El 70% de los estadounidenses rechaza centros de datos de IA en su comunidad, aunque más de la mitad ya usa chatbots. La desconexión entre el uso masivo y el rechazo vecinal complica la mayor inversión tecnológica del ciclo.
Claves de la operación
- El 70% de los ciudadanos rechaza un centro de datos en su municipio. La encuesta de Gallup muestra una fractura entre la adopción de la IA y la aceptación de su infraestructura.
- La Casa Blanca presiona para acelerar los centros de datos. Trump defiende el empleo y la seguridad nacional, pero asume un coste político creciente.
- Gobernadores aliados endurecen los requisitos locales. Josh Shapiro y Greg Abbott, dos impulsores iniciales, dan marcha atrás por la presión vecinal.
La infraestructura de la IA choca contra la política local
El dato de Morning Consult es contundente: más de la mitad de los estadounidenses usó chatbots de IA en julio y un porcentaje creciente los utiliza varias veces por semana. No se trata de una adopción experimental. La tecnología ya forma parte del flujo de trabajo y del ocio de una mayoría del país.
Frente a esa demanda, la encuesta de Gallup de mayo sitúa el rechazo a la construcción de centros de datos de IA en el 70% de los ciudadanos. El consumo de agua y electricidad, el ruido y el impacto paisajístico concentran la oposición. Los municipios no ven compensación suficiente por albergar una infraestructura crítica para la cadena de valor de la IA.
El caso del condado de Hood, en Texas, ilustra el alcance del desgaste. Los comisionados revocaron un proyecto de 862 acres que había solicitado 100 megavatios de electricidad y proyectaba usar hasta 20.000 galones de agua al día. El centro preveía 2.000 trabajadores en la construcción y solo 200 permanentes.
El presidente Donald Trump ha reaccionado con un mensaje de presión económica. El lunes advirtió que las comunidades que se resisten al desarrollo de centros de datos lo hacen ‘bajo su propio riesgo’ y las calificó de ‘retrógradas y pobres’. La Casa Blanca reconoce que la industria tiene un problema de imagen y que las encuestas no son favorables.
Un alto funcionario de la Casa Blanca, con anonimato para hablar con franqueza, admitió que Trump revisa las encuestas y que la opinión pública sobre los centros de datos es un problema. El presidente defiende los beneficios económicos y de seguridad nacional y asegura que no pagarán la factura de la energía ni del agua. También ha ordenado un régimen de tramitación rápida de permisos para acelerar los proyectos.
La fractura es profunda: se usa la IA a diario, pero nadie quiere cargar con sus costes físicos en su propio vecindario.
El retroceso político llega a bastiones favorables
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que en su día atrajo inversiones millonarias en centros de datos, impuso el mes pasado requisitos más estrictos de transparencia y aprobación local. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ha emitido dos directivas y una pausa temporal al desarrollo de centros de datos. Ambos han seguido el mismo guion: vender inversión y empleo hasta que sus votantes han dicho basta.
La administración Trump sigue con la agenda desreguladora. La Agencia de Protección Ambiental propuso eliminar los requisitos federales de notificación y comentarios para ciertos permisos menores de contaminación del aire, una categoría que incluye generadores de respaldo de centros de datos. Los grupos ecologistas advierten de que la medida dificultará la oposición ciudadana a proyectos que consumen recursos locales.
Para Ben Green, profesor de Política y Tecnología en la Universidad de Míchigan, la resistencia responde a costes materiales reales. No es solo un problema de mensajes: preocupan las tarifas eléctricas, el uso del agua y el reducido número de empleos permanentes que genera la instalación. El consultor republicano Mike Madrid añade que no hay desventaja política para un cargo local que se oponga. ‘No hay un electorado futuro del que preocuparse’, subraya.
Los sindicatos de la construcción apoyan los centros de datos por los empleos que generan durante su levantamiento, un desafío para los demócratas. La Data Center Coalition, por su parte, destaca los ingresos fiscales que financian escuelas. Reconoce, sin embargo, que el sector necesita un compromiso más transparente y proactivo con las comunidades para explicar el impacto real de la infraestructura.
¿Puede España esquivar la fractura entre uso y rechazo de la IA?
En España, la brecha aún no ha estallado con esa intensidad, pero el riesgo es similar. Merlin Properties, una de las mayores sociedades del IBEX 35, apuesta con fuerza por los centros de datos en un país que busca convertirse en el hub digital del sur de Europa. Aragón, Madrid y Cataluña concentran los proyectos de los hyperscalers. La mayoría de los proyectos tiene un impacto directo sobre la red eléctrica y ya provoca los primeros interrogantes locales sobre el consumo de agua.
El antecedente español es otro: durante décadas, el país importó energía y luego se convirtió en exportador gracias a una red de gas y a renovables. Ahora los centros de datos tensionan la red eléctrica y los recursos hídricos. La fiscalidad local y el reparto de beneficios serán el campo de batalla para evitar que la oposición ciudadana bloquee una infraestructura esencial para la economía digital.
La lección estadounidense es clara: el apoyo al uso de la IA no implica apoyo a su infraestructura. Quien no ofrezca contrapartidas tangibles a las comunidades —empleo estable, transparencia hídrica, mejoras en la red— se arriesga a perder la batalla política. Los próximos meses dirán si España convierte sus proyectos en aliados o en adversarios de los territorios donde se instalan.
Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
