Despidos encubiertos: Las 5 prácticas empresariales que Recursos Humanos intenta colar como bajas voluntarias y que puedes denunciar por despido improcedente

El vaciamiento de funciones deja al trabajador formalmente en plantilla —a veces incluso con el salario intacto— mientras se le van retirando una a una las tareas que definían su puesto. El patrón es reconocible: desaparecen los proyectos, las responsabilidades se reparten entre compañeros o antiguos subordinados, se le bloquean el correo corporativo, el ERP o la carpeta compartida, se le retira el móvil de empresa, el ordenador y hasta el despacho, y acaba en una mesa sin ocupación real. Deja de recibir instrucciones, sus peticiones de trabajo quedan sin respuesta y quienes antes dependían de él pasan a darle órdenes. El resultado es un puesto hueco que el afectado vive como una humillación diaria y que la empresa rentabiliza: si aguanta la presión, acabará firmando la baja voluntaria y renunciando a cualquier indemnización.

La maniobra choca con el derecho a la ocupación efectiva del artículo 4.2.a) del Estatuto de los Trabajadores y, sobre todo, con el artículo 50.1.c) —incumplimiento grave y culpable del empresario— y con el 50.1.a), que permite resolver el contrato cuando una modificación impuesta al margen del artículo 41 menoscaba la dignidad. La clave jurisprudencial está en la gravedad, la persistencia en el tiempo y el desprestigio objetivo ante jefes y compañeros, no en cualquier merma de tareas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó recientemente la extinción indemnizada de un encargado al que vaciaron el puesto: le quitaron el equipo y el teléfono, sus operarios pasaron a responder ante otro encargado y pasaba las jornadas sin encargo alguno. Si se acredita en juicio, la salida se califica como despido improcedente, con 33 días de salario por año trabajado y hasta 24 mensualidades.