Nuevo decreto de centros de datos: 5.000 millones menos en la factura eléctrica

El texto exige acreditar un 80% de renovables con contratos anteriores al propio centro y fija una senda flexible hasta 2032. La CNMC pidió rebajar las obligaciones y el Gobierno suavizó el borrador tras más de 600 alegaciones.

El decreto de centros de datos ya está aprobado: el Consejo de Ministros lo validó este viernes, a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La norma llega con el argumento económico que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico repite en cada comparecencia: sin regulación, el despliegue de estas infraestructuras habría añadido 5.000 millones de euros a la factura eléctrica y habría elevado un 25% el recibo industrial.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, presentó el texto tras el Consejo de Ministros, junto a Economía y Transformación Digital, y lo hizo con una advertencia sobre el calendario: ‘Estamos a tiempo de que esas situaciones que se han vivido en países de nuestro entorno y al otro lado del Atlántico no puedan impactar igual en nuestro tejido productivo, en nuestros consumidores y en nuestros territorios’. El marco regulatorio queda cerrado antes de la cita electoral.

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Del 60% en 2029 al 80% en 2032: la letra pequeña del decreto

El eje es la adicionalidad renovable. Los centros tendrán que acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha no más de 18 meses antes que el propio centro. No basta con comprar energía verde en el mercado mayorista: el generador debe ser anterior y el consumo tiene que coincidir con la hora en que ese generador produce.

Los 18 meses no son un detalle administrativo. La regla impide que un operador firme un contrato con un parque eólico de 2015 y lo presente como respaldo verde de una instalación que arranca en 2028. Cada centro tiene que arrastrar detrás capacidad nueva, y esa capacidad compite por punto de conexión con el resto del mercado.

Ahí estaba el nudo. El borrador inicial exigía la correlación horaria desde el primer día de operación; el texto aprobado introduce una senda flexible hasta 2032 y un régimen transitorio opcional para los proyectos más inmediatos, con correlación progresiva en horas punta del 60% de partida, 70% en 2029 y 80% desde el 1 de enero de 2032. Quienes se acojan aceptan la desconexión del centro si hay tensión en la red.

La clave del texto no es cuánta energía verde compran los centros, sino cuándo la compran y a quién. Ese detalle decide qué proyectos salen adelante.

El Ejecutivo ha suavizado la norma después de recibir más de 600 alegaciones y de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que pedía rebajar obligaciones ante el riesgo de paralizar la inversión. La versión final mantiene el 80% de adicionalidad, pero abre la puerta a más tecnologías —la fotovoltaica entre ellas— y estira los plazos.

El decreto llega con dos relojes: el electoral del 29 de noviembre y el de 2032, cuando la flexibilidad se acaba y no habrá excepciones.

El segundo bloque mira al agua y a la eficiencia. Todos los centros nuevos deberán alcanzar la etiqueta europea ‘A’ en consumo hídrico, lo que en la práctica equivale a 0,1 litros por kilovatio, y la máxima calificación energética adaptada a la región climática donde se instalen. En soberanía digital, la norma fija mecanismos de supervisión para que los datos permanezcan en España y en el Espacio Económico Europeo y limita el acceso desde terceros países.

La arquitectura responde a una preocupación que Aagesen verbalizó en la presentación: que el sistema no se tense y que el precio no quede tensionado por el gran consumo. Adicionalidad y correlación horaria son dos formas de decir lo mismo. El centro de datos deja de ser un consumidor pasivo que se limita a pagar la factura y pasa a tener que aportar la generación que demanda.

15 GW con permiso de acceso y el fantasma irlandés

El Ejecutivo justifica la urgencia con el tamaño del embudo. Hay 15 GW con permiso de acceso concedido —seis en la red de transporte y nueve en distribución—, una cifra equivalente a casi el 40% del consumo pico nacional. En cola esperan otros 20 GW. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 calculaba menos de 4 GW para 2030: el sector ha multiplicado esas previsiones por casi cuatro en dos años.

El embudo es real. También el espejo que usa el Ministerio: Irlanda, donde los centros de datos absorben el 23% del consumo eléctrico y las autoridades llegaron a frenar nuevas conexiones. Países Bajos ronda el 5% y quince estados de Estados Unidos han empezado a poner condiciones. En mercados con demanda tan concentrada, esa concentración acaba trasladándose al precio de la hora punta.

centros de datos España

Aagesen reivindicó que España es pionera y sostuvo que ‘a nivel mundial no existe otra referencia’ con este nivel de exigencia. La afirmación tiene doble lectura. Coloca al país en el mapa de los operadores que buscan seguridad regulatoria y, al mismo tiempo, deja al Gobierno sin paraguas: si el modelo falla, no habrá otro país al que mirar. El calendario, en cambio, no perdona.

Análisis: la letra pequeña pesa más que el titular

El decreto resuelve un problema real con un instrumento que no se ha probado a esta escala en ningún mercado grande. La lógica es impecable sobre el papel: si un centro de datos necesita 500 megavatios, que traiga consigo la generación que los produce y que la produzca cuando la necesita. El problema es que la correlación horaria, llevada al extremo, es una tecnología regulatoria carísima. Exige almacenamiento, exige contratos complejos, y obliga al operador a asumir un riesgo que hasta ahora trasladaba al sistema.

De ahí la flexibilidad hasta 2032. Una norma perfecta que no se cumple vale menos que una norma imperfecta que ordena el despliegue, y el Ministerio ha optado por lo segundo tras el aviso por escrito de la CNMC. El riesgo evidente es el contrario: que la flexibilidad se convierta en norma de facto y que en 2032 nadie audite si el 80% se cumple de verdad.

España no inventa el problema, solo lo regula antes. Los operadores llevan una década buscando suelo barato, clima favorable y red disponible, y el sur de Europa se ha consolidado como destino natural. Lo nuevo es que ese atractivo empieza a tener condiciones escritas y que la letra pequeña llega con el embudo ya formado.

Para el consumidor doméstico, el efecto directo es difícil de aislar en el recibo. El beneficio se mide en lo que no ocurre: según el planteamiento del Ministerio, la demanda adicional habría entrado en el mercado mayorista sin contrapartida de generación y el precio de la hora punta habría subido para todos, también para quien nunca ha pisado un centro de datos.

Queda un tercer frente que el texto no cierra. Los 20 GW en cola no tienen fecha de conexión y la red de distribución no se construye por decreto. Si la demanda se materializa antes que las infraestructuras, la tensión que la norma quiere evitar llegará por la puerta de atrás: no por el consumo del centro, sino por el refuerzo urgente de las líneas que lo alimentan.

El primer examen serio llegará en 2029, cuando la senda obligue a acreditar el 70% de correlación horaria en horas punta. Después, el 1 de enero de 2032, sin excepciones ni regímenes transitorios. Hasta entonces, el decreto es una promesa con 5.000 millones de euros de aval. Que se cumpla depende menos del texto que de la capacidad de la red para absorber, en menos de una década, la demanda de un sector que ya ha desbordado todas las previsiones.


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