El Gobierno frena al 15% la subida TUR gas y congela el butano en 19,55 euros desde octubre

El Consejo de Ministros recupera el mecanismo que ya aplicó en 2022 para evitar que la revisión trimestral de octubre supere el 45%. La medida alcanza a los hogares con consumo anual de hasta 50.000 kWh.

La subida de la TUR gas quedará limitada al 15% desde el 1 de octubre. Sin la intervención del Gobierno, la revisión trimestral de la tarifa regulada habría superado el 45%.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de dos medidas para contener el golpe de la volatilidad energética sobre los hogares. La primera topa al 15% el alza de la tarifa de último recurso de gas natural. La segunda deja congelado el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros. Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a su llegada a la reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea en Dublín.

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‘Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento’, ha señalado la ministra. Aagesen ha defendido ambas actuaciones como ‘medidas fundamentales para proteger’ a consumidores y empresas ante la situación de vulnerabilidad provocada por el encarecimiento de la energía.

Qué cambia en la tarifa regulada de gas y en el butano

La TUR de gas natural se revisa cada trimestre, los días 1 de enero, abril, julio y octubre, y su valor se publica en el Boletín Oficial del Estado. Pueden acogerse a ella los consumidores conectados a redes de gas natural con una presión inferior o igual a cuatro bares y un consumo anual de hasta 50.000 kWh. Durante la crisis energética anterior su aplicación se extendió también a las comunidades de propietarios con calefacción central de gas y a las empresas de servicios energéticos que les prestan servicio.

El mecanismo que aprobará ahora el Ejecutivo impedirá que la subida prevista para octubre se traslade íntegramente a la factura. El límite queda fijado en el 15%, en un momento en el que la evolución de los mercados internacionales eleva la presión sobre los costes. En el caso del butano, el precio máximo se mantiene en 19,55 euros, el mismo nivel que ya se estableció en 2022. La medida busca evitar que el encarecimiento se traslade directamente a los consumidores de gases licuados del petróleo envasados. Ambas actuaciones tienen carácter temporal.

El tope a la TUR no abarata el gas: reparte en el tiempo el golpe que la volatilidad de los mercados ya ha cargado sobre el sistema.

El precedente de 2022 y el alcance real del tope

No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta fórmula. En 2022 limitó igualmente al 15% el incremento del coste de la materia prima que se trasladaba a la TUR, lo que permitió contener las revisiones trimestrales en torno al 5%. La medida se mantuvo durante toda la crisis energética y se completó con la creación de la denominada TUR vecinal para las comunidades de propietarios con calefacción central.

La TUR no es la tarifa mayoritaria, pero marca el suelo de precios del mercado doméstico y el techo que el Ejecutivo está dispuesto a tolerar.

La diferencia respecto a 2022 es el origen de la presión. Entonces el detonante fue la guerra de Ucrania y el corte del gas ruso. Ahora la escalada llega por la tensión en Oriente Medio, que ha vuelto a sacudir los mercados internacionales de materias primas justo antes del arranque de la temporada de calefacción. El calendario no es casual.

El alcance del tope merece una lectura precisa. La TUR no es la única tarifa del mercado doméstico —la mayoría de los hogares ha migrado al mercado libre—, pero sí es la referencia regulada y la que orienta el suelo de precios del resto. Limitar su subida al 15% envía una señal al conjunto del sector sobre cuál es el techo que el Ejecutivo considera políticamente asumible en plena crisis de precios.

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España reclama a Bruselas un objetivo renovable ambicioso para 2040

En paralelo a las medidas de emergencia, España, Portugal y Luxemburgo han remitido una carta al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, para reclamar que el nuevo marco energético de la Unión Europea posterior a 2030 incluya un objetivo ‘claro’ y ‘ambicioso’ para las renovables en 2040. Aagesen considera que esa meta dará mayor certidumbre a los inversores, reforzará la autonomía energética europea y permitirá avanzar hacia el objetivo comunitario de reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040 respecto a 1990.

La vicepresidenta confía en que otros Estados miembros se sumen a esta posición y en que la propuesta que la Comisión Europea prevé presentar a finales de año mantenga un nivel elevado de ambición. La estrategia española combina así la protección inmediata frente a la escalada de precios con una reducción estructural de la exposición a los combustibles fósiles. La propia Aagesen ha recordado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cifró recientemente en unos 90.000 millones de euros los costes adicionales derivados de la volatilidad de los mercados energéticos.

España llega a esta discusión con margen para exhibir resultados propios. Según los datos que maneja el Ministerio, el país ha incrementado un 150% su capacidad renovable y en 2025 las fuentes limpias representaron el 57% del mix eléctrico. Ese mayor peso reduce la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad del gas, aunque no la elimina del todo.

Por qué el tope a la TUR no resuelve la dependencia del gas

El tope al 15% es una solución de emergencia para un problema que no es de precios, sino de estructura. Congelar la revisión de octubre evita el susto inmediato en la factura, pero no reduce un solo metro cúbico la dependencia del gas importado. La medida traslada presión a algún punto del sistema. Si el coste real de la materia prima sube más de lo que se repercute al consumidor, alguien asume la diferencia. En 2022 ese reparto se resolvió en los Presupuestos y en los márgenes de las comercializadoras. Repetir la fórmula no sale gratis.

La contradicción de fondo es conocida. El mismo Gobierno que interviene el precio del gas pide a Bruselas acelerar la electrificación y las renovables. Son dos caras de la misma política: parchear el corto plazo mientras se intenta cambiar el modelo a medio. El riesgo evidente es que la protección temporal se cronifique. El mecanismo de 2022, pensado como excepción, se mantuvo durante varios ejercicios y creó figuras como la TUR vecinal que ya no se han desmontado.

Queda la incógnita de si esta crisis comparte la gravedad de la anterior. En 2022 el shock fue de suministro, con el gas ruso dejando de llegar a Europa. Ahora es de precio y de riesgo geopolítico, con el foco en Oriente Medio. Un mercado que se tensa por temor no se comporta igual que uno que se rompe por escasez física. Esa diferencia da margen a que el tope baste sin necesidad de ampliarlo.

La próxima cita ya tiene fecha. La revisión de la TUR del 1 de enero de 2027 dirá si el mecanismo de contención ha cumplido su función o si hay que mantenerlo otro trimestre. En Bruselas, la propuesta de la Comisión para el marco posterior a 2030, prevista para finales de este año, marcará si Europa opta por blindar las renovables o por diluir el objetivo de 2040. Proteger la factura de invierno es imprescindible. Cambiar el modelo que la hace vulnerable, también.


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