Repsol admite que hasta el 90% del crudo que importa para alimentar su refino en España podría no cumplir la normativa metano UE. Lo ha reconocido su consejero delegado, Luis Cabra, en una entrevista con Bloomberg recogida por Investing.com y Forbes España.
La compañía está firmando contratos de suministro a sabiendas de que buena parte de sus proveedores no aportan la documentación que acredita una producción baja en metano. El motivo es operativo: sin esos contratos, la petrolera no tendría insumos suficientes el año que viene.
‘Sí, lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo. De lo contrario, tendría que cerrar refinerías el 1 de enero de 2027‘, ha señalado Cabra. La frase resume el pulso entre la mayor compañía energética española y Bruselas.
El problema no está en la firma, sino en lo que hay detrás. La mayoría de los suministradores de crudo no está aportando la información necesaria para comprobar si acatan el reglamento europeo. Repsol suscribe así el contrato sin poder verificar el origen del barril ni la intensidad de emisiones con la que se ha producido.
Cabra ha escrito además a la Unión Europea para advertir de que batallará en los tribunales si los reguladores tratan de sancionar a la compañía. No es un gesto retórico. La petrolera sostiene que la norma, tal y como está diseñada, resulta inaplicable en los plazos previstos.
La paradoja es difícil de sostener: se firman contratos que no se pueden certificar, y se firman para que las refinerías sigan abiertas en enero.
El conflicto de fondo es de calendario regulatorio. La Comisión Europea ya instó en julio a los estados miembros a que no multasen durante tres años a quienes incumplan la exigencia de que todo el crudo, el gas o el carbón importado cuente con certificados que avalen una producción baja en metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2.
Manda el calendario.
La normativa metano UE exige certificados que el mercado todavía no puede entregar
El reglamento europeo de metano no se limita a las instalaciones comunitarias. Extiende la obligación a todo el combustible importado y traslada la carga de la prueba a los productores de terceros países. Cada barril que entra en la UE debe llegar acompañado de datos medidos, verificados y comparables sobre las fugas de metano de su cadena de producción.
Ahí aparece el cuello de botella. La certificación obliga a medir emisiones en pozos, estaciones de compresión y gasoductos que en muchos casos quedan fuera del control de los compradores europeos. Buena parte de los proveedores no dispone de sistemas de medición desplegados ni de incentivos comerciales para montarlos.
España añade una particularidad que agrava el problema: no produce crudo. Todo el petróleo que entra en sus refinerías es importado, de modo que la norma afecta al cien por cien del insumo y no deja margen para sustituir barril extranjero por barril doméstico. Repsol detalla en su página corporativa la configuración de sus complejos industriales en España, los primeros afectados por esa ecuación.
Sus refinerías dependen de dietas de crudo específicas por complejo industrial. El refino funciona con mezclas calibradas, y cambiar de proveedor obliga a recalibrar procesos que operan 24 horas al día. Eso explica la elección forzada: firmar hoy y discutir mañana.
La moratoria de Bruselas no supone, en todo caso, un aplazamiento formal en la aplicación de los requisitos. Es una recomendación de no sancionar, no una suspensión de la norma. Las empresas que la transgredan podrían acabar demandadas.
Bruselas recomienda no multar pero mantiene la norma vigente: la distancia entre esas dos cosas es exactamente el terreno donde se va a litigar.
Francia y una docena de países piden prórroga ante la normativa metano UE
El frente no es solo español. Francia ha solicitado una prórroga de un año y más de una docena de estados miembros han pedido medidas equivalentes. La presión política crece, aunque no resuelve el problema jurídico de fondo.
‘El hecho de que no se te impongan sanciones no significa que no estés incumpliendo la normativa. Alguien acudirá a los tribunales y dirá: estos tipos están importando petróleo crudo que no cumple con la legislación vigente’, ha advertido Cabra.
Nadie quiere ser el primero en demandar. Pero alguien lo será.
El riesgo no es solo para las petroleras. Una organización ambiental, un competidor con cadena certificada o un Estado miembro pueden activar la vía judicial contra importaciones que no acrediten el origen bajo en metano. La recomendación de la Comisión no blinda a nadie frente a esa vía.
La amenaza de cierre de refinerías el 1 de enero de 2027 no es un detalle menor. El refino español abastece buena parte del diésel y la gasolina del mercado interior, y una parada forzada de capacidad tendría efectos inmediatos en el suministro. El sector opera además con márgenes estrechos y con una demanda de carburantes que desciende de forma estructural conforme avanza la electrificación del parque móvil.
Por qué el pulso de Repsol anticipa un choque mayor con la normativa metano UE
La alerta de Repsol no es un caso aislado. Es el primer síntoma visible de un problema estructural que la Unión Europea ha decidido abordar exigiendo a terceros países. El reglamento de metano sigue la misma lógica que el mecanismo de ajuste en frontera por carbono: la ambición climática europea se traslada a la cadena de suministro global.
Sucede que el carbono ya contaba con un sistema de medición razonablemente extendido, y el metano no. La certificación depende de datos que en muchos casos no existen, y la moratoria no aplaza nada: aplaza la sanción. Esa asimetría deja a las refinerías europeas obligadas a cumplir una norma cuya verificación no está garantizada.
Hay un riesgo competitivo que conviene mirar sin adornos. Si Bruselas aplica el reglamento con rigor desde 2027 mientras otros bloques no exigen lo mismo, el refino europeo asume un sobrecoste que sus competidores en Asia o en Oriente Medio no tienen. Si, por el contrario, la norma queda en una recomendación de no sancionar, el mensaje que emite Bruselas es que las obligaciones ambientales sobre importaciones son negociables cuando la industria aprieta.
Ninguno de los dos escenarios es cómodo para Repsol. El segundo es peor para la credibilidad del marco regulatorio europeo. Una norma que sigue vigente mientras se recomienda no aplicarla genera inseguridad jurídica para todos: para quien cumple, para quien no puede cumplir y para quien debe invertir en certificar su cadena de suministro.
Queda una cuestión de calendario. Antes del 1 de enero de 2027, Bruselas tendrá que decidir si formaliza la prórroga o si mantiene la norma a la espera de que madure el mercado de la certificación. La respuesta definirá si el reglamento de metano funciona como palanca real de descarbonización o como una declaración de intenciones con fecha de caducidad.
