Los datos del sector son contundentes: uno de cada cuatro cargadores de coches eléctricos en España está fuera de servicio, una situación que las empresas de recarga atribuyen, en gran medida, al vandalismo y al robo de cable. Con 56.682 puntos de carga operativos, la red nacional arrastra una tasa de inoperatividad del 25%, lo que frena la adopción de la movilidad eléctrica justo cuando la Unión Europea aprieta el acelerador hacia la descarbonización.
Radiografía del deterioro: 56.682 puntos operativos y una cuarta parte inservible
El caso de Cantabria es un espejo de lo que sucede en muchas comunidades. Según datos de El Economista, la región cuenta con 942 puntos de recarga para vehículos eléctricos, pero 343 no están operativos. La cifra supone un 36,4% de inoperatividad, muy por encima de la media nacional, y apunta a que el mal no discrimina por ubicación geográfica.
La causa principal, según los operadores, es el robo de cable de cobre, un metal que cotiza al alza y que convierte cualquier instalación expuesta en un botín tentador. A ello se suman actos vandálicos esporádicos —pantallas rotas, conectores arrancados— que dejan los postes inservibles durante semanas, a la espera de una reparación que no siempre llega con la celeridad deseada.
Las consecuencias económicas de este goteo de inoperatividad no se limitan a la imagen: fuentes del sector calculan que la facturación perdida asciende a varios millones de euros al mes, un lastre que pocos operadores pueden soportar en solitario sin repercutir el coste a los usuarios o pedir ayudas públicas.
Un conjunto de operadores de recarga han trasladado su malestar a las administraciones regionales. Denuncian que la falta de vigilancia y la dispersión de responsabilidades entre los titulares de los puntos y las concesionarias de suelo público agravan el problema. ‘Cuando un cargador se estropea por un acto vandálico, el seguro a veces tarda meses en responder’, señalan fuentes del sector.
Los puntos de recarga ubicados en polígonos industriales apartados o en áreas de descanso mal iluminadas son los más castigados, según datos de las aseguradoras. La ausencia de cámaras de vigilancia y la facilidad para acceder al cobre convierten estos emplazamientos en objetivos fáciles.
Sin una red de recarga fiable, el coche eléctrico pierde su principal ventaja práctica. La infraestructura invisible sostiene la transición; si falla, el discurso se queda sin enchufe.
Impacto en la confianza del conductor: el eslabón que faltaba
Cada cargador inoperativo no es solo un punto menos en el mapa; es una barrera psicológica para miles de potenciales compradores de vehículos eléctricos. La fiabilidad de la red se ha convertido en el principal argumento de venta para las marcas y para los propios gobiernos, que subvencionan la instalación. Si el usuario no encuentra dónde recargar, su próximo coche volverá a ser de combustión.
Concentración empresarial, costes ocultos y el aviso de la CNMC
El problema del vandalismo se cruza con otro que ya había señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su primer informe sobre recarga: la alta concentración de la red en manos de Iberdrola y Endesa. Ambas compañías no solo operan miles de puntos, sino que también controlan la distribución eléctrica y las infraestructuras de conexión, lo que, según el supervisor, les convierte en ‘juez y parte’. Esta dualidad puede diluir los incentivos para invertir en seguridad periférica o en mantenimiento rápido cuando un cargador sufre un ataque, ya que el coste añadido no siempre se repercute proporcionalmente en sus cuentas.
Además, los robos de cable están elevando las primas de seguro y los gastos de reparación para los operadores de tamaño medio, que no pueden diluir el impacto como los gigantes. Algunas voces del sector piden que se tipifique como delito agravado el sabotaje a infraestructuras críticas de recarga, siguiendo el modelo de otros países europeos donde el robo de cobre en instalaciones estratégicas se castiga con penas de cárcel.
La transición al coche eléctrico avanza a dos velocidades: la de las ventas de vehículos, que crece, y la de la red de recarga, que tropieza. Mientras no se cierre la brecha, España corre el riesgo de ver cómo se frena uno de los sectores con más proyección de su economía industrial. El siguiente paso no puede ser solo instalar más puntos, sino hacer que los que ya existen sigan enchufados.
