Sam Altman quiere que el gobierno estadounidense sea accionista de OpenAI. En una propuesta difundida por el Financial Times, el director ejecutivo de la compañía ha planteado ceder un 5% de la empresa al Estado, una movida que, de materializarse, convertiría al regulador en un socio altamente interesado en los beneficios de la inteligencia artificial.
El plan, que aún esta en fase preliminar, busca que la ciudadanía obtenga un retorno financiero directo del auge de una tecnología que amenaza con destruir cientos de miles de empleos, según explicó Ana Nieto, corresponsal financiera de DW en Nueva York, durante el programa Economía en D. Pero la iniciativa también es un gesto político en un momento de relaciones tensas entre las grandes tecnológicas y la administración de Donald Trump.
El plan de Altman: un 5% de OpenAI para el Estado
La idea, esbozada por Altman, no sería exclusiva de OpenAI. El directivo propone que otras empresas de IA como Anthropic, Google o Meta sigan el mismo camino. Sin embargo, no está claro si estos gigantes estarían dispuestos a ceder parte de su propiedad al gobierno. El objetivo, según DW Español, es doble: por un lado, mejorar la relación de la industria con Washington y, por otro, repartir entre la población la riqueza que generará la automatización.
Pero el diablo está en los detalles. Como recordó Nieto, el gobierno actúa como regulador, y una participación accionarial lo colocaría en una situación de juez y parte. «De momento hay poca regulación con respecto a la inteligencia artificial y eso crea inseguridad jurídica, pero también se crea una relación en la que el gobierno puede ser juez y parte y se crucen intereses», señaló la periodista. Además, Altman aboga por unos estándares de regulación internacionales liderados por Estados Unidos, una aspiración que suena a tiempos de diplomacia más fluida.
‘La idea no es demasiado nueva: se busca la manera de que la ciudadanía se beneficie financieramente de la inteligencia artificial, una tecnología que va a destruir cientos de miles de empleos’, explicó Ana Nieto en DW.
A ese 5% de participación se suma una pregunta incómoda: ¿es mejor para el Estado obtener un dividendo minoritario o aplicar una fiscalidad eficaz sobre los gigantes tecnológicos? La corresponsal recordó que Bill Gates propuso en su día directamente gravar a las máquinas. La opción de un impuesto sobre el trabajo automatizado podría generar recursos públicos sin los conflictos de interés que supone compartir propiedad.
Alternativas: el fondo soberano de Bernie Sanders
En paralelo, el senador Bernie Sanders ha presentado una ley que apunta a una transferencia de riqueza mucho más ambiciosa. La propuesta, detallada en el programa, crearía un fondo soberano financiado con un impuesto del 50% sobre las acciones de empresas con ventas anuales superiores a los 200 millones de dólares, pagadero precisamente en acciones. El fondo sería gestionado por una comisión independiente nombrada por el presidente y aprobada por el Senado, y sus dividendos se destinarían a políticas públicas. Sin embargo, como reconoció Nieto, su viabilidad en el Congreso es dudosa: entregaría al Estado la mitad de la propiedad de las compañías y podría dictar sus directrices.
La tensión regulatoria entre EE.UU. y Europa
El debate sobre el papel del Estado en la IA no ocurre en el vacío. En la misma emisión, DW Español informó de la confirmación de la mayor multa antimonopolio de la Unión Europea: más de 4.100 millones de euros a Google por imponer la preinstalación de Chrome y Search en Android. El Tribunal de Justicia de la UE desestimó el recurso de la compañía, que ya acumula sanciones multimillonarias. Este caso ejemplifica la fricción regulatoria entre Bruselas y Washington, donde Donald Trump ha amenazado con aranceles en represalia por lo que considera ataques injustos a las tecnológicas estadounidenses.
Esta guerra comercial y regulatoria añade presión a la propuesta de Altman. Si el gobierno de EE.UU. se convierte en accionista de OpenAI, su papel como defensor de las empresas nacionales frente a la UE podría intensificarse, complicando aún más el ya delicado equilibrio global en la gobernanza de la inteligencia artificial.
¿Qué significa todo esto para el futuro de la IA?
La propuesta de Altman y las alternativas de Sanders dibujan un escenario en el que los estados buscan reapropiarse de los beneficios de una tecnología que, a menudo, se desarrolla con fondos públicos indirectos (investigación básica, infraestructura). Pero el riesgo de colusión entre regulador y regulado es evidente. Como señaló Ana Nieto, «el gobierno puede ser juez y parte». La alternativa de un marco fiscal que grave el uso de IA o la automatización podría ser más limpia, pero también más difícil de implementar en un contexto de competencia global.
Mientras tanto, la UE sigue su propio camino, imponiendo multas récord que irritan a Washington. La batalla por la regulación de la IA está lejos de resolverse, y el movimiento de Altman podría ser el primero de muchos intentos por redibujar las reglas del juego. Lo que está en juego no es solo el control de una tecnología disruptiva, sino también la distribución de la riqueza que genera.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo de DW Español:
