El espionaje industrial en Indra, denunciado por la estadounidense General Dynamics, ha sido el detonante de una sacudida en el gobierno corporativo de la cotizada española. El burofax enviado por el nuevo presidente, Ángel Simón, para rescindir contratos con casi veinte consultoras de lobby ha destapado una trama de vigilancia interna y conflicto de intereses que amenaza la confianza de los inversores minoritarios. La demanda judicial contra el máximo responsable jurídico de la compañía, fichado a golpe de talonario de Santa Bárbara, arrastra a Indra al peor escándalo de gobernanza de su historia reciente.
Claves de la operación
- El burofax de Simón desvela una red de espionaje y vigilancia. El nuevo presidente ha apartado al director jurídico y ha prescindido de casi veinte agencias de lobby, entre ellas Indie PR, Acento, Kreab y Tinkle, que impulsaban la fallida fusión con la empresa de los hermanos Escribano.
- La sombra del conflicto de interés planea sobre la frustrada operación corporativa. Los Escribano intentaron integrar su firma EM&E en Indra, una maniobra valorada en 2.000 millones de euros que los consejeros independientes frenaron al advertir el riesgo de acabar ante la Fiscalía Anticorrupción.
- Indra necesita recomponer su gobierno antes de lanzar el nuevo plan estratégico. Con la SEPI como accionista de referencia (28% del capital), la credibilidad de la compañía en el Ibex 35 es crucial para afrontar los próximos contratos de defensa y tecnología.
El directivo demandado por General Dynamics
Ángel de Álvaro, responsable de los servicios jurídicos de Indra desde hace un año, se encuentra suspendido de empleo y sueldo. Fichado de General Dynamics, la multinacional estadounidense le acusa de haberse llevado documentos confidenciales que, según la demanda, habrían acabado en poder de la empresa controlada por la SEPI. El escándalo llegó a los juzgados después de que la dirección de Indra, bajo la presidencia de Ángel Escribano, hiciera oídos sordos a las primeras alertas de la compañía americana.
En su momento, la cúpula de la cotizada aseguró a los consejeros que no había irregularidad alguna. Pero la denuncia formal cambió el tono. Indra apartó al directivo, que niega cualquier ilegalidad y sostiene que los correos electrónicos enviados por su mujer a una dirección de General Dynamics fueron un error, no espionaje industrial. La justicia tendrá que pronunciarse sobre si el trasvase de información constituye delito, mientras la reputación de uno de los principales actores del sector defensivo español queda bajo un foco incómodo.
La compañía que controla radares y sistemas de defensa para el Ejército español no logra controlar su propia gobernanza interna.
La fusión que incendió el consejo
El caso De Álvaro es la punta de un iceberg más amplio que tiene su origen en la fallida integración de EM&E en Indra. Los hermanos Escribano, que entonces controlaban el 14,3% del capital, buscaban una operación que les reportara 2.000 millones de euros. La SEPI, con el respaldo de Moncloa, apoyó inicialmente la maniobra. Sin embargo, los consejeros independientes pusieron pies en pared y advirtieron del palmario conflicto de interés, una decisión que evitó que el asunto llegara a la Fiscalía Anticorrupción y despertó las iras del anterior presidente, Ángel Escribano.
Durante aquellos meses, la tensión se desbordó. Fuentes internas relatan que una empresa de detectives siguió a altos directivos y consejeros de Indra. El jefe de seguridad activó una contra vigilancia al detectar que varios ejecutivos eran monitorizados incluso los fines de semana. Nadie ha asumido la autoría de aquellos seguimientos ni han aparecido facturas sospechosas en la compañía.
A la vez, circuló un dosier confidencial sobre la familia Aperribay, dueña del 8% de Indra y opositora declarada a la fusión. El informe, de trece archivos, detallaba el patrimonio de los empresarios vascos y sugería que su firma SAPA Placencia estaba arruinada. Los Aperribay exigieron explicaciones al consejo y llevaron el caso al lehendakari, Imanol Pradales. La intervención del Gobierno vasco, que amenazó con dinamitar la legislatura de Pedro Sánchez, fue decisiva para enterrar la fusión.
Algo similar vivió José Vicente de los Mozos, entonces consejero delegado. Recibió dos informes con datos personales y, cuando supo que le habían hecho un forensic no solicitado, pidió explicaciones a Escribano. El presidente negó cualquier implicación y más tarde fue destituido. Ángel Simón, su sustituto, le ofreció luego un contrato de tres años antes de cesarle… y a los pocos días le organizó una comida de despedida con todos los consejeros. Cosas del mundo de los negocios.
¿Puede Simón restaurar la credibilidad de Indra?
Indra es mucho más que una cotizada del Ibex 35: es el socio tecnológico de referencia para las Fuerzas Armadas y las Administraciones Públicas españolas. Desde su salida a bolsa en 1999, la compañía ha construido una posición sólida en sistemas de defensa, tráfico aéreo y consultoría digital, siempre bajo la atenta mirada de un Estado que controla cerca del 28% del capital a través de la SEPI. Por eso, cualquier crisis de gobernanza golpea no solo la cotización, sino también la confianza institucional que sostiene sus contratos.
El plan de Simón pasa por una cirugía de urgencia: renovar el consejo y la cúpula directiva en las próximas semanas, liberar a la compañía de las influencias externas que la han desgastado y presentar un nuevo plan estratégico después del verano. Pero la gran incógnita sigue siendo si la fusión con EM&E, despojada ya del conflicto de interés de los Escribano —que han vendido su participación y abandonado el órgano de gobierno—, volverá a estar sobre la mesa por indicación política. Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y accionista a través de Amber Capital, sigue siendo el gran hooligan de la operación.
Mientras la justicia dirime si el director jurídico cometió espionaje industrial y alguien aclara quién orquestó el resto de vigilancias, Indra se enfrenta a su prueba más difícil: demostrar que puede ser el escaparate del músculo tecnológico español sin que el ruido de los escándalos apague sus resultados.
