La Comisión Europea no reabrirá el reglamento sobre emisiones de metano, por mucho que lo pida Estados Unidos y una docena de Estados miembros. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, ha sido tajante este viernes en rueda de prensa: «Me mantengo muy firme en no reabrir la legislación». La decisión, comunicada tras un consejo de ministros europeos de Energía, tensa las relaciones con Washington y con países como Chequia y Eslovaquia, que pedían aplazar la aplicación de la norma, prevista para 2027.
Bruselas cierra la puerta a modificar la norma tras el consejo de ministros
La jornada arrancó con la comparecencia del comisario danés ante los medios, apenas terminada la reunión de los titulares de Energía de los Veintisiete. Jørgensen dejó claro que su departamento no aceptará presiones externas: «Está claro, muy claro, que algunos Estados miembros han expresado preocupación con la viabilidad de la implementación. Me mantengo muy firme en no reabrir la legislación». A su juicio, mantener la integridad del texto es «extremadamente importante para nuestra transición limpia en Europa».
El caldo de cultivo era denso. Cuatro de los grandes suministradores de gas a la UE —Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia— habían enviado una carta conjunta advirtiendo de que el reglamento «pone en riesgo la importación de gas». El mismo viernes, el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, utilizó la red social X para recordar la posición contraria de la Administración Trump.
A esa presión externa se sumaron doce socios europeos, encabezados por Chequia y Eslovaquia, que firmaron una declaración conjunta solicitando un aplazamiento de al menos tres años. Entre los firmantes figuran también Italia, Alemania, Polonia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Austria y Finlandia. En el debate ministerial, esgrimieron motivos de seguridad de suministro, la inestabilidad geopolítica, la dificultad de las empresas para garantizar el cumplimiento y el miedo a sanciones.
La Comisión, sin embargo, no ha cedido un ápice. Frente a las peticiones de retraso, el Ejecutivo comunitario apuesta por emitir unas «recomendaciones» que aclaren la aplicación del reglamento. «Estamos trabajando para crear un terreno de juego justo donde todo el mundo tenga que cumplir las mismas reglas», afirmó Jørgensen, que evitó confirmar si el Colegio de Comisarios debatirá el asunto en su cita de la próxima semana.
La Comisión no quiere tocar la ley, pero admite que necesita aclaraciones para que los proveedores no se descuelguen del mercado europeo.
El reglamento de metano, una prueba para la diplomacia climática de la UE
El reglamento de metano, aprobado en 2024, establece por primera vez un marco comunitario para medir, notificar y verificar las emisiones de este gas, cuyo potencial de calentamiento es 84 veces superior al del CO₂ en un horizonte de 20 años. Las obligaciones cubren la producción interior y, a partir de 2027, las importaciones de petróleo, gas y carbón. Esa dimensión extraterritorial es la que ha encendido las alarmas en las capitales de los países exportadores.
Los productores de gas natural licuado (GNL) temen que los nuevos trámites de monitorización y certificación dupliquen sus costes y lastren la competitividad de sus envíos a Europa. Estados Unidos, convertido en el primer suministrador de GNL al bloque tras la invasión rusa de Ucrania, defiende que sus plantas ya cumplen con la regulación federal estadounidense, por lo que añadir un sistema europeo paralelo supondría una carga injustificada. Fuentes del sector advierten de que algunas terminales tendrían que modificar sus procedimientos e incluso invertir en infraestructura de medición.
España y Francia, por el contrario, respaldan la estrategia de la Comisión. La delegación española considera que unas recomendaciones claras y no vinculantes bastan para disipar las dudas sin reabrir la ley, una posición que comparte, con matices, París. Ambos países quieren evitar que la disputa descarrile uno de los pilares de la agenda verde comunitaria.
Análisis: entre la seguridad energética y la ambición verde
La firmeza de Jørgensen tiene lógica: la UE se juega su credibilidad como potencia normativa. Reabrir el texto legal apenas tres años después de su aprobación transmitiría debilidad y animaría a otros actores internacionales a presionar ante futuras regulaciones. No obstante, los argumentos de los críticos no son desdeñables. El gas sigue siendo el combustible de transición en la descarbonización europea, y las tensiones geopolíticas —la guerra en Ucrania, la volatilidad en Oriente Medio— obligan a mantener abiertos todos los suministros. Imponer barreras adicionales ahora, cuando el mercado del GNL está tensionado y Asia compite duramente por la molécula, podría volverse contra el consumidor europeo.
La carta de los cuatro grandes exportadores refleja una realidad de mercado: si la UE introduce cargas demasiado onerosas, Catar, Nigeria, Argelia o incluso el propio Estados Unidos podrían redirigir sus cargamentos hacia Asia. Catar, por ejemplo, ya ha firmado contratos flexibles que le permiten desviar buques al mejor postor. Nigeria y Argelia están ampliando su capacidad de licuefacción con la mirada puesta en el sudeste asiático. Forzar su salida, aunque temporal, del mercado europeo dispararía los precios del gas y pondría en aprietos a hogares y empresas.
Para España, el pulso tiene una lectura doble. Como importador neto de gas —el 99% llega en barco—, un reglamento mal calibrado podría encarecer la factura energética. Sin embargo, la apuesta española por el hidrógeno verde y por convertirse en una plataforma de reexportación de GNL hacia el resto de Europa recomienda alinear sin fisuras sus estándares con los de Bruselas. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica indican que el Gobierno prefiere guías claras antes que una reapertura legislativa que abriría una caja de Pandora.
La solución de las «recomendaciones» es un compromiso salomónico: mantiene la ley intacta pero abre un resquicio. El riesgo es que esas directrices acaben siendo un traje a medida para los intereses de los grandes suministradores. Jørgensen deberá caminar sobre una cuerda floja: sin pragmatismo, el reglamento puede descarrilar; sin firmeza, la ambición climática se diluye.
Lo próximo será observar si el Colegio de Comisarios apoya esta línea en su reunión de la semana que viene. Si lo hace, el reglamento de metano se convertirá en un caso de estudio para otras potencias comerciales. La transición limpia tiene un coste, y Bruselas está dispuesta a pagar parte de él con tensión diplomática. El ruido de Washington y de las doce capitales díscolas no ha cesado, pero la Comisión, por ahora, no se mueve.
