Los electrointensivos en España pagan un 76% más por la electricidad que sus competidores franceses. El dato, demoledor, lo acaba de actualizar la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) en su barómetro de junio: los 68,68 euros/MWh que abona la gran industria nacional contrastan con los 38,95 euros/MWh de Francia y dejan claro que la brecha competitiva, lejos de cerrarse, se ensancha en plena transición energética.
La factura eléctrica para un electrointensivo en España es ahora mismo un 76 % más cara que en el país vecino. Si se compara con Alemania (65,15 euros/MWh), la ventaja es apenas de un 5 %, un margen que, según AEGE, se esfumaría si los costes de ajuste y las compensaciones indirectas de CO2 se tratasen en igualdad de condiciones.
68,68 euros/MWh frente a 38,95: la foto real de la brecha
Con los datos de junio sobre la mesa, el precio final que paga un consumidor electrointensivo español es 1,8 veces superior al de su homólogo francés. Traducido a euros constantes, eso supone casi 30 euros/MWh de diferencia cada hora que la producción está en marcha. Para una planta que consuma varios cientos de GWh al año, el sobrecoste acumulado equivale a millones de euros de margen reducido antes incluso de luchar por un pedido.
El diferencial no procede del mercado mayorista —el pool español cotiza con frecuencia por debajo del francés—, sino de todos los gravámenes y peajes que se acumulan aguas abajo. AEGE señala que los servicios de ajuste del sistema generan un coste adicional que ni Francia ni Alemania están imputando a sus industrias en la misma medida.
Costes de ajuste y CO2: los dos agujeros que lastran a la industria
La asociación identifica dos vectores principales. El primero: los costes por servicios de ajuste, que en España superan en más de 20 euros/MWh a los reconocidos en los otros dos grandes mercados europeos. “Son gastos que aquí se trasladan directamente al consumidor electrointensivo mientras que en Francia y Alemania o no existen o se diluyen”, resume el barómetro.
El segundo es la compensación por CO2 indirecto. Las industrias alemanas reciben ayudas sustancialmente superiores —AEGE estima que 21 euros/MWh por encima de las que percibe la industria española—, una diferencia que se explica por la indisponibilidad presupuestaria que arrastra el mecanismo de compensación español. En la práctica, esa partida actúa como un vector adicional de desventaja competitiva en pleno repunte de los derechos de emisión.
Sin ajustes adicionales, los más de 20 €/MWh de sobrecoste se traducen directamente en menos inversión industrial y pérdida de empleo en sectores estratégicos.
Una factura que lastra la competitividad industrial (y no se soluciona sola)
Llevo años cubriendo este debate y el guion se repite: cada cierto tiempo, AEGE actualiza el barómetro y los números empeoran. El Gobierno ha aprobado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, ha habilitado convocatorias de compensación de CO2 y ha reducido algunos peajes, pero el diferencial con Francia, por poner un caso, no ha dejado de crecer desde 2022.
La razón de fondo es conocida: el diseño del mercado marginalista y la política de cargos y cánones sigue siendo asimétrica dentro de la UE. Francia cuenta con una posición nuclear que le permite amortiguar los costes; Alemania, con una industria que presiona para recibir compensaciones generosas. España, mientras tanto, se mueve en una zona gris donde los electrointensivos pagan como si la energía abundase pero no reciben la protección que otros países facilitan.
Lo que muestran los 68,68 euros/MWh de junio no es un pico coyuntural, sino una tendencia que se consolida. Si los precios mayoristas repuntan en otoño —y todo apunta a que lo harán—, la factura para siderúrgicas, químicas, papeleras y cerámicas volverá a superar los 70 euros/MWh con Francia por debajo de 45. Eso no es un problema de competitividad: es una hemorragia.
Mientras las compensaciones de CO2 no se equiparen, España seguirá exportando actividad industrial hacia países con menor ambición climática.
Por eso, más allá de los datos concretos del barómetro, conviene fijarse en el mensaje que AEGE lanza entre líneas: el sistema actual penaliza a las empresas que más electricidad consumen justo cuando Europa aspira a reindustrializarse. La paradoja es evidente. Y corregirla no pasa solo por un decreto, sino por un debate serio sobre el reparto de costes entre consumidores domésticos, industria y Estado.
El próximo Consejo de Ministros podría ser una oportunidad para que el Ejecutivo concrete si va a liberar los fondos adicionales que reclaman los electrointensivos para las compensaciones de CO2. Si no lo hace, la foto de junio se repetirá en septiembre. Y con ella, las decisiones de inversión que se están tomando ahora a cientos de kilómetros de nuestras fronteras.
