El Sexto Observatorio de la Dependencia de Fedea sitúa en 112.002 personas el llamado limbo de la dependencia, los solicitantes con derecho reconocido que aún no reciben su prestación. La cifra, con datos cerrados a junio de 2026, equivale al 6% de quienes tienen ese derecho reconocido y se mantiene en torno al mínimo histórico del sistema.
Sus autores son Sergi Jiménez-Martín y Analía Viola, y la publicación coincide con los veinte años de la Ley 39/2006. El peso del sector de cuidados en el empleo vincula el dato al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, mientras que la salud mental y la soledad no deseada de las personas mayores lo conectan con el ODS 3: Salud y bienestar.
El limbo baja a 112.002 personas, el 6% del derecho reconocido
A junio de 2026 había 1.853.859 personas con derecho reconocido a una prestación y 1.741.857 que la recibían de forma efectiva, según el informe. La diferencia entre ambas cifras es el limbo, una tasa de pendencia del 6%, frente a las 385.000 personas de 2015 y por debajo del objetivo del Plan de Choque de 2021, fijado en el 12,7%. El 95% de las solicitudes cuenta ya con resolución de grado.
El coste de la espera se mide también en fallecimientos: 136.480 personas con derecho reconocido murieron en el primer semestre de 2026, el 7,4% del total, y 8.631 de ellas seguían pendientes de la prestación, el 7,7% del limbo.
Por grados, el 25% del derecho reconocido corresponde a gran dependencia (Grado III), el 37% a dependencia severa y el 38% a moderada; el Grado I es el que más crece, un 12% interanual. Las personas beneficiarias aumentan un 11,2% en un año, por encima del 9,7% del derecho reconocido.
Del 15% del País Vasco al 0,5% de Canarias
La mejora es general y desigual. En Aragón, Castilla y León, Canarias y Galicia la espera es prácticamente nula, mientras que País Vasco (15%), Cataluña y Murcia (13%), Extremadura (12%) y Baleares (11%) siguen por encima de la media. Canarias registra el mayor avance: las personas con prestación crecen un 55,9% en un año y su limbo pasa del 28% de 2019 al 0,5%.
Las prestaciones económicas representan el 41% del total, frente al 58% de 2009, y las de cuidados en el entorno familiar el 31%, frente al 51%; los servicios profesionales suponen ya el 59%. La heterogeneidad se repite: cerca del 70% de las prestaciones son económicas en Canarias y el 15% en La Rioja, donde los servicios alcanzan el 85%.
El 74% de las personas beneficiarias tiene 65 años o más. En 2025 el 14,3% de la población de esa edad recibía una prestación, frente al 4,1% de 2009, y la cobertura de los mayores de 65 años (16,3%) supera la media de la OCDE (15,2%). Las comunidades con menor renta per cápita, como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura, presentan mayor cobertura.

El Estado duplica el nivel mínimo y blinda por ley la mitad del gasto
En 2025 el gasto público del SAAD, Estado y comunidades autónomas, alcanzó los 13.992 millones de euros, un 8,4% más que en 2024. La aportación de la Administración General del Estado pasó del 21% del gasto en 2021 al 27% en 2025, con diferencias que van del 40% de La Rioja al 15% del País Vasco, o de 453 euros por persona mayor de 65 años en La Rioja a 221 en Canarias.
Tras dos años de presupuestos prorrogados, el Real Decreto-ley 17/2026 duplica el nivel mínimo del Grado II, de 130 a 260 euros al mes, y eleva un 128% el del Grado III, de 290 a 660 euros. La aportación estatal pasa de 3.522 millones en 2025 a 5.513 millones en 2026 y 7.239 millones en 2027, cerca del 50% del gasto total, y la reforma legal aprobada por el Congreso el 16 de septiembre de 2026 convierte ese porcentaje en una obligación.
El informe señala que el efecto real de la reforma dependerá de cómo gestionen las comunidades autónomas los nuevos recursos. En la comparación internacional, España destina en torno al 1% del PIB y el 10,2% del gasto sanitario a cuidados de larga duración, frente al 1,9% y el 13,7% de media de la OCDE y muy por debajo de los países nórdicos, Bélgica, Alemania o Países Bajos, que se sitúan entre el 2,7% y el 4,2% del PIB.
758.000 empleos con salarios al 75% de la media
Según la EPA que recoge el informe, el sector ocupaba a cerca de 758.000 personas en el segundo trimestre de 2026, un 8% más que un año antes y el 3,3% del empleo total. La atención residencial suma 405.000 ocupados, que se recuperan tras un 2025 de caídas, y los servicios sociales sin alojamiento 353.000. Extremadura (5,4%) y Castilla y León (5,1%) son las comunidades donde el sector pesa más.
Los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales sitúan el empleo indefinido cerca del 85% y la parcialidad en el 25%. El sector es mayoritariamente femenino (82%) y un 25% de sus trabajadores ha nacido fuera de España, el doble que a mediados de la década pasada. Los salarios se mantienen en torno al 75% del salario medio y la brecha por origen supera los 200 euros mensuales.
El informe incorpora un apartado sobre salud mental y soledad no deseada: el 45,5% de las personas en situación de dependencia declara soledad no deseada, frente al 20,2% de la población adulta; el 81% lleva dos o más años en esa situación y el 58,4% presenta problemas de salud mental. Los autores plantean un modelo de atención comunitaria e integrada entre servicios sociales y sanitarios y sitúan los retos pendientes en la calidad de las prestaciones, la equidad territorial y las condiciones formativas y retributivas de los profesionales.
Qué ODS aborda esta información
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El sector de la dependencia emplea a 758.000 personas, el 3,3% del empleo total, con salarios en torno al 75% de la media.
- ODS 3: Salud y bienestar. El 58,4% de las personas en situación de dependencia con soledad no deseada presenta problemas de salud mental, según el informe.
- Dato clave: 112.002 personas con derecho reconocido pendientes de prestación a junio de 2026, el 6% del total.
- Fuente: Fedea, Sexto Observatorio de la Dependencia, de Sergi Jiménez-Martín y Analía Viola (Estudios de Economía Española número 2026-35), con datos a junio de 2026.




