La corrupción ha vuelto a salpicar a uno de los pilares del sector público empresarial español. Esta semana, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otros 24 directivos del holding público por indicios de corrupción. El caso, que Juan Ramón Rallo califica sin rodeos de «trama mafiosa del PSOE», extiende la sombra de las cloacas del Estado al entramado de empresas públicas y rescates que manejó el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
Una cúpula imputada: 25 altos cargos de la SEPI bajo sospecha
El economista describe en su último vídeo cómo la investigación apunta a un presunto pago de comisiones ilegales a cambio de acelerar un préstamo público de más de 110 millones de euros. La beneficiaria, según relata Rallo, fue la empresa de turismo Turismo Reunidos, que habría obtenido la financiación gracias a la intervención directa de la presidenta de la SEPI. No se trató de una gestión ágil por eficiencia administrativa, insiste el analista, sino de una contraprestación presuntamente corrupta que usó dinero de todos los ciudadanos.
El modus operandi recuerda inevitablemente al rescate de la aerolínea Plus Ultra, otro préstamo de la SEPI que el Estado no recuperará y que, según las sospechas de los cuerpos de seguridad, se concedió a cambio de una comisión para quien intercedió: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel episodio, subraya Rallo, fue el que encendió las alarmas de que el caso Plus Ultra no era un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un sistema organizado dentro del holding público para repartir dinero a empresas privadas a cambio de mordidas.
Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera: el patrón se repite
La lupa judicial no se detiene ahí. Rallo apunta que la justicia también está revisando otros rescates sospechosos gestionados por la SEPI durante la crisis sanitaria: Air Europa (más de 400 millones de euros) y Duro Felguera (más de 120 millones). En total, hay 720 millones de euros bajo sospecha de concesión irregular a compañías en dificultades, presuntamente vinculados al pago de comisiones ilícitas. «No es casualidad que todos estos movimientos se concentren en el mismo organismo y bajo el mismo signo político», sostiene el creador del canal.
«La mayoría de las veces los gobernantes apelan al interés general, en realidad solo están enmascarando la imposición de su interés particular sobre todos los demás».
— Juan Ramón Rallo
Los anteriores presidentes tampoco se libran: el caso Iruruc
La presunta corrupción en la SEPI no se limita a la actual presidenta. Rallo recuerda que los dos presidentes anteriores del organismo, ambos nombrados por Pedro Sánchez, también están imputados en causas distintas a la de los préstamos a cambio de comisiones. El primer presidente, Víctor Fernández, es investigado junto con el grupo conocido como Iruruc —en el que aparecen nombres como Leire y Anón Alonso— por influir en la empresa pública Seides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) para que invirtiera más de 17 millones de euros en el Grupo Forestal. La supuesta contrapartida: una comisión de 200.000 euros repartida entre los miembros del entramado.
Pero la trama no acaba ahí. El mismo grupo, según las investigaciones citadas por Rallo, también habría intervenido ante otra sociedad dependiente de la SEPI —el Parque Empresarial del Principado de Asturias— para que adjudicase un contrato de demolición en Avilés a una empresa navarra concreta. Esa gestión, presuntamente, reportó a la red casi 600.000 euros en comisiones ilícitas. «Ya veis si son útiles las empresas públicas», ironiza el economista, «reparten cantidades ingentes de dinero entre empresas privadas a cambio de comisiones para sus gestores».
¿Mala suerte o sistema? Tres presidentes imputados bajo el mismo presidente del Gobierno
El dato que Rallo pone sobre la mesa resulta demoledor: los tres presidentes que ha tenido la SEPI desde 2018, todos elegidos personalmente por Pedro Sánchez, están imputados. No se trata, insiste, de un fallo de selección recurrente. «Quizás Sánchez no tiene mal ojo, sino buen ojo —reflexiona—, porque los presidentes de la SEPI se han comportado como aquel que los eligió quería que se comportaran». Y añade una sospecha de calado: al frente de esta «trama masiva de corrupción» que afecta a varias instituciones del Estado hay un «de uno» aún desconocido para la opinión pública, y no sería extraño, concluye, que ese mando terminará siendo precisamente quien escogió a todos los imputados.
La coartada del interés general
El vídeo de Rallo no se queda en la mera denuncia de hechos. Su lectura va más allá y conecta con una crítica política de fondo: la apelación al interés general como coartada perfecta para el parasitismo. «Si un gobernante te roba violentamente a plena luz del día, casi nadie lo justificaría —explica—, pero si ese mismo gobernante te roba desde una empresa pública camuflando la corrupción tras la búsqueda del interés general, entonces se presenta como un abnegado servidor público y tú quedas como un egoísta si te opones». La paradoja, señala, es demoledora: quien te expolia en nombre de lo colectivo parece más solidario que quien defiende su propio patrimonio.
A mi juicio, esta reflexión va al núcleo del problema. Cuando el Estado acumula un poder tan mastodóntico —regulación, presupuesto y empresas públicas— atrae inevitablemente a quienes quieren instrumentalizarlo en beneficio propio. Y la retórica del bien común se convierte en el escudo perfecto para silenciar cualquier resistencia. La clave de una sociedad sana, concluye Rallo, no es perseguir un abstracto interés general que nadie define con precisión, sino garantizar que cada persona pueda buscar su propio bien sin pisotear el de los demás. La corrupción en la SEPI, lamentablemente, demuestra que la realidad va justo en la dirección contraria.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo, donde desarrolla estas ideas con su habitual contundencia:
