El CIS constata que ocho de cada diez españoles creen que los pisos turísticos dificultan el acceso a la vivienda. La encuesta ‘Turismo y Gastronomía’, realizada este verano entre 6.029 personas, da cuenta de una mayoría social abrumadora.
El estudio, al que ha tenido acceso esta redacción a través de la web del CIS, señala que el 79,3% de la población está ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ con la afirmación de que las viviendas turísticas aumentan los precios del alquiler y dificultan el acceso a la vivienda de uso habitual y no turístico.
A eso se suma que un 76,7% considera que estas viviendas generan, con frecuencia, conflictos vecinales y de convivencia entre turistas y residentes locales. Es la constatación estadística de un malestar que ya se percibía en barrios tensionados como los de Barcelona, Palma o Madrid.
Lo que dice la encuesta: una mayoría social abrumadora
El barómetro ‘Turismo y Gastronomía’ se realizó este verano sobre una muestra de 6.029 personas y abarca más ámbitos que el alquiler vacacional. En materia de alojamiento, el 46,9% de los encuestados usa hotel o apartahotel en vacaciones; el 14% recurre a viviendas de alquiler turístico y el 12,6% se aloja en casas de familiares o amigos.
El dato de uso turístico contrasta con la percepción mayoritaria sobre su impacto. Siete de cada diez identifican tensiones de convivencia y ocho de cada diez detectan un efecto directo sobre los precios del alquiler. Es una brecha que los reguladores autonómicos y municipales citan, cada vez más, al endurecer las licencias de vivienda de uso turístico (VUT).
En paralelo, la encuesta refleja que el 82,5% cree que los efectos del cambio climático sobre el turismo en España serán negativos. El 79,2% admite que el aumento de temperaturas podría reducir la llegada de visitantes a la costa mediterránea en verano y el 90,9% anticipa un trasvase de demanda hacia el norte peninsular.
La presión social contra el alquiler turístico ya no es un argumento sectorial: es un dato de encuesta que los reguladores podrán citar en cada nueva restricción.
El debate regulatorio de fondo: del dato al marco legal
La lectura de MERCA2.ES no es que el dato del CIS baste para aprobar una norma. Es que entrega munición estadística a los ayuntamientos que preparan o endurecen límites a las viviendas de uso turístico. Ciudades como San Sebastián, Palma o Sevilla ya han tomado medidas; Madrid y Valencia trabajan con calendarios de licencias y moratorias de pisos turísticos en zonas tensionadas.
No es casual que el barómetro del organismo que dirige José Félix Tezanos dedique un apartado específico a las viviendas turísticas. En plena negociación autonómica sobre topes al alquiler y licencias VUT, el dato sirve a quien gobierna para justificar intervenciones y a quien busca rentas turísticas para medir el coste reputacional de su posición.
El matiz relevante es el encaje de este consenso social con la propiedad. Detrás de cada licencia de VUT hay un propietario que busca rentabilidad, a menudo superior a la de un alquiler residencial de larga duración. La tensión entre derecho de uso turístico, función social de la vivienda y seguridad jurídica es lo que deben resolver los gobiernos autonómicos, con el Ministerio de Vivienda como convidado de piedra.
La Ficha del Inversor
La métrica clave no es de precio, sino de percepción: el 79,3% de consenso social contra el desvío de vivienda al uso turístico reduce el margen argumental de las plataformas y de los propietarios. Para el inversor patrimonial, la señal es clara: cualquier activo de alquiler vacacional situado en una zona tensionada debe incorporar un riesgo regulatorio creciente, no solo una rentabilidad bruta más alta que la del alquiler residencial de larga duración.
La tendencia a seis meses apunta a más restricciones, no a menos. El barómetro del CIS coincide con un ciclo político y municipal que busca respuestas a la escasez de oferta. Si la presión social se mantiene, las nuevas ordenanzas limitarán el número de licencias VUT en distritos tensionados, con Barcelona y Palma como laboratorios. Para el alquiler vacacional, la ventana de retorno sin fricción se estrecha.
El perfil recomendado varía: el pequeño propietario que alquila un piso turístico debe auditar ya la normativa local y contar con un plan B de alquiler residencial; el inversor en vivienda asequible o Build to Rent (construir para alquilar) encuentra una oportunidad de posicionarse como alternativa socialmente aceptada. Dejémoslo en un ya veremos: por primera vez, la percepción ciudadana camina por delante de la regulación. La próxima ordenanza municipal de viviendas turísticas será el primer examen real de ese consenso.
