El Gobierno italiano ha rechazado este viernes el ultimátum de 48 horas lanzado por España para que retire los controles fronterizos impuestos a los viajeros procedentes de territorio español. La suspensión temporal de Schengen, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se mantendrá —según ha confirmado el Ejecutivo de Giorgia Meloni— al menos hasta el próximo 15 de agosto, en plena temporada alta turística.
La decisión, comunicada tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana, afecta al tráfico aéreo y marítimo entre ambos países y ha generado inseguridad jurídica para las compañías de transporte. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había convocado al embajador italiano y exigido un trato equiparable al del resto de ciudadanos europeos, pero Roma insiste en que la medida es necesaria para eliminar por completo los riesgos de seguridad y terrorismo.
Desde Moncloa denuncian que se trata de una decisión sin precedentes en la historia reciente del espacio Schengen: “Se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras ni a la verdad”. Además, el Ejecutivo español subraya que la práctica totalidad de los migrantes que accedieron irregularmente a Ceuta ya ha retornado a Marruecos y que la ciudad autónoma cuenta con un régimen especial que impide la libre circulación hacia el resto de Europa.
Italia, por su parte, descarta cualquier marcha atrás antes del 15 de agosto. En un comunicado oficial, el Gobierno de Meloni afirma que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional” y vincula el fin de los controles a la desaparición de los riesgos detectados. Prevé, de hecho, una nueva oleada migratoria en Ceuta alrededor de esa fecha y quiere tener la certeza de que no habrá peligro para su territorio.
El pulso entre Roma y Madrid deja en una situación delicada a todos los actores del transporte de pasajeros. Las aerolíneas que operan las rutas entre España e Italia, como Ryanair, Vueling e Iberia, han visto cómo en apenas unos días se disparaban las consultas y cancelaciones, al tiempo que las autoridades portuarias de Barcelona, Valencia y Baleares registraban retrasos en los embarques hacia destinos italianos. El temor a represalias —España ya advirtió de que adoptaría “medidas proporcionales” si Italia no rectificaba— introduce un riesgo regulatorio difícil de cuantificar para un sector que en agosto mueve millones de euros.
Italia mantiene los controles pese a que la práctica totalidad de los migrantes de Ceuta ya ha retornado a Marruecos, y la ciudad autónoma tiene un régimen Schengen especial que impide la libre circulación.
Los datos de Frontex, citados por Moncloa, apuntan a que Italia ha sido el Estado miembro con más cruces irregulares en los últimos años, y que desde 2022 no cumple el Reglamento de Dublín, lo que genera una carga adicional para el resto de socios. A pesar de ello, el Gobierno español recuerda que nunca ha introducido controles para Italia y que ha acogido migrantes procedentes de Lampedusa y de la ruta del Mediterráneo central.
Para el sector turístico, el conflicto llega en el peor momento del año. Agosto concentra una parte sustancial de las reservas de paquetes vacacionales, circuitos culturales y cruceros que conectan España con Italia, dos de los destinos más visitados del Mediterráneo. La imposibilidad de saber si un vuelo comprado hoy se verá afectado por restricciones adicionales o si una eventual escalada diplomática endurecerá aún más los controles está frenando decisiones de última hora y generando un sobrecoste en seguros de viaje y gestión de incidencias.
Aerolíneas y turismo, los grandes damnificados del pulso Roma-Madrid
Las patronales del transporte aéreo ya han trasladado su malestar a la Comisión Europea, aunque Bruselas se mantiene por ahora en un discreto segundo plano. La reintroducción de controles Schengen por parte de un Estado miembro contra otro sin notificación previa ni causa justificada según el acervo comunitario supone, en opinión de varios expertos consultados, un precedente peligroso. “Si se normaliza, cualquier país podrá cerrar sus fronteras a otro con un pretexto migratorio o de seguridad, sin las salvaguardas del Código de Fronteras”, señala un analista de transporte europeo.
Mientras tanto, las aerolíneas de bajo coste, que operan con márgenes muy ajustados y una programación cerrada con meses de antelación, son las más expuestas. Un portavoz de Ryanair ha indicado que los retrasos y las cancelaciones de última hora en los enlaces con Italia se están cubriendo con el protocolo de contingencia, pero advierten de que no pueden absorber indefinidamente el coste de una disputa diplomática ajena a su actividad. En el negocio marítimo, las navieras que cubren las rutas Barcelona-Génova, Palma-Nápoles o Valencia-Civitavecchia han reforzado los equipos de atención al cliente y temen que la tensión se prolongue más allá del 15 de agosto si Italia decide prorrogar los controles.
Análisis: Schengen como arma política y el coste económico del cortocircuito entre Italia y España
Lo que está ocurriendo trasciende la anécdota veraniega. Por primera vez en décadas, un socio fundador de la UE suspende Schengen contra otro país comunitario sin que medie una crisis migratoria en las fronteras nacionales del afectado, sino utilizando como pretexto un episodio localizado en una ciudad autónoma con un estatuto especial. Es un movimiento que, más allá de la retórica de seguridad nacional, tiene una lectura estrictamente política: Meloni necesita proyectar firmeza frente a su rival ultraderechista Vannacci y la crisis de Ceuta le ha proporcionado una oportunidad de oro para hacerlo sin coste interno.
El problema es que el coste se traslada a las empresas y a los ciudadanos. Si España cumple su amenaza de represalias y aplica medidas proporcionales —la más obvia sería introducir controles fronterizos para los viajeros que lleguen de Italia— el cortocircuito bilateral puede ralentizar el tráfico de personas y mercancías justo cuando el turismo europeo intenta dejar atrás las secuelas de la pandemia. Las estimaciones más conservadoras hablan de un impacto de varios cientos de millones de euros si la situación se enquista, sobre todo por la caída de las reservas de última hora y el encarecimiento de los seguros de cancelación.
En Moncloa confían en que la actitud de Italia se suavice antes del domingo, fecha límite del ultimátum, o que Bruselas intervenga para recordar a Roma que el espacio Schengen no puede suspenderse de forma unilateral con argumentos que la propia Comisión podría considerar infundados. Sin embargo, la experiencia demuestra que las crisis mediterráneas de este tipo rara vez se resuelven en tiempo récord. Mientras tanto, las empresas de transporte y los viajeros quedan atrapados en un fuego cruzado que ninguno de los dos gobiernos está midiendo en términos económicos. Y en pleno agosto, cada día de incertidumbre tiene un precio más alto que el anterior.
