La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por los presuntos encargos ilegales al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La decisión del juez Antonio Piña sitúa al banco ante una posible multa de 181 millones de euros y a su antiguo máximo responsable frente a una petición fiscal de 173 años de cárcel, en una causa que cuestiona los sistemas de control interno de la entidad durante más de una década.
El auto judicial: cohecho, revelación de secretos y una fianza de 1,17 millones
Según el auto de apertura de juicio oral de la pieza 9 del ‘caso Tándem’, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atribuye a BBVA 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de uno de cohecho. A González le imputa cohecho activo y pasivo, 42 delitos de revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Para Villarejo, el instructor reserva otros tantos tipos penales y la misma cifra de revelación de secretos.
Piña fija una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles de los acusados. Los imputados tienen un plazo de tres días para depositar esa fianza antes de que se proceda al embargo preventivo de sus bienes. A partir de este momento, las defensas dispondrán de diez días para presentar sus escritos y proponer las pruebas que quieran hacer valer en la vista oral.
La Fiscalía reclama, además de los 173 años de prisión para González y los 174 para Villarejo, una multa de 181 millones de euros para la persona jurídica, una de las sanciones económicas más elevadas jamás solicitadas a una empresa del Ibex 35 por hechos de esta naturaleza. El proceso, que acumula un historial de recursos, dio un paso definitivo el 20 de febrero de este año cuando la propia Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de todos los investigados.
El Grupo CENYT: el oscuro brazo operativo del comisario Villarejo
La contratación de los servicios de CENYT, el entramado empresarial de Villarejo, no fue un hecho aislado. El juez instructor sitúa el origen de la relación en septiembre de 2002, cuando BBVA fichó al antiguo comisario Julio Corrochano, a quien ahora también envía a juicio. Corrochano, con la aquiescencia de González, funcionó como enlace entre el banco y sus antiguos compañeros policías, entre ellos el propio Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa de la Policía Nacional.
A través de ese conducto, el BBVA contrató diferentes proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, pinchazos telefónicos, accesos a bases de datos restringidas e investigaciones patrimoniales sobre empresarios, abogados, periodistas y otras personas ajenas a la actividad bancaria. El magistrado subraya en el auto que estos métodos constituían un recurso «anómalo e ilegal» que el banco utilizó con «total discreción y opacidad», al margen de cualquier programa de control interno.
Villarejo, haciendo un uso fraudulento de su puesto en necesidades operativas de la Policía Nacional, explotó una estructura empresarial con la que se lucró aprovechando la confianza de muchos de sus compañeros. La ausencia de filtros dentro de la entidad permitió, según el juez, que un núcleo muy reducido de altos directivos de los servicios centrales corporativos conociera y amparara los encargos sin que saltara ninguna alarma de cumplimiento normativo.
El epicentro del caso no es solo penal: la sombra de los encargos pone en cuestión los sistemas de control interno del banco durante más de una década.
La posición de BBVA y el impacto sobre el control corporativo
Tras conocerse la apertura del juicio oral, fuentes de BBVA trasladaron a Europa Press que la entidad «siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal» para la empresa. Cabe recordar que el banco ha apostado en los últimos ejercicios por reforzar su estructura de cumplimiento, separando claramente la gestión actual de la etapa de Francisco González, quien abandonó el cargo en diciembre de 2018. Sin embargo, la personación de la entidad como acusada en la fase de juicio oral supone un trago incómodo para un valor que cotiza en el Ibex 35 y que depende de la confianza de inversores internacionales.
La multa de 181 millones de euros, de imponerse, equivaldría a cerca del 0,3% de la capitalización actual del banco, por lo que el impacto en el balance de forma directa sería asumible. Distinto es el daño reputacional que puede generar en mercados donde la percepción de riesgo legal penal de una cotizada despierta de inmediato el escrutinio de los fondos de inversión más estrictos en materia de gobernanza, como Norges Bank o los grandes gestores indexados.
Un precedente que pone a prueba la responsabilidad penal de las corporaciones del Ibex
El juicio oral contra BBVA sitúa la responsabilidad penal de las personas jurídicas de nuevo en el primer plano del debate corporativo español. Aunque la legislación permite exigir cuentas a las empresas desde la reforma del Código Penal de 2010, los precedentes en grandes cotizadas son escasos y casi siempre con resultados dispares. El caso de Bankia, con responsabilidades civiles y penales que salpicaron a varios exdirectivos, demostró que los procesos judiciales de esta naturaleza pueden alargarse años sin que el negocio subyacente se resienta de forma estructural, siempre que la cúpula actual haya renovado por completo los órganos de gobierno.
Para los inversores, la clave estará en la evolución de las provisiones que el banco pueda verse obligado a dotar y en la posible aparición de informes de firmas de asesoría de voto (proxy advisors) que recomienden un voto de castigo a la dirección en la próxima junta general. Mientras no se abra una línea de responsabilidad civil que implique cuantías muy superiores a la multa solicitada, el caso probablemente se mantendrá como un factor de descuento acotado, pero con capacidad de generar volatilidad en momentos puntuales del proceso.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La presentación de los escritos de defensa en diez días y la fijación de la fecha de la vista oral, que podría conocerse en los próximos meses. Cualquier decisión sobre la fianza y posibles recursos dilatorios marcarán el ritmo del procedimiento.
- Reacción del valor: La cotización de BBVA apenas reaccionó al auto, lo que sugiere que el mercado ya descontaba la apertura del juicio. El verdadero test llegará si la multa se confirma o si surgen revelaciones adicionales durante la fase de prueba.
- Precedente sectorial: Escándalos de gobernanza en grandes bancos españoles, como el de Bankia, demostraron que las causas penales de largo recorrido no impidieron la posterior recuperación del valor, aunque sí lastraron su reputación durante el litigio y obligaron a profundas reformas en los consejos.
