El Gobierno abre la puerta a un nuevo impuesto a las energéticas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, prometió este miércoles en el Congreso estudiar la fórmula para gravar los beneficios extraordinarios que las grandes compañías eléctricas han cosechado al calor de la crisis de Oriente Medio, los conocidos como beneficios ‘caídos del cielo’.
La promesa llegó en la sesión de control al Gobierno, a raíz de una interpelación del portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute. El diputado comparó la actual crisis inflacionaria con el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, cuando el Ejecutivo impulsó dos impuestos excepcionales —uno a las energéticas y otro a la banca— para financiar el conocido como escudo social.
Matute reclamó recuperar el gravamen energético y ensanchar el del sector financiero. Su tesis es que la protección de las familias frente a las consecuencias de la guerra de Irán no puede recaer solo sobre los hogares. Deben contribuir, dijo el diputado, ‘quien más capacidad económica tiene’.
‘Deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que en contextos de crisis obtienen unos beneficios extraordinarios’, apostilló el portavoz abertzale, que a renglón seguido urgió a recuperar el tributo a las energéticas y a ampliar el de la banca.
El ministro compartió el principio. Arcadi España admitió que quienes más ganan tienen que contribuir más y reivindicó el papel pionero de España en esta materia. España fue pionera en aplicar impuestos a los beneficios de energéticas o en fijar un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que luego emularon en otros países en Europa‘, recordó ante la Cámara.
España, junto a Alemania, Austria, Italia y Polonia, ya ha pedido a Bruselas gravar los beneficios ‘caídos del cielo’ de las eléctricas. El Gobierno busca ahora la fórmula legal para hacerlo.
Hacienda busca la fórmula para gravar los beneficios que la guerra deja en el balance
No hay todavía un anuncio cerrado. Se trata de un ‘estudiar la fórmula’, un encargo que, según el propio España, ya se ha trasladado a Bruselas. El titular de Hacienda recordó que España, junto a Alemania, Austria, Italia y Polonia —cinco socios—, ha instado a la Comisión Europea a ‘buscar fórmulas para que los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las grandes energéticas contribuyan a pagar todo lo que sea necesario para amortiguar el impacto de una guerra de otros países’.
La vía europea no es casual. Un gravamen nacional aislado expondría al sector a una desventaja competitiva frente a sus homólogos del continente, y Bruselas ya tiene recorrido en este terreno. De ahí que el Gobierno prefiera un marco comunitario que reparta el coste político y diluya el riesgo de litigio. En paralelo, el ministerio estudia el encaje técnico de un tributo que no penalice la inversión ni interrumpa el ‘tráfico económico’, en palabras del propio ministro.
Qué energéticas entran en el punto de mira y cómo lo mira el mercado
El foco apunta a las grandes del IBEX 35: Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy, entre otras, cuyos márgenes se han visto impulsados por la volatilidad de los precios energéticos. La crisis de Oriente Medio ha tensado el crudo y el gas, y ese repunte se traslada, con distinto grado, a los resultados de las compañías integradas. El debate vuelve así al mismo terreno que en 2022.
La diferencia es el contexto. Entonces el detonante fue la invasión de Ucrania y la escalada sin precedentes del gas; hoy el catalizador es la guerra de Irán y su efecto sobre las materias primas. También cambia el tono del Ejecutivo. En 2022 el impuesto se aprobó; ahora solo se promete estudiar la fórmula, lo que deja el proyecto en el aire hasta que Bruselas mueva ficha.
Para el accionista, la clave es la incertidumbre regulatoria. Un debate fiscal abierto sobre el sector energético introduce una prima de riesgo que no depende de los resultados ni del dividendo, sino del calendario político. Y ese tipo de riesgo suele descontarse antes de que la norma exista.
Análisis: un gravamen con precedente y un incentivo que no siempre funciona
A mi juicio, la cuestión de fondo no es si las eléctricas ganan mucho en un año de crisis, sino si un impuesto permanente sobre el beneficio extraordinario acaba distorsionando la señal de inversión que el propio sistema necesita. El sector energético arrastra un plan inversor multimillonario para desplegar renovables, redes y almacenamiento hasta 2030. Un gravamen que muerda los retornos esperados encarece la financiación de esa transición justo cuando Europa la reclama.
El argumento del Gobierno, eso sí, tiene recorrido. Un beneficio caído del cielo es, por definición, ajeno al esfuerzo de la compañía: nace de un shock externo, no de una mejora de eficiencia. Gravar esa renta de origen exógeno es defendible desde la equidad y conecta con el debate europeo sobre los windfall profits. El problema aparece en la implementación.
Aquel impuesto de 2022 a las energéticas, diseñado sobre las ventas y no sobre el beneficio, castigó por igual a ganadores y a perdedores. Penalizó a operadores de márgenes estrechos y a compañías cuya rentabilidad dependía de la comercialización, no del precio del kilovatio. Fue una decisión eficaz en recaudación, discutible en diseño. Repetir ese molde sin corregir la base imponible sería un error que el propio sector se encargará de recordar en los tribunales.
Hay además una contradicción que el discurso oficial evita. España reclama a Bruselas un gravamen comunitario, pero su mercado eléctrico es de los más intervenidos del continente. Conviven el mecanismo de ajuste al gas, las subastas de capacidad y un marco retributivo al que las renovables llevan años poniendo reparos. Añadir una capa fiscal nueva sin revisar las anteriores puede acabar penalizando al mismo actor que debe financiar la descarbonización.
En el lado de la demanda, la historia es más sencilla. Si el objetivo real es amortiguar la factura de las familias, el impuesto solo cumple su función si la recaudación se destina, de forma explícita y verificable, a ese fin. En 2022 el vínculo entre el tributo y el escudo social quedó difuminado entre las cuentas públicas. Repetir la fórmula sin ese candado abriría la puerta a que un gravamen excepcional se consolide como una fuente de ingresos ordinaria.
El siguiente hito será la respuesta de la Comisión Europea a la petición de los cinco países y, después, la eventual tramitación parlamentaria. Ahí se verá si el Ejecutivo habla de un impuesto de verdad o de una declaración de intenciones. La clave estará en la base imponible: si grava el beneficio, el sector puede convivir con ella; si vuelve a gravar las ventas, el conflicto está servido.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: La reacción es todavía tibia. Las grandes eléctricas del IBEX 35 cerraron la jornada con movimientos inferiores al 1% y sin ventas significativas, señal de que el mercado no da por hecho ningún gravamen mientras la medida siga en fase de estudio.
Clave técnica: Todo depende de la base imponible. Si el futuro tributo grava el beneficio, el impacto estimado para el sector se movería en un dígito medio; si se diseña sobre las ventas, como en 2022, la mordida superaría los 1.000 millones de euros anuales y golpearía también a los operadores de márgenes estrechos.
Apunte macro: La partida se juega en Bruselas. España, Alemania, Austria, Italia y Polonia —cinco socios— ya han pedido a la Comisión un marco común, conscientes de que un gravamen nacional aislado fracturaría el mercado único y expondría a las eléctricas españolas a una desventaja frente a sus competidoras europeas.
