Bruselas avala la alianza de Santander, Telefónica, ACS y SETT para una gigafactoría de IA en España con 5.000 millones.
Claves de la operación
- La Comisión Europea no ve riesgos de competencia. El visto bueno llega tras un análisis simplificado de concentraciones, según El Economista.
- La inversión asciende a 5.000 millones de euros. El proyecto se ubicará en Móra la Nova (Tarragona) y combinará capital público y privado.
- España opta a una de las siete gigafábricas europeas. Bruselas movilizará 30.000 millones y ha recibido 77 propuestas de 16 Estados miembro.
La puja europea por las gigafábricas de IA
La Unión Europea busca recuperar terreno frente a Estados Unidos y China. Para ello ha dotado un programa de 30.000 millones de euros, de los que 10.000 son fondos públicos y 20.000 proceden de la industria. En esa estrategia, la inteligencia artificial es prioritaria.
El visto bueno de Bruselas llega este jueves y despeja la incertidumbre regulatoria antes de que termine el plazo de candidaturas. La joint venture española, participada por Telefónica, ACS, Banco Santander y SETT, tendrá una potencia inicial de entre 30 y 50 megavatios. La segunda fase alcanzará 125 megavatios a partir de 2029. El calendario de Bruselas exige iniciar la construcción a comienzos de 2027 y estar operativa en 18 meses.
El consorcio prevé que la instalación esté plenamente operativa a cierre de 2028. En la primera fase se impulsarán cuatro proyectos con 100 millones de euros; después llegarán otros 400 millones.
La localización elegida, Móra la Nova, sitúa la candidatura en Tarragona, dentro de una propuesta multisede que España presentó junto a Portugal. La operación, según Bruselas, afecta a servicios de centros de datos de terceros y contribuye a la soberanía tecnológica comunitaria.
La aprobación de Bruselas no garantiza la financiación europea, pero convierte a España en candidata con plenas garantías regulatorias.
Francia, Polonia y Finlandia compiten por el mismo dinero
La convocatoria de las siete gigafábricas sigue abierta hasta el 12 de noviembre. Bruselas ha recibido 77 propuestas de 16 Estados miembro, lo que eleva la presión sobre el proyecto español. La competencia es real.
Francia, ha comprometido 10.000 millones de euros con ocho empresas, entre ellas Orange, Capgemini y EDF. Polonia lanzó Baltic IA Gigafactory y Finlandia compite de la mano de Nokia. Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia también han presentado candidaturas.
La propuesta española movilizará cerca de 5.000 millones de euros. El Gobierno aportará 250 millones al consorcio y la Generalitat controlará el 1% del capital. Multiverse Computing tendrá un 4%.
Lo que la alianza se juega en el mercado español
El consorcio reparte el capital de forma singular. Telefónica, ACS y Santander suman, a partes iguales, un 15,67% cada uno. El Estado ostenta el 48% a través de SETT, la conocida como SEPI Digital. La participación privada alcanza el 51% del capital, mientras la pública se queda en el 49%.
Para Telefónica, el proyecto encaja con su reconversión desde el negocio de telecomunicaciones hacia los centros de datos y la infraestructura digital. La operadora ya compite con Cellnex o los operadores neutros en el despliegue de fibra, pero esta alianza le da una posición inédita en la carrera europea por la IA.
ACS, por su parte, aporta capacidad constructora e industrial. Santander introduce el músculo financiero y su experiencia en pagos y digitalización. La participación del Estado, a través de SETT, refuerza la apuesta pública por un sector estratégico que Bruselas considera clave para no depender de proveedores de fuera de la UE.
España no parte de cero. La llegada de los hyperscalers estadounidenses, como AWS o Azure, ha multiplicado la inversión en centros de datos en Aragón y Madrid. La gigafactoría se integraría en ese ecosistema, aunque su gobernanza público-privada marca una diferencia relevante frente a los proyectos puramente privados.
El riesgo es la competencia abierta: 77 candidaturas y un plazo hasta el 12 de noviembre. Francia ya ha comprometido el doble de inversión privada. España parte con una ubicación relevante y una estructura público-privada sólida, pero la decisión final dependerá de criterios técnicos y de eficiencia energética.
El calendario no admite demoras. Bruselas quiere construcción a inicios de 2027 y operatividad en 18 meses. Si la candidatura no resulta elegida, el consorcio tendrá que decidir si mantiene la inversión o reorienta sus planes.
