La oferta turística ilegal es uno de los principales retos que existen actualmente en Baleares, donde nueve de cada diez alojamientos turísticos se alquilan sin licencia. Una situación indeseable que ha ido a más en los últimos años y que afecta a la carestía y a la escasez de vivienda residencial en las islas
La transformación de apartamentos y viviendas en alojamientos turísticos está creciendo descontroladamente en España. Si en 2010 las 20 ciudades más importantes sumaban 350.000 plazas, tras la pandemia esta cifra se multiplicó por más de dos, hasta llegar a 800.000, el 85% destinadas a alquileres de corta duración. Los alquileres turísticos generan grandes desafíos en el conjunto de España, pero inciden especialmente en las comunidades con más afluencia de turistas, como es el caso de Baleares. Actualmente, de un volumen total de 652.123 inmuebles en el archipiélago uno de cada tres se está dedicando a alquiler turístico, ya sea legal o ilegal.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ha alertado de que solo en los últimos diez años, el número de pisos vacacionales ilegales “ha aumentado en las islas un 204%”, lo que da idea de la magnitud del problema. El alquiler turístico ilegal, en las áreas donde se establece, conlleva efectos adversos como el aumento de los precios de la vivienda, tensiones entre residentes y turistas, problemas de seguridad y cumplimiento normativo, evasión fiscal y competencia desleal en el sector turístico. El descontrol del alquiler turístico acarrea, además, la saturación y la gentrificación en los destinos, haciéndolos menos atractivos. Problemas que afectan tanto a la comunidad local como al sector turístico en general, comprometiendo la sostenibilidad y la calidad de vida en estas áreas.
Encarecimiento del precio de la vivienda
La escasez de pisos disponibles se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad balear. Según la consellera de Vivienda del Govern, Marta Vidal, en Baleares hay nueve inmuebles en alquiler turístico ilegal por cada uno comercializado con licencia, lo que representa unos 235.000 pisos y casas de las islas alquilados de manera clandestina, en lugares como Palma donde existe emergencia habitacional. En Baleares, el alquiler turístico ilegal, junto con la especulación, dispara los precios de la vivienda y reduce la oferta residencial. Una carestía y escasez que afectan tanto a residentes como a trabajadores de temporada, impidiendo su acceso a la vivienda.
La presidenta balear, Marga Prohens, ha expresado su compromiso en la guerra contra el alquiler turístico ilegal en las islas. El Govern, -ha dicho-, “no mirará hacia otro lado, sino que se enfrentará a este desafío con determinación”. El Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado mes de octubre constituye un paso importante en este sentido. Introduce una modificación de la Ley del Turismo de las Illes Balears para “reforzar la lucha contra la oferta ilegal, la actividad clandestina y el intrusismo en el alquiler turístico de viviendas, para poder actuar de manera efectiva, y con el fin de poder devolver al mercado residencial viviendas que se destinan de manera irregular a un uso turístico”.
Aunque el anterior Gobierno de la socialista Francina Armengol intentó frenar el alquiler turístico ilegal, no se consiguieron avances legislativos que fueran eficaces en esa lucha. La Ley Turística de Armengol (actualmente en vigor) contempla la clausura de establecimientos que infrinjan de forma grave la normativa en materia de alquiler, pero no ha resultado suficiente para paliar el problema. En los ocho años de Gobierno socialista, las plazas turísticas crecieron casi un 25 %, con 115.000 más, un incremento que ha producido que, en determinados momentos, haya saturación.
Más inspecciones y control
El Decreto de vivienda del Govern recoge ahora una disposición que posibilita precintar pisos turísticos ilegales. Autoriza a los Consells a echar el cerrojo a estos inmuebles y poder cruzar datos con Hacienda para sancionar. La presidenta balear ha llegado a un consenso con los presidentes de los cuatro Consells para intensificar las actuaciones con el objetivos de detectar y erradicar la oferta turística ilegal. Para ello reforzarán el servicio de inspección turística con el incremento de efectivos y mediante protocolos de colaboración con los cuerpos de Policía Local de cada municipio. Aun cuando existe coincidencia en el objetivo común, cada institución insular tendrá capacidad para decidir el ámbito y alcance de las medidas a aplicar. La labor inspectora requerirá más personal preparado y deberá ir acompañada por acciones eficaces que tengan un efecto disuasivo y eviten el incremento de la oferta turística ilegal. El Ejecutivo balear también quiere realizar un censo para saber cuántas licencias de viviendas turísticas se están utilizando, ya que en estos momentos su volumen no está cuantificado.
A propuesta del Consell de Eivissa, el Govern estudiará también poder sancionar la oferta turística ilegal a través de la Ley de Actividades para que sea considerado como actividad económica, de manera que se pueda aplicar la Ley de Actividades y sus medidas cautelares” de carácter disuasorio, como es el precintado de pisos.
Las plataformas digitales tendrán que retratarse
Por su parte, el Parlamento Europeo acaba de aprobar un nuevo reglamento que obliga a las plataformas digitales de alquiler de viviendas por periodos de corta duración, como Airbnb, a compartir sus datos con las autoridades. La nueva normativa blinda así la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan ejercer un mayor control de la actividad que realizan las plataformas que comercializan este tipo de alojamientos, reforzar la transparencia del sector y combatir la actividad ilegal.
El nuevo reglamento, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, va en la línea de ayudar a los gobiernos locales a frenar el impacto de los alquileres ilegales de corta duración y regular la actividad de las plataformas digitales para hacerlas corresponsables de los anuncios que publican. Pretende también que haya unas reglas comunes para armonizar el registro de este tipo de alojamiento.
En España, organizaciones como la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) llevan tiempo exigiendo un mayor compromiso por parte de estos intermediarios. Las plataformas online han propiciado que el mercado del alojamiento de uso turístico se multiplique en los últimos años. Ahora el desafío es encontrar un equilibrio para que coexistan estas viviendas y las residenciales, y que compitan en igualdad de condiciones con los hoteles. En este sentido el Govern de Marga Prohens ha logrado un primer paso al aliarse con Booking, el gigante de la comercialización turística online, para implementar un proyecto de recuperación de viviendas de uso turístico clandestino que inciden negativamente en la calidad de Baleares como destino y no descartan hacerlo en el futuro con otras plataformas de referencia como Airbnb.
