El PP ha prometido en rueda de prensa liberalizar suelo en su primer Consejo de Ministros para desbloquear un millón de viviendas. El portavoz popular, Borja Sémper, ha desgranado además avales públicos para jóvenes y una ley antiokupación con desalojo en 24 horas. Sin texto normativo aún, la propuesta es sobre todo un golpe político al portal público Casa 47.
La batería de compromisos incluye bajar los impuestos a la compra, garantizar avales públicos para que los jóvenes puedan cubrir la entrada de su vivienda y derogar la actual y nefasta ley de vivienda, la norma estatal de 2023. Sémper también ha prometido una ley antiokupación con desalojo de okupas en 24 horas.
El objetivo declarado de esa ley antiokupación es devolver seguridad jurídica y recuperar los pisos que, según el PP, se han retirado del mercado por esa inseguridad. En paralelo, el discurso popular se apoya en que la clase media ya no da más de sí.
Frente a esa batería, Sémper ha calificado el portal Casa 47 como un ejemplo de la venta de humo permanente del Ejecutivo. Recuerda que durante la administración de Pedro Sánchez se fueron prometiendo sucesivamente 15.000, 20.000 y 140.000 viviendas, para terminar ofreciendo únicamente un portal web con 800.
El portavoz del PP ha denunciado además que el portal ni siquiera funciona y que retiraron el mapa interactivo a los pocos días. También acusa a Casa 47 de omitir los precios de referencia en las zonas declaradas tensionadas y de ofrecer en algunos municipios pisos por encima del precio de mercado. Hay que tener mérito para levantar un parque público de vivienda que sale más caro que el privado, ha ironizado.
La promesa de liberalizar suelo sin texto normativo deja al PP en una declaración de intenciones tan difícil de medir como las que critica.
Por qué la liberalización de suelo es la palanca más silenciosa
La liberalización de suelo tiene un recorrido conflictivo en España. En los años previos a la crisis de 2008, la relajación de los planes municipales disparó la oferta de suelo finalista y, con ella, la burbuja residencial. La ley del suelo de 2015 y las reformas autonómicas posteriores trataron de poner orden. Cualquier nueva vuelta a la liberalización implicará revisar la clasificación de suelo urbanizable, los plazos de desarrollo y el reparto de cargas entre propietarios y ayuntamientos.
Promotoras como Aedas, Metrovacesa o Neinor llevan años reclamando más suelo finalista para sostener su producción. La patronal APCEspaña ha insistido en que el problema no es solo de demanda, sino de oferta y de gestión municipal. La promesa del PP, de impulsarse, interesa a un sector que se juega sus márgenes, pero asusta a ayuntamientos que temen perder su poder de planificación.
Lo que el anuncio deja sin responder para el comprador y el arrendatario
El anuncio no aclara cuánto suelo se liberaría, en qué municipios ni con cargo a qué planes generales. Tampoco detalla el destino de las viviendas desbloqueadas: si serían libres, protegidas o mixtas. Para un comprador en una capital tensionada, la promesa suena bien, pero no cambia su hipoteca ni su acceso a la vivienda en los próximos dos o tres años.
Sémper ha advertido de que la clase media ya no da más de sí. El IPC se sitúa por encima del 4% y la vivienda, según su relato, lleva año y medio subiendo más del 12%. El volumen de viviendas prometidas superan ampliamente el promedio anual de compraventas registrado en la última década, lo que relativiza la propuesta.
La Ficha del Inversor
La métrica clave es el objetivo de un millón de viviendas, sin suelo identificado ni calendario. Un millón de unidades equivale a más del doble del promedio anual de compraventas de la última década, según las series históricas del INE. La promesa, si se concretara, ensancharía de golpe la oferta, pero de momento no desplaza ni un solo metro cuadrado de suelo finalista.
La tendencia a seis meses es de estabilización, no de cambio normativo. El PP no está en el Gobierno y el calendario político condiciona cualquier desarrollo legal. Las cotizadas y los fondos no moverán sus planes de inversión por un anuncio programático. Lo razonable es vigilar los programas autonómicos que ya gobierna el PP: si alguno avanza en liberalización de suelo local, habrá señal.
Perfil recomendado: compradores de obra nueva y promotoras con cartera de suelo ansían una señal; inquilinos en zonas tensionadas no obtienen alivio a corto; inversores en suelo miran de reojo. El riesgo es repetir el ciclo de 1997-2007, cuando la liberalización alimentó la burbuja. La posición editorial de MERCA2.ES es clara: sin memoria financiera y control municipal, la liberalización puede volver a ser especulación. Habrá que esperar a que un Consejo de Ministros apruebe, si llega, un texto real.
