La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha impuesto multas por un total de 200.000 dólares a ocho empresas que, según sus sospechas, actuaban como fachada de la china DJI para reintroducir drones y cámaras vetados en Estados Unidos. Las sanciones, de 25.000 dólares por entidad, llegan tras meses de escrutinio sobre el uso de tapaderas para eludir la prohibición federal a los equipos aéreos no tripulados de origen chino.
Claves de la operación
- La FCC impone 200.000 dólares en multas a ocho compañías que habrían funcionado como estructuras frontales de DJI. Son 25.000 dólares por cada una.
- Las firmas disponen de diez días naturales para responder —hasta el 20 de julio— a los cuestionarios del regulador antes de que tome medidas adicionales.
- El caso desnuda la red de ‘front companies’ que habilitan a DJI a seguir comercializando productos prohibidos en el mercado estadounidense, pese a las restricciones existentes desde 2019.
La caza de las empresas fantasma en el ecosistema de los drones
La investigación de la FCC apunta a agentes distribuidores que, bajo marcas alternativas, estarían revendiendo equipos de DJI con ligeras modificaciones o directamente etiquetados bajo otros nombres. Dos de estos nombres, Xtra y Skyrover, ya habían sido identificados por esta redacción hace un año como vehículos que reintroducían las populares cámaras Osmo Pocket y drones camuflados en el mercado estadounidense. El modus operandi es sencillo: una empresa local compra los productos de DJI en otro mercado y los redistribuye con una marca blanca, evitando los controles aduaneros que bloquean las importaciones directas de la compañía china.
La lista de sancionados incluye a Cogito Tech, Fixaxo Technology y otras seis entidades cuyos detalles completos no han sido divulgados, pero que comparten un patrón común: falta de presencia corporativa real y domicilios opacos. En un comunicado, la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, ha insistido en que el organismo no tolerará “artilugios corporativos” para burlar las salvaguardas de seguridad nacional.
Lo que diferencia esta intervención es la estrategia: no se persigue a DJI directamente, sino a los nodos de distribución local que alimentan el bypass. Con multas individuales, la FCC pretende disuadir la proliferación de microestructuras que diluyen la responsabilidad.
El tablero geopolítico: Washington aprieta, Shenzhen se multiplica
La sanción no es un gesto aislado. Forma parte de una escalada regulatoria que comenzó en 2019 con la Sección 889 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), que prohibió a las agencias federales adquirir drones chinos. Desde entonces, el veto se ha extendido a infraestructuras críticas y a contratistas que trabajen con el gobierno. DJI controla aproximadamente el 70% del mercado mundial de drones de consumo y profesionales, por lo que el cierre del mercado estadounidense representaría un golpe de cientos de millones de dólares en ingresos.
Este movimiento de la FCC añade un nuevo frente: la lucha contra las denominadas front companies, versiones corporativas de lo que en ciberseguridad serían “servidores proxy”. Konrad Iturbe, el analista que acuñó el término “empresas fantasma de DJI”, señalaba en 2025 que la compañía china emplea al menos una docena de marcas interpuestas para mantener su presencia en EE.UU.
En paralelo, la industria estadounidense de drones —encabezada por Skydio y algunas divisiones de grandes contratistas como Boeing— presiona para que el gobierno endurezca los controles a la competencia china. La gran duda es si la oferta nacional podrá cubrir el hueco de DJI en calidad y precio; los drones chinos gozan de una reputación de fiabilidad y un ecosistema de software que los fabricantes locales aún no han igualado.
La FCC pone precio a la picaresca corporativa: 25.000 dólares por cada estructura que oculte la verdadera procedencia de los drones.
La fecha del 20 de julio se presenta como un punto de inflexión. Si las ocho empresas no responden de manera satisfactoria, la FCC ha advertido de que podría escalar las sanciones o remitir el caso al Departamento de Justicia. Lo que está en juego, en el fondo, es la credibilidad de la prohibición: si es factible burlarla con un simple cambio de etiqueta, el bloqueo se convierte en papel mojado.
Una regulación que redibuja el mapa de la industria de drones en EE.UU.
El antecedente no por conocido es menos relevante: la administración estadounidense lleva años señalando a DJI como un riesgo para la seguridad nacional, alegando que sus drones pueden transmitir datos a servidores chinos. DJI siempre ha negado categóricamente estas acusaciones y presentó en 2023 una demanda contra el Departamento de Defensa. Sin embargo, la dinámica geopolítica ha hecho inviable su defensa en el Capitolio.
Desde la óptica del mercado, la ofensiva contra las empresas fantasma supone un balón de oxígeno para la competencia local. Skydio, valorada en más de 2.200 millones de dólares en su última ronda, ha multiplicado sus contratos con agencias gubernamentales, pero todavía depende de componentes asiáticos. La paradoja es evidente: el ecosistema de drones estadounidense carece de la capacidad de producción de DJI, y las propias sanciones de la FCC podrían encarecer los dispositivos para usuario final si se reduce la oferta.
En nuestra lectura, la cascada de multas de 200.000 dólares es un aviso moderado. La FCC ha optado por un mensaje simbólico —con sanciones individuales reducidas— que deja espacio para la negociación antes de la fecha límite. Habrá que observar cómo reaccionan las sancionadas: un cese inmediato de actividad o una batalla judicial que mantenga vivo el bypass.
El 20 de julio sabremos si la multa se convierte en el primer escalón de una estrategia de erradicación o si, como en otras ocasiones, las tapaderas corporativas mutan más rápido que la letra de la ley.
