La guerra híbrida en Europa deja 8.257 incidentes registrados en 2025 y una factura que entra en los presupuestos públicos y corporativos.
No es una metáfora de manual. Entre el 12 de octubre y mediados de noviembre, alguien subió la temperatura de las cámaras frigoríficas de decenas de supermercados franceses, replicó el sabotaje en media docena de países, atacó tres centros del servicio nacional de transfusiones francés y envió amenazas de bomba contra aviones y escuelas. El resultado: alimentos perdidos, vuelos escoltados por cazas y una pregunta incómoda en cada consejo de administración.
Claves de la operación
- El sabotaje industrial deja de ser teórico. Cámaras de frío, bancos de sangre y navegación aérea han sido objetivos reales en un mes. La barrera de entrada para el atacante es un conector a internet.
- La atribución difusa encarece la respuesta. Francia apunta a Irán, Bélgica se corrige en horas y dos grupos prorrusos firman el ataque a las neveras. Sin culpable cerrado, la compra de seguridad se hace a ciegas y con prima de urgencia.
- El gasto se desplaza del perímetro al proceso. Ya no se protege la web corporativa, sino el termostato, la cámara frigorífica y el sistema de reservas. Ahí compiten Indra, Telefónica Tech y GMV con Thales y Leonardo.
Del termostato al banco de sangre: el sabotaje que nadie presupuestó
La secuencia marca un cambio de escala. Durante meses, la ofensiva híbrida contra Europa se midió en webs municipales caídas, desinformación y algún enjambre de drones sobre infraestructura civil. El salto cualitativo tampoco es nuevo: Rusia ya pasó de tumbar páginas a enviar drones con explosivos contra aeropuertos, como ocurrió en Leipzig este verano. Lo que cambia ahora es el objeto del ataque.
La madrugada del 12 de octubre, en salas vacías de decenas de supermercados repartidos por Francia, saltaron las alarmas de temperatura de las cámaras frigoríficas. Alguien había tomado el control del sistema informático que gobierna neveras y congeladores y lo empujó a cifras imposibles. El balance: decenas de miles de euros en comida estropeada y daños informáticos en la instalación. Un sabotaje barato, silencioso y con efecto inmediato sobre la cadena de suministro alimentaria.
Tres semanas después, la escena se repitió en Bélgica, Irlanda, Suecia, Estonia, Luxemburgo, y Finlandia. Dos grupos vinculados al Kremlin, NoName057(16) y Z-Pentest, se atribuyeron la operación contra las cámaras de refrigeración. El mismo grupo prorruso que la agencia europea situaba como el actor más activo contra transportes y administraciones.
Un termostato conectado cuesta menos que un misil y paraliza igual una cadena de supermercados. Ahí está el negocio del sabotaje moderno.
A la cadena de frío le siguieron tres centros del servicio nacional de transfusiones francés y, después, una oleada de amenazas falsas de bomba. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, describió la ofensiva como una guerra librada por debajo del umbral y avisó de que los europeos tendrán que acostumbrarse. En los últimos días, miles de escuelas italianas recibieron avisos y al menos 30 tuvieron que ser evacuadas.
Cuarenta y cinco avisos en una semana: la ambigüedad también cuesta dinero
El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, situó entre 40 y 45 las amenazas de bomba contra vuelos en una sola semana. Eurocontrol contabilizó al menos 35 aviones afectados en una veintena de aeropuertos. En España, casi una decena de vuelos se vieron afectados en cuatro días, desde el aeropuerto de Murcia hasta Madrid-Barajas.
La atribución sigue abierta y ese es, precisamente, el problema económico. Francia señaló a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable del ataque de octubre, convocó al embajador en París y anunció que reclamará sanciones. En Bélgica, el ministro del Interior, Bernard Quintin, apuntó a Irán y su homólogo de Exteriores, Maxime Prévot, le corrigió horas después: las evidencias no permiten cerrar una atribución. Cada día sin culpable identificado es un día de respuesta improvisada y de compra urgente.
La ciberdefensa europea busca negocio mientras España llega tarde a la norma
El primer efecto de esta ofensiva no es militar, es presupuestario. Un continente que conectó hospitales, neveras, aeropuertos y registros civiles a internet descubre que cada conector es una grieta. La agencia europea de ciberseguridad, ENISA, ha reclamado a las empresas un refuerzo de sus sistemas y su último informe, publicado en septiembre, documenta 8.257 incidentes en 2025, más de la mitad con motivación ideológica, y un avance del 40% en ataques de activistas. El organismo advierte además de que criminales, activistas y espías comparten ya herramientas y métodos: la línea que los separa se ha difuminado.
Ese refuerzo tiene factura y tiene proveedores. En España, Indra, Telefónica Tech y GMV pugnan por contratos de protección de infraestructura crítica frente a grupos europeos como Thales y Leonardo. La comparación histórica no es cómoda: Indra construyó su posición en defensa y tráfico aéreo con una cartera muy expuesta a la contratación pública, mientras Thales y Leonardo operan con una base industrial y geográfica bastante más ancha. El negocio de la ciberdefensa industrial crece justo cuando el gasto público se aprieta, y quien dependa del presupuesto administrativo lo va a notar en el margen.
La dependencia tecnológica añade otra capa de riesgo. Un fallo en los servidores de Microsoft dejó sin correo a ayuntamientos y tribunales neerlandeses y obligó a hospitales británicos a retrasar citas. Un incidente en las telecomunicaciones ordenó la parada en tierra de todos los aviones en Estados Unidos durante más de cuatro horas. La infraestructura digital europea descansa sobre un puñado de proveedores que también fallan sin querer.
El calendario regulatorio no acompaña. El Reglamento de Ciberresiliencia está en vigor, pero sus obligaciones principales para fabricantes de productos conectados —desde un router hasta una cámara frigorífica— no se aplican hasta el 11 de diciembre de 2027. La directiva NIS2 debía estar traspuesta desde octubre de 2024 y España acumula retraso en su transposición. Mientras tanto, ENISA publica recomendaciones sin capacidad sancionadora directa y la atribución de cada ataque se resuelve en cancillerías, no en juzgados.
Esa asimetría explica por qué el sabotaje de neveras funciona. Cuesta poco, no exige ejército y siembra la duda sobre si el sistema funciona. La prueba de fuego llegará cuando los fabricantes de equipos conectados tengan que certificar sus productos bajo el reglamento europeo, a finales de 2027: entonces sabremos si Europa compró seguridad o solo presupuesto.
