Mónica González arrastra una deuda en tarjetas revolving del 28% TAE que no consigue cerrar. La primera la contrató en el pasillo de un centro comercial. La segunda, mientras compraba ropa. Dos décadas después, sigue litigando por la segunda. En el camino, soportó más de 50 llamadas diarias de cobradores y ganó una sentencia que le devolvió 22.000 euros.
El mecanismo de la deuda que nunca baja
El fraccionamiento de pago de las tarjetas revolving es sencillo en apariencia. El cliente elige una cuota mensual. Si es baja, la mayor parte del abono se destina a intereses y el capital apenas se reduce. Si además se sigue usando la tarjeta, la deuda crece.
Un ejemplo con 1.000 euros al 20% nominal lo ilustra: con una cuota de 100 euros al mes, el préstamo se liquida en un año con 103 euros en intereses. Con una cuota de 30 euros, el primer pago destina 16,7 euros a intereses y solo 13,3 euros a capital. El saldo pendiente apenas baja a 987 euros. Sin volver a usar el plástico, el deudor tardaría más de cuatro años en pagar y abonaría 472 euros en intereses.
Los despachos especializados ponen cifras al problema. En Studio Tena, la deuda media de los clientes ronda los 5.000 euros. Y no es raro que un titular acumule entre 20 y 25 tarjetas.
Desde 2023, el Tribunal Supremo fija la usura comparando el interés con el precio medio de mercado en la contratación. Superar ese nivel en más de seis puntos porcentuales ya es considerado excesivo. En 2025, el alto tribunal reforzó además el control de transparencia: el cliente debe comprender el coste real de prolongar la deuda. Mónica González no lo comprendió al principio. Hoy sí.
La deuda revolving no desaparece por pagar poco; se alarga y devora el ingreso de los hogares más frágiles.
Un tope legal que llega tarde
El Gobierno aprobó en enero el anteproyecto de Ley de crédito al consumo, que transpone la directiva europea. La norma fija un límite transitorio del 22% TAE. Carlos Cuerpo calculó que uno de cada cuatro préstamos revolving tendría que abaratarse.
El problema es que el límite no está vigente. Las entidades siguen comercializando tarjetas por encima de esa barrera. CaixaBank publica una TAE del 22,42% en su modalidad revolving; financiar 1.500 euros en 48 meses supone devolver 2.206 euros. Carrefour aplica un 23,13% y eleva la devolución a 2.210 euros. WiZink alcanza el 23,85% con 2.252 euros a devolver. Unicaja anuncia un 19%, pero su comisión anual de 44 euros puede disparar la TAE al 27%.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valora como positivo que se ponga un tope, pero advierte de que el 22% transitorio queda cerca de lo que ya cobra el mercado. Según fuentes del Ministerio de Economía, el anteproyecto aún recaba informes y debe pasar por el Consejo de Estado. La directiva obligaba a publicar la transposición antes de noviembre de 2025, y las medidas deben aplicarse desde el 20 de noviembre de 2026.
La usura se mide en los tribunales
La nueva ley llega con retraso. Y mientras tanto, los jueces deciden. El Tribunal Supremo estableció en 2023 que un interés es usurario si supera en más de seis puntos porcentuales el precio medio del mercado en el momento de la firma. En 2025, el mismo tribunal reforzó el control de transparencia: no basta con informar de un porcentaje; el cliente debe entender cómo se perpetúa la deuda.
La directiva europea añade una pieza clave: el préstamo responsable. Las entidades deberán evaluar la capacidad de pago antes de conceder crédito. Gloria Hernández, socia de finReg360, explicó a este periódico que la norma exige asegurarse de que el cliente pueda cumplir con el resto de sus obligaciones sin renunciar a una vida digna. Muchas entidades, adelanta, ya adaptan sus procedimientos.
En paralelo, el Gobierno prepara la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Sería una ventanilla única gratuita y, para reclamaciones inferiores a 20.000 euros, con resoluciones vinculantes para bancos y aseguradoras. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) la considera fundamental para liberar a los juzgados de la saturación actual.
Mónica González recuperó 22.000 euros tras anular una de sus tarjetas. Aún mantiene otra reclamación. Aprendió que la vergüenza inicial no es suya. La víctima, escribe el reportaje citándola, es ella.
La historia de Mónica González no es un caso aislado. La asociación de créditos fáciles, financiación al 22% y cuotas mínimas produjo en la última década una litigiosidad estructural que los juzgados han tenido que resolver casi como suplencia del regulador. El Supremo actuó primero. La directiva europea, después. El Congreso, envuelto en mayorías frágiles, llega tarde. La consecuencia práctica es que un producto legal puede seguir generando deudas impagables durante meses.
El límite transitorio del 22% TAE, visto con distancia, presenta una contradicción. No se parece a una norma de protección fuerte: es un umbral que muchas entidades ya rozan o superan por décimas. La distancia entre lo legal y lo abusivo se medirá en cada contrato. Si la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero llega con recursos suficientes y resoluciones vinculantes, la velocidad de reparación será mayor. Si no, los tribunales seguirán siendo el único camino real. La prueba llegará en 2027, cuando se vea si el número de litigios se reduce o si, simplemente, cambian de forma.
