España arde. Los datos de este verano dibujan un panorama desolador: a 26 de julio, las llamas han calcinado 152.678 hectáreas, seis veces más que en todo 2025, y han obligado a evacuar a 115.000 personas. El coste económico de esta devastación –que va de la extinción a la pérdida de cultivos y pastos– ha disparado las alarmas en las administraciones y el sector asegurador. Mientras la emergencia climática ocupa el discurso político, la realidad del monte abandonado y la ausencia de gestión forestal se traducen en una factura millonaria que el país no puede seguir ignorando.
El coste inmediato: más de 450 millones solo en apagar el fuego
Las labores de extinción de los 32 grandes incendios registrados hasta ahora están disparando el gasto público. Según estimaciones del sector, el coste medio de combatir un incendio forestal de gran envergadura ronda los 3.000 euros por hectárea, lo que situaría la factura de este año por encima de los 450 millones de euros solo en medios aéreos y terrestres. A esa cifra hay que sumar las indemnizaciones del seguro agrario y de hogar, que en el último ejercicio completo pagaron más de 160 millones por siniestros de incendio en el campo. La destrucción de pastos, madera y cosechas deteriora los ingresos de los municipios rurales y hunde la economía de comarcas enteras, como la abulense o la Valldigna.
Y el impacto indirecto es aún mayor. La interrupción del turismo y la pérdida de servicios ecosistémicos elevan el daño real a más de 30.000 euros por hectárea, según la Asociación de Empresas Forestales. Mientras, las partidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para atender la emergencia nacional compiten con otros capítulos presupuestarios en un momento en que la consolidación fiscal marca la agenda. Cada euro quemado en apagar incendios es un euro que no se invierte en prevención, lo que alimenta un círculo vicioso tantas veces denunciado como desoído.
La guerra del monte: ¿falta de gestión o cambio climático?
Mientras el presidente Pedro Sánchez pedía un pacto de Estado contra la emergencia climática desde Navaluenga (Ávila), en las redes y los pueblos la indignación apuntaba a otro culpable: el abandono del monte. Las prohibiciones burocráticas y la falta de limpieza, denuncian ganaderos y vecinos, han convertido el territorio en un polvorín. «Nos prohíben hacer gestión tradicional», clamaba una mujer de Guadalajara, «y luego echan la culpa al cambio climático». La ciencia, sin embargo, no elige bando: suma. El investigador Víctor Resco de Dios sentencia: «El ‘climatismo’ es tan peligroso como el negacionismo; achacar todos nuestros males al cambio climático es una excusa». El abandono rural hace que cada hectárea acumule hasta tres toneladas extra de biomasa al año, según los ingenieros forestales.
En paralelo, el ecologismo científico ha dado un giro sorprendente. El informe Por un ecologismo del fuego de Ecologistas en Acción defiende las quemas controladas, la ganadería extensiva y la recuperación del mosaico forestal, en un alegato contra el «fuego cero» que coincide con las reivindicaciones rurales. La paradoja es mayúscula: mientras la política se enreda en discursos climáticos y las redes exigen motosierras, técnicos y ecologistas comparten diagnóstico y receta. Lo que falta es voluntad –y presupuesto– para aplicarla.
Sin gestionar al menos 250.000 hectáreas al año, los megaincendios serán inevitables y cada vez más caros. La prevención cuesta diez veces menos que la extinción y además genera empleo.
Prevenir en vez de apagar: la asignatura económica pendiente
Las cuentas son claras. Limpiar una hectárea de monte cuesta entre 400 y 800 euros, frente a los más de 3.000 que cuesta apagarla. Si se intervinieran las 250.000 hectáreas estratégicas que recomiendan los técnicos –apenas el 1% del territorio–, la inversión anual rondaría los 200 millones de euros, muy por debajo de lo que ya se ha gastado este verano en extinción. Y la biomasa extraída podría alimentar calderas y generar energía renovable, creando empleo rural estable. La ecuación es rentable.
Sin embargo, esa inversión sigue sin aparecer en los presupuestos generales. Los fondos europeos para restauración forestal se ejecutan con lentitud, y las administraciones autonómicas carecen de planes plurianuales. La realidad es que es más fácil obtener recursos para apagar un fuego que para prevenirlo, porque la extinción es urgente y visible, mientras que la limpieza del monte es callada y sus resultados se ven a largo plazo. Pero el coste de no actuar se está disparando. A fecha de hoy, con 152.678 hectáreas arrasadas y el verano aún por delante, la pregunta no es cuánto nos va a costar esta temporada, sino cuándo empezaremos a gastar en lo que de verdad evita el desastre.
