EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha sacado a consulta pública su nuevo Plan de Vivienda con el objetivo de construir 10.000 VPO anuales.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Vivienda, liderada por Pablo Rodríguez, y la patronal de Las Palmas, que condiciona el éxito a la financiación estatal y a la reducción de trámites.
- ¿Qué impacto tiene? El plan moviliza oferta asequible, incentiva a promotores privados, refuerza la rehabilitación y busca aliviar la presión sobre el alquiler en las islas.
El Gobierno de Canarias ha lanzado a consulta pública el nuevo Plan de Vivienda que aspira a levantar 10.000 viviendas protegidas cada año hasta 2030. La iniciativa, articulada en cuatro ejes, sacude el mercado del alquiler insular al introducir por primera vez un capítulo específico de incentivos a la promoción privada de VPO.
Los cuatro ejes que vertebran la ofensiva de las 10.000 VPO
El borrador, al que ha tenido acceso MERCA2.ES, divide la estrategia en oferta de vivienda, rehabilitación, apoyo a la financiación y al alquiler, e incentivos a los promotores. El departamento de Pablo Rodríguez insiste en que todo el decreto está pensado para incrementar la oferta asequible mediante la colaboración público‑privada.
Dentro del primer eje, la consejería desgrana ayudas a la adquisición de inmuebles para engrosar el parque público, a la promoción directa sobre suelo público y a la vivienda cooperativa. También incluye partidas para movilizar viviendas vacías hacia el alquiler asequible y para el desarrollo y urbanización de suelo.
El segundo eje apuesta por la rehabilitación integral de edificios y la regeneración de barrios, con líneas específicas para zonas rurales y la recuperación de viviendas vacías con destino al alquiler social. El tercer capítulo refuerza las ayudas al alquiler para colectivos prioritarios, incluyendo a víctimas de violencia de género, jóvenes en emancipación y municipios de menos de 20.000 habitantes.
La patronal pide más presupuesto y menos burocracia para que las cifras no se queden en papel
María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), ha valorado el borrador pero ha recordado que sin unos Presupuestos Generales del Estado que doten de financiación al Plan Estatal de Vivienda será muy difícil avanzar. Canarias, ha señalado, necesita una inversión acorde a la magnitud del reto habitacional.
Además, la presidenta de la AECP ha reclamado “avanzar en la agilización de los procedimientos administrativos, reduciendo la burocracia que continúa ralentizando la ejecución de las obras”. La patronal ve igual de imprescindible definir “cómo se va a financiar la construcción industrializada”, una modalidad que el cuarto eje del plan sí menciona como vía para acelerar las promociones.
Sin financiación estatal y sin un atajo a la burocracia, el plan de las 10.000 VPO corre el riesgo de quedarse en un catálogo de buenas intenciones.
El cuarto eje del plan,, que introduce ayudas a los promotores tanto para vivienda protegida tradicional como para construcción industrializada, es el más novedoso. La consejería de Vivienda ha previsto también partidas para incentivar sistemas constructivos más rápidos, en línea con lo que reclama el sector.
La Ficha del Inversor
El objetivo de 10.000 VPO anuales supone un salto cuantitativo relevante para el archipiélago. Canarias, con una demanda embalsada de vivienda asequible y uno de los alquileres más tensionados del país, llevaba años reclamando un plan ambicioso. La métrica clave es la tasa de ejecución: hasta ahora, los sucesivos planes autonómicos apenas han rozado una media de 2.500 VPO al año. Multiplicar esa cifra por cuatro exige un encaje presupuestario y administrativo que la patronal no da por descontado.
La tendencia a seis meses dependerá de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Si el Gobierno central asigna partidas suficientes y la comunidad autónoma acelera la licitación de suelo, los inversores especializados en Build to Rent o en vivienda cooperativa pueden encontrar un nicho en las islas. En el escenario contrario, el mercado descontará que la meta se queda sobre el papel y la presión alcista del alquiler podría prolongarse.
El perfil más recomendado para esta jugada es el promotor local que conoce el terreno y las cooperativas de vivienda. Para inversores institucionales, la operación tiene más sentido a medio plazo, una vez que el primer eje presupuestario esté despejado y se caliente suelo finalista. La construcción industrializada, si llega a financiarse con líneas específicas, abre una ventana adicional para fondos especializados en tecnología de la edificación.
Históricamente, planes similares lanzados en comunidades como Cataluña o Madrid se han topado con el cuello de botella de la falta de suelo y la demora administrativa. El salto de Canarias es, en esencia, una apuesta por romper esa inercia. La clave estará en si la colaboración público‑privada que predica Rodríguez se traduce en calendarios concretos de licitación o se diluye en trámites. Mientras, el próximo hito tangible será la presentación del proyecto presupuestario estatal en el último trimestre del año.
