La baliza V-16, aquel dispositivo luminoso que desterró a los triángulos de emergencia el pasado 1 de enero, podría dejar de ser obligatorio si prospera la enmienda que Vox ha colado en el proyecto de ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de discapacidad. La propuesta, que busca hacer opcional el uso de la señal V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos clásicos, llega cuando la obligatoriedad ya es total y las multas por no llevarlo ascienden a 80 euros.
La enmienda de Vox elimina la exigencia de conectividad
El texto registrado por la formación de Abascal establece que la baliza luminosa podrá usarse como alternativa a los triángulos, «sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026». Además, suprimiría la exigencia de conectividad con los sistemas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la geolocalización del dispositivo. En otras palabras, los triángulos reflectantes podrían seguir utilizándose sin límite de tiempo y la señal V-16 quedaría reducida a una opción voluntaria.
Vox justifica su enmienda apelando a la necesidad de «medidas contrastadas y de eficacia probada». El partido recuerda que la baliza V-16 solo es obligatoria en España, a diferencia de los países vecinos, y que su efectividad ha sido cuestionada por colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que aboga por la complementariedad en lugar de la imposición.
La enmienda de Vox también carga contra la imposición de un coste adicional a las familias: «No se entiende por qué el Gobierno descarta que el conductor decida incorporar la baliza voluntariamente o continuar con los triángulos». El partido pide suspender la obligatoriedad mientras se investigan medidas más eficaces.
Multas vigentes y reacción de la DGT
Pese al debate político, la DGT mantiene el régimen sancionador. Circular sin la baliza V-16 homologada supone una infracción leve con multa de 80 euros (40 euros por pronto pago), y si la avería no se señaliza correctamente, la sanción puede escalar hasta los 200 euros. La obligatoriedad, total desde enero, ya está generando sanciones en las carreteras.
La obligación de un dispositivo con geolocalización, único en Europa, ha generado un debate sobre su coste y su aportación real a la seguridad vial.
El debate sobre la eficacia de la baliza V-16 y el mercado afectado
La propuesta de Vox reabre una herida que parecía cerrada. Bruselas ya se había pronunciado: la Comisión Europea descartó que la obligatoriedad española de la baliza V-16 conectada vulnerase el derecho comunitario, ya que no existe una legislación europea que regule estos dispositivos. España se amparó en el Convenio de Viena para definir un nuevo elemento de seguridad vial, pero la falta de armonización europea deja margen para cambios unilaterales.
El mercado de las balizas V-16, en el que actúan empresas como Neomotor –la misma que ha producido muchos de estos dispositivos–, se enfrenta a una posible pérdida de negocio si la obligatoriedad cae. Fabricantes y distribuidores habían ajustado sus líneas de producción para cubrir la demanda de un producto que, desde enero de 2026, todo vehículo debe llevar. Una vuelta a los triángulos abarataría el cumplimiento para el conductor, pero también dejaría en entredicho el argumento de que la geolocalización mejora la respuesta de los servicios de emergencia.
Desde la óptica de la seguridad vial, la discusión no es baladí. Los triángulos obligan al conductor a salir del vehículo y caminar por el arcén, lo que incrementa el riesgo de atropello. La baliza, colocada desde el interior, evita esa exposición, aunque no hay estudios concluyentes que demuestren que la geolocalización reduce los siniestros. La AUGC ha señalado que, en condiciones reales de visibilidad compleja o climatología adversa, la efectividad del dispositivo está por probar.
Lo que subyace es una tensión entre la innovación regulatoria forzada y la evidencia empírica. La DGT impulsó la V-16 con el argumento de modernizar la señalización, pero sin un cuerpo sólido de evaluaciones independientes. Ahora, con la obligatoriedad plena vigente, una modificación legislativa podría desandar el camino sin haber comprobado si el sistema realmente salva vidas. No es un debate técnico, es un debate sobre cómo se legisla la seguridad en la carretera.
