente pero con intereses en el negocio, y una red comercial que cobraba comisiones por captar amigos y conocidos.
La parte menos amable viene ahora. En fraudes de este tamaño la recuperación del dinero suele ser parcial y lenta: el administrador judicial toma el control de empresas y patrimonios, pero los inmuebles, los coches y los vuelos ya están gastados. Anne McKinley, directiva de la oficina regional de la SEC en Chicago, resumió el caso con una idea sencilla y útil: una promesa de bajo riesgo y alta rentabilidad sobre una inversión supuestamente compleja debería hacer pararse a cualquier inversor antes de firmar. La denuncia no detalla la nacionalidad de los afectados, así que no consta cuántos inversores europeos pudieron entrar por la red de promotores.
Queda por ver cómo avanza la causa penal en Nueva York, qué encuentra el administrador temporal cuando abra las cuentas y si la CFTC amplía la lista de afectados. De momento hay una referencia clara para los perjudicados: los tribunales estadounidenses tienen que decidir si la congelación se convierte en medida permanente. Mientras tanto, la advertencia que deja el caso sirve para cualquier cartera, con o sin cripto. Cuando alguien garantiza rentabilidad mensual, no está vendiendo un algoritmo. Está vendiendo confianza. Y la confianza no se audita.



