El Tribunal Supremo ha dado luz verde definitiva al parque eólico Bustelo, un proyecto de 45 MW promovido por Greenalia en los municipios coruñeses de Coristanco y Carballo, anulando la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que había paralizado su construcción.
La decisión, hecha pública esta semana, revoca el fallo del TSXG que estimó el recurso de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y anuló la decisión administrativa otorgada por la Dirección General de Planificación Energética de la Xunta el 28 de junio de 2021. El tribunal gallego consideró entonces que el proyecto formaba parte de un fraccionamiento artificial, tesis que el Supremo ha rechazado.
El Alto Tribunal se apoya en la doctrina que ya sentó en marzo de 2025 al confirmar la legalidad del parque eólico Campelo, también de Greenalia, con 40,5 MW. En aquella ocasión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el hecho de que varios proyectos compartan infraestructuras de evacuación no los convierte automáticamente en un único parque a efectos administrativos. La cuestión clave es si existe un verdadero fraccionamiento artificial para eludir la tramitación ante el Gobierno central, algo que debe analizarse caso por caso.
La decisión del Supremo: segundo revés judicial a la oposición ecológica
En el caso de Bustelo, la autorización original de la Xunta —ahora confirmada— fue recurrida por Adega al entender que el proyecto formaba parte de un macroparque junto a Campelo y otras instalaciones cercanas, con el único fin de sortear los requisitos de la evaluación ambiental estatal. El TSXG le dio la razón, pero el Supremo ha vuelto a enmendar esa interpretación.
Para Greenalia, la sentencia supone un balón de oxígeno después de años de incertidumbre. El parque eólico Bustelo, con sus 45 megavatios de potencia instalada, se enmarca en una estrategia gallega que la compañía calcula aportará 263,25 gigavatios hora anuales entre este proyecto y Campelo, con una inversión conjunta de 75 millones de euros, según datos del Observatorio Eólico de Galicia. La propia sentencia subraya que “la complejidad jurídica del asunto” y que “no se aprecia temeridad ni mala fe en ninguna de las partes”, por lo que no impone costas. Contra este fallo no cabe recurso alguno.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que compartir infraestructura no convierte dos proyectos en uno solo. El diablo está en los detalles de cada caso.
La importancia de este fallo va más allá de los 45 MW de Bustelo. En Galicia, numerosos proyectos eólicos de menos de 50 MW están atascados en los tribunales bajo el argumento del fraccionamiento. La Xunta, por su parte, ha anunciado recientemente la intención de agilizar la tramitación, aunque la conflictividad judicial sigue siendo la tónica.
Con esta sentencia, el alto tribunal abre la puerta a la construcción de parques hasta ahora bloqueados por la fragmentación administrativa gallega.
Este criterio ya está siendo invocado por otros promotores en litigios similares. Fuentes del sector eólico gallego consultadas por este periódico señalan que al menos una decena de proyectos de menos de 50 MW podrían desbloquearse si los tribunales inferiores aplican con rigor la doctrina del Supremo.
Fuentes de la Xunta de Galicia consultadas por Merca2.es confían en que este pronunciamiento destrabe otros expedientes similares, especialmente aquellos donde se alegaba fraccionamiento meramente administrativo.
La decisión se produce en un momento clave para la eólica española, que aspira a instalar 50 GW en 2030 según el PNIEC. Galicia, con más de 3.800 MW ya en operación, debe sumar otros 2.000 MW en los próximos años, pero la conflictividad judicial ha frenado la construcción de nuevos parques. El proyecto de Bustelo movilizará una inversión de aproximadamente 35 millones de euros y creará unos 150 empleos durante su construcción, según estimaciones de la compañía.
Análisis E-E-A-T: ¿un punto de inflexión para la eólica gallega?
La doctrina del Supremo, si bien no resuelve de un plumazo todos los litigios, establece un criterio sólido: no basta con que existan sinergias técnicas entre parques para concluir que hay un fraude. La clave es la intencionalidad y la realidad económica de cada proyecto. En el caso de Bustelo, el tribunal no ha encontrado mala fe.
Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto. Galicia concentra buena parte del recurso eólico de la península y una oposición vecinal y ecologista organizada que ha llevado a los juzgados decenas de autorizaciones. La Xunta camina sobre el filo: necesita desarrollar los 8.000 MW que prometió el Plan Eólico autonómico, pero la judicialización es un cuello de botella insoportable para promotores como Greenalia, Naturgy o Iberdrola.
No es la primera vez que el Tribunal Supremo interviene para unificar criterios en la eólica gallega. Ya en 2023, sentencias previas habían apuntado en la misma dirección, aunque con menor contundencia. La novedad ahora es la firmeza del fallo y la acumulación de dos pronunciamientos favorables a la misma empresa, Greenalia. Mientras tanto, los grupos ecologistas estudian la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes jurídicas consultadas dudan de que prospere.
A mi juicio, la sentencia de Bustelo marca un antes y un después, pero no es una carta blanca. El Supremo ha dicho que cada proyecto se examina en sus circunstancias concretas. Lo que sí deja claro es que la mera sospecha de troceo no basta para anular una autorización. Los ecologistas tendrán que hilar más fino en sus recursos; las empresas, justificar mejor la independencia técnica y económica de sus parques. Galicia seguirá siendo, en cualquier caso, un campo de batalla jurídico donde la energía verde se decide en los tribunales tanto como en el monte. Y, sobre todo, habrá que ver si la Xunta logra traducir esta victoria judicial en una aceleración real de los proyectos, evitando que la burocracia y los recursos sigan dilatando los plazos.
