En la última década, España ha declarado un tercio menos de incendios que en la anterior. Los medios de extinción apagan el 70% de los siniestros antes de que quemen una sola hectárea. Y, sin embargo, 2025 se cerró con 355.000 hectáreas calcinadas, el peor registro del siglo, y 2026 va camino de superarlo: el incendio de Ávila ya es el mayor de la historia reciente del país. La paradoja tiene una explicación económica tan sencilla como perturbadora: apagar una hectárea cuesta 20.000 euros; prevenir que arda, apenas 500. Gastamos 40 veces más en extinguir que en evitar.
Los datos, recopilados por un amplio reportaje de El Confidencial, desmontan cualquier coartada. España es líder europeo en dispositivos de extinción: brigadas, aviones anfibios, protocolos de evacuación. Pero el paisaje que esos medios combaten ya no es el de hace medio siglo. El vaciado rural convirtió el mosaico de cultivos y pastos —que actuaba como cortafuegos natural— en una masa continua de vegetación colonizadora, homogénea y altamente inflamable.
La paradoja del monte español: menos fuegos, más hegemonía del fuego
“Antes, quien tenía un bosque tenía un pozo de petróleo; hoy es una maldición”, resume el periodista José Luis Gallego. El ingeniero forestal Celso Coco pone la lupa técnica: “España pasó de ser eminentemente rural a urbana, y esas zonas de cultivo abandonadas fueron ocupadas por vegetación muy susceptible de sufrir incendios de gran virulencia”. El resultado es un monte que ya no se puede apagar con medios convencionales.
Lourdes Hernández, autora del informe de WWF sobre incendios extremos, lo explica sin ambages: “Por más aviones, por más brigadas, estos grandes incendios se van a apagar cuando cambian las condiciones meteorológicas o cuando entran en zonas donde no queda nada por quemar”. La lección es amarga: el dispositivo de extinción está diseñado para fuegos de otra época, no para los megaincendios que hoy arrasan miles de hectáreas en horas.
El coste real de apagar frente a prevenir: una brecha insostenible
La factura pública se concentra de forma abrumadora en la extinción. Cada hectárea que arde supone movilizar medios aéreos, terrestres y humanos por valor de 20.000 euros. En cambio, una actuación preventiva —limpieza de montes, fajas cortafuegos, quemas controladas— se queda en 500 euros por hectárea. La proporción, 40 a 1, trasciende el ámbito forestal y se convierte en un indicador de ineficiencia estructural del gasto público.
“Lo de la prevención no sale en las noticias, no se inaugura, no se corta una cinta, como sí se inaugura un avión”, denuncia Gallego. Esa lógica electoral empuja a los responsables políticos a priorizar lo visible —hidroaviones, helicópteros, comparecencias ante las llamas— frente a lo invisible pero mucho más rentable: un paisaje gestionado que no arda con virulencia. El resultado es un círculo vicioso en el que cada gran incendio alimenta más gasto en extinción y perpetúa el abandono del monte.
La prevención cuesta 40 veces menos que la extinción, y sin embargo apenas recibe atención presupuestaria porque no genera imágenes para el telediario.
Análisis: La paradoja económica que alimenta el fuego
La lectura económica de estos datos resulta incómoda para la política forestal española. 2026 avanza hacia un récord de superficie arrasada porque las condiciones se han agravado: sequía prolongada, olas de calor más tempranas, masas forestales continuas y falta de inversión preventiva acumulada durante décadas. El incendio de Ávila —el mayor de la historia reciente— no es un accidente, sino la consecuencia esperable de un modelo insostenible que prioriza el bombero sobre el gestor del monte.
Sin embargo, no estamos condenados a repetir la catástrofe. Sabemos por qué ocurre y qué soluciones funcionan. “Lo que nos hace falta es voluntad política”, zanja Hernández. Esa voluntad implicaría redirigir partidas desde el gasto reactivo hacia la prevención, y hacerlo con la misma determinación con la que se aprueban los decretos de emergencia cuando el fuego ya está encima. De lo contrario, seguiremos pagando 20.000 euros por hectárea calcinada mientras nos negamos a invertir 500 para que no arda.
La pregunta, por tanto, no es si volverá a pasar un año como 2025 o peor. La pregunta es cuánto tiempo más estará dispuesta la sociedad a financiar un esquema que quema más dinero del que ahorra. Porque mientras la extinción domine el presupuesto y la prevención siga siendo la hermana pobre, cada verano arderán hectáreas, recursos y credibilidad.
