El Gobierno inicia por vía de urgencia la audiencia pública del real decreto de centros de datos sostenibles. Lo hace con un objetivo explícito: evitar que la factura de la luz de hogares e industria acabe pagando el despliegue de estos gigantes digitales.
Los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital y Función Pública han lanzado este trámite de urgencia. El texto fijará requisitos de eficiencia energética, resiliencia hídrica y consumo renovable para las instalaciones de más de 1 MW de potencia. La ministra Sara Aagesen asegura que la normativa evitará impactos en la factura de hogares e industria, una promesa sobre la que pivota todo el diseño regulatorio.
Tres ministerios activan el trámite de urgencia del futuro decreto
España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial que estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, lo que necesitaría entre 3,5 GW y 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos superan varias veces ese objetivo. Según los datos del MITECO, desde 2021 ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones.
Ese diferencial entre capacidad concedida y capacidad necesaria ha llevado al Gobierno a establecer un filtro. La norma busca que España escoja los mejores centros de datos: aquellos que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental. Por eso fija requisitos a partir de 1 MW de potencia eléctrica, la franja con mayor incidencia territorial, hídrica y ambiental.
El proyecto normativo no nace solo. Cumple uno de los mandatos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La lógica es directa: si la demanda de centros de datos crece sin que crezca de forma proporcional la generación renovable, el sistema recurre al gas natural, suben los costes eléctricos y se reduce el incentivo para electrificar la economía.
El real decreto no regula solo eficiencia: convierte el acceso a la red en una licencia condicionada a la soberanía digital y al consumo renovable adicional.
En el apartado de resiliencia y soberanía digital, la propuesta exige que el operador del centro esté establecido en la Unión Europea, que los datos y metadatos asociados a la operación permanezcan en territorio comunitario y que los accesos desde terceros países se controlen de forma efectiva. El incumplimiento de estos requisitos puede derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red.
La adicionalidad y la correlación horaria son la principal defensa de la factura: cada megavatio nuevo renovable acompaña a cada megavatio nuevo de demanda digital.
Cómo se protege la factura de la luz: adicionalidad y penalizaciones
El núcleo energético del decreto está en la adicionalidad. Cada nuevo centro de datos deberá consumir al menos un 80% de energía renovable hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico. Ese suministro verde deberá ser adicional: por cada megavatio consumido, tendrá que instalarse un megavatio renovable nuevo en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento, ya sea mediante autoconsumo o contratos a plazo (PPA).
La verificación será hora a hora. En cada hora de operación, al menos el 80% de la electricidad consumida tendrá que ser renovable generada esa misma hora. Con esta correlación horaria se evita el maquillaje verde: no vale comprar garantías de origen de un día para utilizarlas en otro.
Los centros de datos que quieran acceder a la red deberán acreditar estos requisitos. Si incumplen, se aplicarán recargos crecientes en cargos y peajes, que compensarán el sobrecoste que el incumplimiento de la adicionalidad y la correlación horaria pudiera repercutir sobre el sistema. En el último escalón, perderán el derecho de acceso y conexión. Los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse y acreditar su cumplimiento, o tres meses si están a la espera de un concurso de acceso a la red. En ese plazo también pueden renunciar a los derechos sin que se ejecuten las garantías.
Además, los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir al MITECO sus datos de eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación anual. Los mayores de 1 MW tendrán que detallar si cumplen las mejores prácticas del código de conducta europeo sobre eficiencia energética y cómo lo hacen. El plazo para presentar alegaciones al proyecto de real decreto termina el 4 de septiembre.
España impone su propio filtro: la norma anticipa decisiones europeas
El proyecto normativo no es una anomalía aislada. El etiquetado europeo de eficiencia energética y hídrica para centros de datos, incluido en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, entrará en vigor en agosto de 2027. España ha decidido adelantarse y exigir desde ya los mismos niveles recogidos en el borrador, incluida la categoría A en Power Usage Effectiveness y Water Usage Effectiveness. Hasta que la norma europea sea aplicable, se fijan esos niveles como suelo.
Esa anticipación tiene una lectura estratégica. Compite con otras jurisdicciones europeas para atraer centros de datos, pero lo hace con criterios de selección. El despliegue desordenado ya ha mostrado sus riesgos en mercados como Irlanda, donde la demanda de data centers tensionó la red y forzó moratorias. España parte de una posición más cómoda: liderazgo renovable, suelo disponible y una geografía que interesa a los operadores globales. La norma convierte esa posición en poder de negociación.
Hay una contradicción no resuelta. Los 12 GW de derechos de acceso concedidos desde 2021 incluyen proyectos que podrían incumplir los nuevos requisitos. El decreto les da seis meses para adaptarse o renunciar sin penalización. Si muchos renuncian, se liberará capacidad de red, pero también se perderán inversiones ya comprometidas. Si muchos se adaptan, la presión sobre el desarrollo renovable será enorme: 12 GW de demanda exigiría 12 GW adicionales de generación verde y el sector renovable tiene sus propios cuellos de botella, desde la tramitación hasta la evacuación.
La prueba llegará pronto. El 4 de septiembre termina el plazo de alegaciones y, a partir de ahí, se medirá la reacción de los operadores. La industria de centros de datos no se opone por defecto a la sostenibilidad, pero sí vigila la exigencia de adicionalidad, que encarece el suministro. El decreto promete que la factura de la luz no pagará el despliegue; la incógnita es si los centros de datos estarán dispuestos a pagar ese sobrecoste o si retrasarán proyectos a la espera de que la regulación europea iguale las reglas del juego. La respuesta se verá en los próximos seis meses.
