Coinbase ya tiene la licencia bancaria de la OCC. La Oficina del Contralor de la Moneda cerró el 6 de noviembre el expediente de Coinbase National Trust Company, y la compañía lo comunicó el 9 de noviembre: su custodia institucional, con el ether entre los activos principales, pasa a supervisión federal.
Qué ha aprobado la OCC y qué no permite la licencia
Conviene precisar el alcance, porque el titular se presta a confusión. No es un banco comercial al uso. Es un banco nacional de fideicomiso, una figura que puede custodiar y transferir activos por cuenta de clientes en calidad de fiduciario, pero que no capta depósitos del público ni concede créditos con su balance.
En la práctica, la entidad podrá guardar activos digitales y operar las cuentas asociadas bajo el marco de la OCC, principalmente para clientes institucionales. La autorización no cubre depósitos minoristas ordinarios, no habilita préstamos tradicionales y tampoco permite emitir stablecoins —las monedas estables ancladas al dólar— de forma directa.
Tampoco abre la puerta automática a los sistemas de pagos de la Reserva Federal. Ese acceso exige un trámite separado que evalúa riesgos financieros, operativos y de liquidación. Ninguna licencia de la OCC lo resuelve por sí sola.
El permiso final no llegó gratis. Coinbase debe mantener 60 millones de dólares de capital Tier 1, con una parte en activos líquidos elegibles, y cubrir durante los tres primeros años 180 días de gastos operativos con liquidez disponible. Son condiciones de colchón financiero, no un trámite.
Tres años para trasladar la custodia de ether desde Nueva York
La licencia no borra de un día para otro lo que ya existía. Hasta ahora, la custodia institucional de Coinbase se presta desde Coinbase Custody Trust Company, una entidad de propósito limitado regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. El plan pasa por mover ese negocio a la sociedad nacional a lo largo de tres años.
La custodia cripto deja de ser una excepción tolerada y entra en el perímetro bancario que Washington ya sabe vigilar.
El detalle importa para quien tiene ether guardado en un custodio. El régimen neoyorquino funcionaba como estándar de facto para los grandes intermediarios cripto en Estados Unidos. La supervisión federal lo sustituye por un supervisor único con alcance nacional, y eso simplifica la vida a un fondo que opera en varios estados a la vez.
La aprobación preliminar, concedida el 2 de abril de 2026, ya describía servicios vinculados al staking —el bloqueo de ETH para validar la red a cambio de recompensas—, al trading prime y a la financiación. Eso sí, con una separación nítida: el banco de fideicomiso actúa como intermediario y las filiales de Coinbase prestan los servicios de fondo.
La solicitud se presentó en octubre de 2025 y la OCC exigió preparativos organizativos y operativos antes de autorizar el arranque. El permiso final dependía de cumplir condiciones, no de rellenar papeles. Cosas que se cuecen despacio.
Qué cambia para el inversor de ether y dónde está el riesgo
Coinbase no está sola en esta carrera. Ripple obtuvo su aprobación definitiva el 26 de octubre de 2026, y la OCC ha avanzado expedientes de fideicomiso vinculados a Circle, BitGo, a Fidelity Digital Assets y Paxos. Cada licencia cubre actividades distintas —la de Coinbase, por ejemplo, no incluye emitir stablecoins, aunque la GENIUS Act de julio de 2025 creara un marco federal para esas monedas—, pero todas apuntan en la misma dirección.
Hay una piedra en el camino. El 2 de octubre de 2026, la Independent Community Bankers of America (ICBA) demandó a la OCC ante el tribunal de distrito de Columbia. La asociación, que agrupa a la banca comunitaria estadounidense, sostiene que las criptoempresas acceden al estatus bancario federal sin asumir las obligaciones de un banco asegurado; su presidenta, Rebeca Romero Rainey, ha defendido que los activos custodiados no cuentan con las mismas salvaguardas. Es la posición de la demandante, no una decisión judicial.
La impugnación ataca la regla de licencias que entró en vigor el 1 de abril de 2026 y la Carta Interpretativa 1176, y pide revocar además una aprobación condicional anterior. No altera por sí sola los términos del permiso de Coinbase, pero sí el suelo sobre el que se apoya.
Para el holder de ETH, la lectura práctica es limitada y a la vez relevante. El protocolo no cambia: Ethereum sigue siendo una red abierta donde cualquiera puede hacer staking con 32 ETH, o delegar en un pool, sin pedir permiso a nadie. Lo que cambia es la pata institucional. El dinero grande que quiere exposición a ether sin gestionar claves privadas gana un argumento más frente a sus comités de riesgo.
Y ahí aparece la contradicción de fondo. Cuanta más custodia concentrada bajo supervisión federal, más cómodo resulta entrar para un fondo de pensiones y más peso relativo gana un puñado de intermediarios sobre el total. La descentralización del protocolo y la centralización de la puerta de entrada no son lo mismo, pero se miran de reojo.
Quedan dos fechas sin cerrar: el resultado de la demanda de la ICBA y la decisión de la Reserva Federal sobre el acceso a sus sistemas de pagos. Mientras se resuelven, la custodia de ether tiene desde este mes de noviembre un supervisor nuevo con despacho en Washington.
