Los sindicatos CCOO y UGT exigieron este lunes al Gobierno un cheque de 300 euros para todos los hogares con ingresos inferiores al salario medio, que se sitúa entre 28.000 y 29.000 euros brutos anuales, como colchón ante el impacto de la crisis de Irán en los precios.
La demanda se planteó en la mesa de diálogo social convocada para evaluar qué parte del escudo de ayudas desplegado en marzo debe mantenerse más allá del 30 de junio, fecha prevista en el Real Decreto-ley 7/2026 para la finalización de la mayoría de las medidas. Los representantes sindicales no se limitaron a pedir una prórroga: llevaron un catálogo completo de nuevas actuaciones, con el cheque a rentas bajas como bandera.
La propuesta de los sindicatos: cheque de 300 euros y revisión del SMI
La medida estrella es una transferencia directa de 300 euros, o una deducción equivalente en el IRPF, para todos los contribuyentes con ingresos brutos por debajo del salario medio. Según los últimos datos del INE, ese umbral se mueve entre los 28.000 y los 29.000 euros anuales, lo que convertiría la ayuda en casi universal para trabajadores de rentas medias y bajas. Los sindicatos no han detallado el coste fiscal de la propuesta, pero fuentes del diálogo social admiten que se hablaría de varios miles de millones de euros si se aplica a todo el colectivo elegible.
Al mismo tiempo, CCOO y UGT reclaman activar la cláusula de revisión semestral del salario mínimo. El SMI subió un 3,1% a principios de 2026, pero los sindicatos temen que la inflación anual acabe superando ese porcentaje y erosione el poder adquisitivo. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores contempla un mecanismo corrector si las previsiones de precios no se cumplen, y las centrales piden abrir ya ese debate.
El espejo de la ayuda de 200 euros de 2023 y el contexto inflacionista
La propuesta del cheque de 300 euros bebe directamente de la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio que el Ejecutivo activó en 2023 como respuesta a la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania. Entonces el IPC escaló hasta el 8,4%, una magnitud muy alejada del escenario actual. El consenso de los analistas recogido en el Panel de Funcas prevé que el IPC general del 3,1% en 2026, lejos de los picos de 2022 pero suficiente para que los sindicatos consideren que hace falta un nuevo colchón fiscal.
Sin embargo, la comparación entre ambas crisis tiene una diferencia crucial: en 2023 la inflación castigaba de forma regresiva a las rentas más bajas a través de los alimentos y la energía, mientras que ahora el encarecimiento está más ligado a la geopolítica y a los combustibles. Las organizaciones sindicales, en paralelo, piden blindar el mercado inmobiliario con un paquete que incluya la congelación de las actualizaciones de renta de alquiler y la limitación de precios en zonas tensionadas, línea que ya se intentó con el real decreto tumbado en el Congreso en abril.
Ampliar el escudo social más allá de junio no es solo una demanda sindical: es una carta que el Gobierno guardaba en el cajón y que ahora se ve obligado a jugar.
Análisis: un nuevo escudo social con más presión sobre las cuentas públicas
El Gobierno se enfrenta a un dilema clásico pero agravado: mantener el apoyo a las rentas bajas sin que el déficit público se dispare. Las medidas del escudo de marzo ya supusieron un coste estimado de varios miles de millones, y prorrogarlas con añadidos como un cheque de 300 euros o una nueva subida del SMI —que a su vez elevaría las bases de cotización— pondría presión adicional sobre unas cuentas que cerraron 2025 con un déficit por encima del 3% del PIB.
Desde el Ministerio de Economía se limitan a señalar que habrá reuniones con los sectores en las próximas semanas para «calibrar las medidas de apoyo» una vez que caduquen las actuales. Pero el lenguaje sindical ha sido rotundo: no solo quieren un cheque, sino que exigen que el escudo social se convierta en permanente. Esa idea, aunque políticamente atractiva, choca con los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con Bruselas.
Creo que el Ejecutivo terminará cediendo en algún punto —probablemente prorrogue el escudo más allá de junio— pero modulará el alcance del cheque, acotando los beneficiarios con más exigencia patrimonial o limitando la ayuda a una sola vez. La clave no es si habrá cheque o no, sino cuántos millones se destinarán y si la UE lo considerará compatible con la senda de reducción del déficit. La respuesta la tendremos antes de que acabe el verano.
