España pierde fuelle. Y el diagnóstico no llega de un analista externo, sino desde la primera línea de la gran banca. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha puesto el dedo en la llaga: la inestabilidad política se ha convertido en un lastre que ahuyenta la inversión.
La advertencia del mayor banco español
La declaración, recogida por varios medios durante un acto empresarial, no es una más. CaixaBank es el banco con mayor cuota de mercado en España, con una base de clientes que supera los 20 millones y una presencia capilar en el tejido productivo. Cuando su primer ejecutivo habla de “fragmentación política persistente”, no está haciendo análisis electoral: está trasladando lo que escucha de los inversores institucionales con los que se reúne cada semana.
Gortázar lo dijo sin ambages: la fragmentación y la inestabilidad del mapa político español han reducido el atractivo del país para los capitales internacionales. No se trata de un partido concreto, sino de un clima de bloqueo legislativo y de incertidumbre regulatoria que, en su opinión, está pasando factura.
La banca, como intermediaria, tiene el pulso de la economía real. Ve cómo los grandes proyectos de inversión extranjera se frenan, se aplazan o se van a otros destinos. Y, por primera vez, un banquero del tamaño de Gortázar lo verbaliza con esta claridad.
El entorno macroeconómico español, con un crecimiento del PIB del 2,5% en 2025, no basta para compensar la señal de riesgo que emiten las crónicas políticas diarias. Los fondos soberanos, los grandes gestores de activos y las multinacionales quieren marcos estables, no sorpresas.
La certidumbre jurídica y regulatoria es el primer renglón del checklist de cualquier inversor internacional, y España lleva demasiado tiempo sin marcarlo.
¿Cuánto pesa la inestabilidad en las decisiones de inversión?
Para entender el impacto, basta con mirar los datos de inversión extranjera directa (IED). Según el Registro de Inversiones Exteriores, España captó en 2025 un total de 28.300 millones de euros en IED bruta, un 12% menos que en 2023. Aunque las cifras fluctúan por operaciones puntuales, la tendencia apunta a una desaceleración.
Los inversores no huyen de España por sus fundamentales económicos: el país sigue siendo competitivo en costes laborales unitarios, infraestructuras y acceso al mercado europeo. Pero la prima de riesgo política, ese intangible que no aparece en los modelos, está pesando más de lo que muchos admiten.
En conversaciones privadas, los responsables de banca de inversión reconocen que la mayoría de los fondos internacionales considera la estabilidad política española entre las preocupaciones principales, al mismo nivel que la seguridad jurídica en países como Italia o Brasil.
Más allá de las palabras: el coste de oportunidad para España
El aviso de Gortázar tiene un trasfondo estratégico. CaixaBank se juega mucho en la partida: si la inversión se contrae, el crédito empresarial se resiente y, con él, el margen de negocio del banco. Pero su lectura va más allá del sector financiero.
España está compitiendo con Francia, Italia y Portugal por la relocalización de cadenas de suministro y por los proyectos vinculados a la transición energética y digital. La fragmentación política añade un riesgo adicional que los competidores no tienen o tienen en menor medida.
En Portugal, donde el gobierno socialista ha gozado de estabilidad parlamentaria hasta las elecciones recientes, la percepción de estabilidad ha sido un factor diferencial. En Francia, pese al ruido, la concentración de poder en el Elíseo ofrece una imagen de continuidad. España, con una gobernanza cada vez más atomizada, sale perdiendo en la comparativa.
Me atrevo a decir que el problema no es tanto la polarización ideológica, que existe en todo Occidente, como la incapacidad de cerrar acuerdos legislativos que den horizonte a cinco o diez años. Los inversores no temen el color del gobierno, temen el bloqueo.
En el pasado, España supo atraer inversión masiva a pesar de la incertidumbre política, como ocurrió tras la crisis de 2012. Pero entonces la prima de riesgo se disparaba por el déficit público, no por la fragmentación parlamentaria. Ahora el problema es distinto y requiere soluciones distintas.
La declaración de Gortázar es un síntoma de que la preocupación ya no es exclusiva de los think tanks. Llega desde el despacho del CEO del banco con más peso retail del país. Alguien debería escuchar.
