La ministra comparece para explicar la crisis sanitaria de Ceuta después de negar el colapso denunciado por profesionales. Su condición de médica debía ser una ventaja para gestionar Sanidad, pero su mandato acumula choques con facultativos, autonomías y sectores sanitarios y abre el debate sobre el peso de la ideología en sus decisiones.
Mónica García llega al Congreso en uno de los momentos más delicados desde que asumió el Ministerio de Sanidad. La responsable sanitaria deberá explicar la gestión de la crisis de Ceuta, pero su comparecencia amenaza con convertirse en un examen mucho más amplio de un mandato marcado por conflictos continuos con médicos, comunidades autónomas y distintos actores del sistema sanitario.
Ceuta representa además una prueba especialmente incómoda para la ministra. A diferencia de lo que ocurre en las comunidades autónomas, la asistencia sanitaria de la ciudad depende directamente del Estado a través de INGESA, adscrito al Ministerio de Sanidad. García no puede, por tanto, trasladar la responsabilidad asistencial a un consejero autonómico.
La crisis ha enfrentado además el diagnóstico oficial con el de los profesionales. Mientras García ha rechazado hablar de “colapso”, médicos y enfermeras han denunciado saturación, agotamiento, falta de refuerzos y una presión asistencial extraordinaria.
El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, llegó a reclamar públicamente a la ministra que abandonara los informes y comprobara personalmente la situación. “Estamos exhaustos, estamos agotados, hay médicos que están rotos emocionalmente”, denunció durante la crisis.
Una ministra médica enfrentada a los médicos
La paradoja que empieza a definir el mandato de García es precisamente su condición profesional. Llegó a Sanidad como médica anestesista y referente político de Más Madrid, presentando su experiencia dentro de la sanidad pública como una de sus principales credenciales.
Sin embargo, su relación con una parte importante de la profesión médica se ha deteriorado hasta desembocar en huelgas nacionales, manifestaciones y peticiones explícitas de dimisión por el conflicto del Estatuto Marco.
“Una ministra que además es médica debería partir con una ventaja extraordinaria porque conoce desde dentro el funcionamiento asistencial. Esa ventaja desaparece si el criterio técnico queda subordinado al posicionamiento político y al relato”, explica a Merca2 un experto en gestión sanitaria.
La misma fuente considera que la acumulación de frentes empieza a revelar un problema de gestión: “Cuando un Ministerio mantiene conflictos simultáneos con médicos, comunidades autónomas, mutualistas y diferentes sectores sanitarios, ya no puede atribuirse todo a resistencias externas. Hay que analizar la gobernanza, la capacidad de negociación y la ejecución”.
El Estatuto Marco es probablemente el ejemplo más visible. Miles de médicos han salido a la calle, se han sucedido las huelgas y las comunidades autónomas llegaron a reclamar a Sanidad la reapertura de un diálogo efectivo con los facultativos.
A ello se han añadido las polémicas del MIR 2026, el enfrentamiento alrededor de MUFACE, la negativa a financiar nuevos medicamentos contra el alzhéimer y el debate sobre la colaboración con la sanidad privada.
También pesa sobre la gestión económica. En los dos primeros ejercicios completos de García, 2024 y 2025, Sanidad dejó aproximadamente 504 millones de euros de crédito definitivo sin ejecutar. Una cantidad que, como equivalencia económica, representa casi cuatro presupuestos anuales completos de la sanidad pública de Ceuta.
“Ceuta es especialmente significativa porque allí el Ministerio tiene responsabilidad asistencial directa. Es probablemente una de las mejores pruebas para valorar la capacidad real de gestión de Sanidad, más allá del discurso político”, señala el experto consultado.
La comparecencia llega así en un momento en el que García necesita demostrar que su perfil político no se está imponiendo a su responsabilidad como gestora. Su mandato corre el riesgo de quedar retratado como uno de los más conflictivos de la historia reciente del Ministerio, precisamente cuando su condición de médica debería haber facilitado el entendimiento con los profesionales.
El examen del Congreso no será, por tanto, únicamente sobre Ceuta. También medirá hasta qué punto Mónica García está siendo capaz de transformar su activismo sanitario en gestión efectiva para profesionales y pacientes.
