El Gobierno de Canadá ha puesto en su punto de mira a los casi 4.000 cajeros de criptomonedas repartidos por el país y quiere prohibirlos por completo. La razón: una oleada de estafas que ha disparado las denuncias y que afecta sobre todo a personas mayores y a usuarios poco familiarizados con el funcionamiento de bitcoin.
La propuesta, adelantada esta semana, convertiría a Canadá en uno de los países más duros del mundo con este tipo de máquinas. Hablamos del segundo mayor parque mundial de cajeros cripto, solo por detrás de Estados Unidos. Y de un sector que, hasta hace poco, había crecido sin demasiada vigilancia.
Qué propone el Gobierno canadiense y a quién afecta
El plan del Ejecutivo federal contempla una prohibición que afectaría a la práctica totalidad de los cajeros operativos en territorio canadiense. Estos aparatos, conocidos en el sector como crypto ATMs (cajeros automáticos de criptomonedas, máquinas físicas que permiten comprar bitcoin u otras monedas digitales con efectivo o tarjeta), funcionan en gasolineras, tiendas de conveniencia y centros comerciales desde hace casi una década.
Según los datos manejados por las autoridades canadienses y citados por medios especializados, las denuncias por fraude vinculado a estos cajeros se han multiplicado en los últimos dos años. El patrón se repite: estafadores que llaman por teléfono haciéndose pasar por agencias tributarias, policías o familiares en apuros y convencen a la víctima de que ingrese efectivo en uno de estos cajeros para enviar el dinero, casi siempre en bitcoin, a una dirección que controlan ellos. Una vez la transacción está confirmada en la cadena de bloques, recuperar los fondos es prácticamente imposible.
La propuesta llega en un momento delicado para el sector. Provincias como Columbia Británica ya habían anunciado restricciones propias, y municipios como Vancouver llegaron a plantear vetos locales. Lo que cambia ahora es la escala: una prohibición federal afectaría a operadores como Bitcoin Well o Localcoin, dos de los mayores del país, y dejaría sin servicio a miles de usuarios que utilizaban estos cajeros para pequeñas compras de cripto sin pasar por un exchange (plataforma online de compraventa de criptomonedas como Coinbase o Kraken).
Por qué importa esta decisión más allá de Canadá
La medida tiene lecturas que van mucho más allá de las fronteras canadienses. Primero, porque sienta un precedente regulatorio que otros países podrían imitar. Australia ya endureció el año pasado los controles sobre estos cajeros y la Comisión Europea, en el marco del reglamento MiCA sobre mercados de criptoactivos, ha dejado caer en varios documentos que estos dispositivos son uno de los puntos débiles del sistema en materia de blanqueo de capitales.
Segundo, porque pone sobre la mesa un debate incómodo para la industria: el de la diferencia entre adopción real y adopción aparente. Tener 4.000 cajeros suena bien en titulares, pero si una parte significativa de su volumen procede de estafas dirigidas a personas vulnerables, el argumento de la accesibilidad se cae solo.
Para el lector que tiene cripto o se plantea comprarlas, el mensaje práctico es sencillo: los cajeros físicos son, de lejos, la vía más cara y más expuesta a fraude. Las comisiones suelen oscilar entre el 8% y el 15% por operación, según comparativas públicas del propio sector, frente al 0,1%-1% de un exchange regulado. Y la opacidad en la verificación de identidad facilita que los estafadores los usen como cajero del crimen.
Una decisión que conecta con un patrón regulatorio más amplio
Lo que está haciendo Canadá no ocurre en el vacío. Encaja en un movimiento global que viene de lejos y que se ha acelerado tras episodios traumáticos para el sector. Cabe recordar que la quiebra de FTX en noviembre de 2022, el exchange fundado por Sam Bankman-Fried que se desmoronó en pocos días arrastrando miles de millones en depósitos de usuarios, marcó un antes y un después en cómo los reguladores miran al cripto. Desde entonces, la presión por cerrar grietas operativas no ha hecho más que crecer.
En Estados Unidos, varios estados han impuesto límites diarios a las operaciones en cajeros cripto, normalmente entre 1.000 y 2.000 dólares, precisamente para frenar las estafas dirigidas a mayores. El Reino Unido fue más allá y directamente declaró ilegales todos los cajeros cripto no registrados, lo que en la práctica equivale a una prohibición. Canadá toma ahora ese mismo camino, pero con un parque de máquinas mucho mayor y un impacto industrial que se notará.
La pregunta de fondo es si esta prohibición resuelve el problema o lo desplaza. Los expertos en delitos financieros llevan tiempo advirtiendo de que cerrar los cajeros físicos no elimina las estafas: las traslada a otros canales, especialmente a apps de pago, transferencias bancarias y plataformas peer-to-peer. El verdadero cuello de botella es la educación financiera, no el dispositivo concreto que usa la víctima. Aun así, reducir un punto de fricción que se ha demostrado especialmente nocivo es, probablemente, una decisión defendible.
Habrá que ver cómo avanza el trámite parlamentario en los próximos meses y, sobre todo, qué hacen los operadores afectados. Bitcoin Well ya ha anticipado que estudia opciones legales, y la asociación canadiense del sector cripto pedirá audiencias públicas. La fecha clave será la votación en el parlamento federal, prevista para los próximos meses. Si la propuesta sale adelante en su forma actual, los 4.000 cajeros tendrán que apagarse en un plazo aún por determinar.
