El equipo de gobierno de Zamora ha presentado una moción sobre el centro de datos previsto en Monfarracinos. La iniciativa pide a la Junta de Castilla y León que no declare el proyecto de interés regional o, en su caso, que lo someta a escrutinio público y a una evaluación rigurosa de sus efectos territoriales, ambientales, económicos y sociales.
La moción se trasladará a los demás grupos para que puedan sumarse y se propone llevarla al próximo Pleno con el objetivo de que se apruebe por unanimidad. También se defenderá en esa sesión junto a otra iniciativa relativa a la residencia de los Tres Árboles.
La escala del proyecto y las alegaciones
El alcalde, Francisco Guarido, compareció junto al concejal de Promoción Económica, David Gago, y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo. Guarido recordó que las alegaciones se tramitan por dos vías: las relacionadas con la licencia ambiental, cuyo plazo ya finalizó y que tienen un carácter principalmente técnico, y las relativas a la declaración como Proyecto Regional, que todavía están en plazo.
Guarido señaló que el equipo de gobierno no se opone a los centros de datos en general, sino a la escala de este proyecto. Según indicó, ocuparía el 10 % del territorio agrícola de Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles e incluiría 24 instalaciones térmicas con chimeneas de 30 metros. También consideró que podría haberse planteado a menor escala, en consonancia con otros centros de datos existentes en España.
Impactos y dudas sobre el interés general
Los grupos impulsores sostienen que la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León exige justificar qué beneficio aporta un proyecto regional a la sociedad, la economía y el desarrollo de la comunidad autónoma, y consideran que esa justificación no está suficientemente acreditada.
Guarido criticó que, a su juicio, la administración autonómica confunda el interés comercial de un promotor privado con el interés general. Entre las preocupaciones expuestas figura el impacto en los recursos naturales y económicos, que, según la moción, “compromete de forma irreversible recursos hídricos masivos, suelo agrícola y el desarrollo sostenible de una provincia eminentemente rural”.
La moción también advierte del consumo de agua y energía, y del posible incremento del ruido y del tráfico pesado en los municipios afectados. Además, denuncia que las instalaciones declaradas como proyecto regional eluden el pago del Impuesto de Construcciones (ICIO), lo que privaría a los ayuntamientos de ingresos estimados en unos 200 millones de euros. El texto plantea asimismo dudas sobre cuántos empleos locales estables se generarían, frente a los puestos de teletrabajo o temporales.
Propuestas de acuerdo
La moción propone instar a la Junta a no aprobar ni dar por buena la tramitación del centro de datos como Proyecto Regional, al considerar que no se ha acreditado suficientemente su necesidad ni un interés general excepcional.
También plantea solicitar que cualquier desarrollo se tramite mediante los procedimientos ordinarios y legales aplicables, y exigir una evaluación ambiental integral y acumulativa que contemple el consumo de agua y energía, las emisiones, el ruido, los riesgos industriales y la afección conjunta sobre los municipios de la comarca.
Por último, propone reclamar previsiones verificables y desglosadas sobre empleo temporal y permanente, contratación local, salarios e ingresos públicos vinculados al proyecto, así como garantizar la transparencia y el acceso público a toda su documentación técnica y ambiental.
