SpainDC pide suspender el decreto de centros de datos y el PP promete derogarlo

La patronal sostiene que los requisitos de adicionalidad y correlación horaria son inviables y pide al juez que frene la norma antes de que se pierdan inversiones. La Comunidad de Madrid abre un frente paralelo.

El decreto de centros de datos afronta ya su primera batalla judicial. SpainDC, la asociación que agrupa a la industria española de infraestructuras digitales, ha anunciado que recurrirá la norma ante los tribunales y solicitará su suspensión cautelar. El sector sostiene que el texto impone condiciones de imposible cumplimiento y que, en la práctica, equivale a un veto.

Del ‘veto de facto’ al juez: qué exige la norma

El argumento central de la patronal es técnico. La regulación obliga a los promotores a elegir entre acreditar requisitos de adicionalidad y correlación horaria que la asociación califica de inviables, o aceptar desconexiones prioritarias —apagones selectivos— incompatibles con el funcionamiento continuo de una infraestructura crítica. Ninguna de las dos opciones encaja con la lógica operativa de un centro de procesamiento de datos, que necesita suministro ininterrumpido y una curva de demanda relativamente plana.

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La adicionalidad exige que la energía renovable que alimenta la instalación sea nueva y no forme parte del parque ya instalado. La correlación horaria obliga a casar consumo y generación hora a hora. Para una instalación que opera 8.760 horas al año, ese encaje solo es posible con respaldo fósil o con un volumen de almacenamiento cuyo coste el decreto no reconoce en ningún artículo.

Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado’, ha afirmado Emilio Díaz, presidente de SpainDC. El dirigente ha vinculado la norma con la soberanía digital: ‘Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible’. La asociación sostiene que el texto deja a España dependiendo de infraestructura alojada fuera de sus fronteras para entrenar modelos de inteligencia artificial y gestionar sus propios datos.

El pulso tiene una dimensión económica inmediata. SpainDC cifra en 66.900 millones de euros la inversión prevista en centros de datos en España hasta 2030. Ese capital, advierte, no esperará de forma indefinida: los proyectos pueden reubicarse en otros mercados europeos que compiten por atraerlos, con la actividad industrial, la innovación y el empleo cualificado que arrastran.

El sector no discute el objetivo de descarbonizar; discute que se le exija cumplir en solitario un déficit de red que el sistema arrastra desde hace una década.

La tramitación es el otro frente. SpainDC critica que el texto se aprobara por la vía de urgencia, sin consenso y sin que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se haya reunido con con la asociación durante todo el proceso. La patronal subraya que organismos como la CNMC habían advertido de los efectos de una regulación de este calibre sobre el despliegue de infraestructura digital.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha situado el conflicto en el terreno de la planificación eléctrica: ‘En lugar de asumir las consecuencias de años de falta de planificación e inversión en las redes eléctricas, pretende pasarle la factura a quienes quieren invertir en nuestro país’. Su diagnóstico es que la norma no corrige el problema de fondo, sino que lo traslada al inversor: ‘No están regulando nuestro futuro, están obligándonos a exportarlo’.

Madrid abre el frente institucional y el PP promete la derogación

El Ejecutivo autonómico ha anunciado que recurrirá el decreto en los tribunales y que pedirá medidas cautelares, lo que abre un segundo frente procesal paralelo al de la patronal. La Comunidad de Madrid concentra buena parte de los proyectos de centros de datos en tramitación en España y es, por tanto, la administración más expuesta al nuevo marco.

La promesa del Partido Popular es explícita: derogará el decreto. Con esa declaración, la discusión abandona el terreno estrictamente jurídico y entra en el político, donde el calendario legislativo y la relación de fuerzas condicionan cualquier marcha atrás. El sector, mientras tanto, advierte de que las decisiones de inversión en esta industria se adoptan con años de antelación y no admiten una espera indefinida.

suspensión cautelar SpainDC

Análisis: la factura de red que nadie quiere pagar

El fondo del conflicto no es el consumo de los centros de datos, sino quién paga la red que los conecta. El Ministerio ha cifrado en 5.000 millones de euros el sobrecoste eléctrico asociado a la norma; SpainDC exige que se publique la metodología de ese cálculo y lo contrapone a un análisis de Wood Mackenzie según el cual 3 GW adicionales de demanda elevan el precio medio final apenas un 1,3% en 2030. La diferencia entre ambas cifras no es un detalle estadístico: es la base sobre la que se decide qué infraestructura se permite y cuál se expulsa del sistema.

La comparación con Irlanda merece una lectura más fina de la que se ha hecho pública. Los centros de datos absorben el 23% de la electricidad irlandesa, frente al 5% de Países Bajos y el 0,8% español. El problema irlandés es de concentración nodal y de una red que no creció al ritmo de la demanda, no de un porcentaje nacional. Trasladar ese diagnóstico a España sin mirar dónde se conectan los proyectos lleva a regular el síntoma y no la causa.

Un marco que se percibe como expulsión no atrae inversión: la retira, y con ella la capacidad de negociar después mejores condiciones de red.

El riesgo inmediato es de seguridad jurídica. Un promotor que afronta un recurso con suspensión cautelar pendiente no firma un contrato de compraventa de energía ni cierra la financiación de un proyecto de gran tamaño. El segundo riesgo es más estructural: si el decreto cae, el déficit de planificación de red seguirá ahí, y la industria habrá ganado la batalla procesal sin resolver el cuello de botella que la provocó.

La contradicción política es difícil de obviar. Un Gobierno que sitúa la soberanía digital entre sus prioridades aprueba un marco que el sector lee como una invitación a instalarse fuera. Puede que el Ejecutivo tenga razón en el diagnóstico de fondo —la red no soporta un crecimiento desordenado de la demanda— y aun así haber elegido el instrumento equivocado: se regula al cliente final en lugar de acelerar la inversión en transporte y distribución que él mismo reconoce pendiente.

Queda por ver qué pesa más en los próximos meses: la resolución judicial sobre la suspensión cautelar, la disposición del Ministerio a abrir una mesa técnica con la patronal o la propia tramitación de la norma. Si el tribunal concede la cautelar, el decreto quedará en suspenso mientras se discute el fondo y las inversiones tendrán una ventana para recolocarse. Si no la concede, el sector afrontará un marco que considera inviable y el conflicto se trasladará al terreno político, donde la promesa de derogación ya está sobre la mesa.


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