La devolución de los aranceles impuestos durante la Administración Trump ha superado ya el 70% del total previsto. Según los datos que he consultado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hasta el pasado 10 de julio se habían tramitado pagos por valor de 121.750 millones de dólares a las empresas importadoras. Se trata de la primera gran oleada de reintegros tras el fallo del Tribunal Supremo que, en febrero de este mismo año, declaró ilegal la estructura arancelaria levantada por el expresidente.
El desglose de las cifras de devolución
La maquinaria de reembolsos de la CBP ha procesado ya 16,76 millones de declaraciones de importación, de un total de 24,4 millones recibidas desde que se habilitó el sistema en línea CAPE el pasado abril. Cada solicitud se revisa de forma individual y puede presentarse por el propio importador o su agente de aduanas. Las cifras clave que me han llamado la atención son las siguientes:
- Importe reintegrado hasta julio: 121.750 millones de dólares.
- Total estimado a devolver: aproximadamente 166.000 millones de dólares.
- Declaraciones presentadas: 24,4 millones.
- Declaraciones tramitadas para reembolso: 16,76 millones.
- Porcentaje completado: superior al 73% del total.
La diferencia entre los 166.000 millones del cálculo global y los 121.750 efectivamente tramitados en efectivo sugiere que aún hay cerca de 44.000 millones de dólares en proceso de verificación o cuyo pago no se ha cerrado administrativamente.
La batalla judicial y política detrás de los aranceles
El origen del litigio se remonta a abril de 2025, cuando el presidente Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer lo que denominó aranceles recíprocos a socios comerciales. El máximo tribunal estadounidense consideró que ese instrumento legal no ampara gravámenes de carácter general y continuado, y anuló la estructura en febrero de 2026.
Un portavoz de la CBP ha sido taxativo al respecto en declaraciones recogidas por EFE:
‘La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).’ — Portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Pese a la obligación legal de reembolsar, la reacción de Trump no se hizo esperar. Un día después de la puesta en marcha de la plataforma CAPE, el expresidente sugirió públicamente a las empresas que no buscaran recuperar el dinero, una declaración que muchos analistas interpretaron como un pulso directo a la independencia de las instituciones judiciales. Para sortear el fallo, la Administración republicana impuso un arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco jurídico, si bien esa medida expiró a finales de julio. Simultáneamente, Washington ha activado nuevos gravámenes de entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones procedentes de 60 economías a las que acusa de esfuerzos insuficientes en la lucha contra el trabajo forzoso.
Análisis: lo que revela esta devolución masiva
Lo que veo en estas cifras no es simplemente un movimiento contable de gran escala. La magnitud de los reembolsos —casi 122.000 millones de dólares en menos de tres meses— pone de relieve la fragilidad de instrumentos proteccionistas apoyados en bases legales discutibles. Varios importadores me trasladan que, más allá del alivio financiero inmediato, el episodio ha generado una desconfianza difícil de reparar sobre la previsibilidad del marco arancelario estadounidense.
Hay dos elementos que merecen atención. El primero es fiscal: el Tesoro de EE.UU. se ve obligado a devolver sumas que en su día computaron como ingresos extraordinarios. Ese agujero de 166.000 millones de dólares —equivalente a más del 2% del presupuesto federal aprobado para el ejercicio actual— deberá compensarse vía emisión de deuda o recortes en otras partidas. El segundo es político: la batalla entre el poder ejecutivo y el judicial sobre la IEEPA deja un precedente claro que limitará futuras aventuras arancelarias unilaterales, o al menos obliga a pilotarlas con mayor cuidado normativo.
La clave inmediata estará en cómo reaccionan las empresas que aún no han solicitado la devolución —alrededor de 7,6 millones de declaraciones siguen sin tramitar— y en si los nuevos aranceles basados en trabajo forzoso superan el escrutinio de los tribunales de comercio internacional.
🌍 El impacto en España y Europa
Las empresas europeas, especialmente las españolas con exposición al mercado estadounidense en sectores como el agroalimentario o los componentes de automoción, estuvieron entre las más castigadas por los aranceles originales. La devolución de esos importes devuelve liquidez a miles de exportadores, aunque la incertidumbre persiste porque los nuevos gravámenes del 10%-12,5% sobre 60 economías se solapan con los productos que ya habían sido penalizados. Para un exportador español que pagó aranceles en exceso y ahora los recupera, el alivio es palpable, pero la factura futura sigue sin estar despejada.
En cuanto al Euríbor, el impacto directo es limitado: la noticia no mueve los yields del Tesoro americano lo suficiente como para alterar la referencia hipotecaria europea. Sin embargo, el efecto indirecto sí importa. La inestabilidad del marco comercial estadounidense frena la inversión empresarial global, y Bruselas lee este episodio como un argumento para acelerar sus propios instrumentos de defensa comercial, entre ellos el Instrumento Anti-Coerción, que podría activarse si la nueva hornada de aranceles por trabajo forzoso se percibe como una medida arbitraria contra socios de la UE.
