La Dirección General de Vivienda de Navarra ha publicado una convocatoria de ayudas para que las entidades locales puedan demoler edificios de su titularidad situados en suelo residencial. Los inmuebles deben estar en ruina o presentar riesgos para la estabilidad estructural y la seguridad de personas o bienes, y el terreno liberado deberá destinarse a construir vivienda protegida.
La convocatoria cuenta con 539.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre. La resolución se publicó en el Boletín Oficial de Navarra.
Entidades beneficiarias y financiación
Podrán optar a las ayudas las entidades locales de Navarra y determinados organismos y sociedades públicas vinculados a ellas, si sus competencias u objeto social incluyen la promoción de vivienda o la gestión urbanística y tienen encomendada la ejecución de las actividades subvencionadas. También deberán ser titulares de los inmuebles objeto de las obras, ya ejecutadas o previstas.
El límite máximo es de 30.000 euros por entidad beneficiaria. La financiación podrá cubrir hasta el 50% del coste subvencionable con carácter general; hasta el 70% en municipios incluidos en la Estrategia de Vivienda Rural, y hasta el 60% en áreas de rehabilitación preferente.
Plazos y condiciones de las obras
Las ayudas se concederán mediante evaluación individualizada, por orden de presentación de las solicitudes y hasta agotar el crédito disponible. Las propuestas deberán contemplar la demolición total o parcial de inmuebles públicos en suelo residencial que estén en ruina o presenten riesgo estructural, y comprometerse a destinar la parcela resultante a vivienda protegida.
En general, serán subvencionables las actuaciones ejecutadas total o parcialmente durante 2026. También podrán acogerse las iniciadas a partir del 1 de julio de 2025, si parte de su ejecución material se desarrolla en 2026 y concluyen ese mismo año. Excepcionalmente, las obras de derribo iniciadas en 2026 podrán finalizar hasta el 31 de marzo de 2027 cuando concurran razones técnicas o lo exijan los trámites de licitación municipal.
