La Agencia Internacional de la Energía lo tiene claro: desde la guerra de Ucrania en 2022 hasta el conflicto de Irán el mundo está reaccionando con la elaboración de políticas energéticas, reforzando el enfoque de los gobiernos en la seguridad energética, la resiliencia y la asequibilidad. Todo ello traduciéndose en un aumento del gasto público destinado a la energía.
Este escenario ha derivado en una intensa actividad regulatoria, con más de 6.500 medidas energéticas identificadas en 84 países, reflejo de una respuesta coordinada, aunque desigual, a los riesgos emergentes.
Las políticas energéticas aumentan las inversión de forma estructural
El impacto más visible de esta reacción es el incremento del gasto público. Según la Agencia Internacional de la Energía, el apoyo gubernamental al sector energético alcanzó en 2025 los 405.000 millones de dólares anuales, lo que representa alrededor del 1,4% del gasto público total, frente al 0,8% de una década atrás. Este aumento se explica en gran medida por las medidas adoptadas tras la pandemia y la crisis energética de 2022, incluyendo subsidios para consumidores, inversiones en infraestructuras y apoyo a tecnologías limpias. A pesar de cierta moderación reciente, el gasto se mantiene en niveles históricamente elevados y se prevé que continúe así hasta el final de la década.
Más allá del volumen de inversión, el informe destaca un cambio en la naturaleza de las políticas. Muchos países han reforzado mecanismos de seguridad energética como el almacenamiento estratégico de petróleo y gas o la diversificación de fuentes de suministro. Actualmente, países que representan el 95% de las importaciones mundiales de petróleo cuentan con sistemas de reservas estratégicas, mientras que las políticas de almacenamiento de gas han crecido significativamente desde 2022, cubriendo ya más del 40% de las importaciones globales.
Al mismo tiempo, el informe insiste en que los gobiernos están tratando de adaptarse a nuevos riesgos asociados a la transición energética. La concentración de la producción de tecnologías clave, como paneles solares o baterías, en un número reducido de países ha llevado a la adopción de políticas industriales y comerciales para diversificar cadenas de suministro. Solo en 2025 se implementaron 45 nuevas medidas relacionadas con el comercio de tecnologías energéticas limpias y 35 políticas centradas en minerales críticos, lo que evidencia la creciente dimensión geopolítica de la transición energética.
Sin embargo, el informe también advierte de tensiones entre objetivos a corto y largo plazo. Las medidas para contener los precios de la energía, que movilizaron unos 220.000 millones de dólares entre 2022 y 2023 para apoyar a los hogares, no siempre han estado bien focalizadas, aumentando la presión sobre las finanzas públicas. Además, en 2025 se observó una relajación general de las normativas de eficiencia energética: alrededor del 30% del consumo energético cubierto por regulación experimentó algún tipo de retroceso, frente al 17% que vio endurecidas sus condiciones.
En conjunto, la Agencia Internacional de la Energía concluye que, la volatilidad internacional está impulsando el desarrollo de políticas para buscar la seguridad energética, no obstante la respuesta actual está dominada por la gestión de crisis inmediatas. Según sostiene la agencia, como ocurrió en los años setenta, las perturbaciones actuales podrían desencadenar cambios estructurales profundos, pero su alcance dependerá de la capacidad de los gobiernos para equilibrar seguridad, coste y sostenibilidad en un entorno global cada vez más incierto.
