Una nueva voz se ha sumado a las grandes firmas del panorama eléctrico español en la reclamación de una mayor inversión en redes eléctricas. Mediante un reciente informe, la Asociación para la Transición Energética (ATE) ha advertido de que el objetivo del 81% de electricidad renovable para 2030 será «inalcanzable sin inversiones en redes eléctricas bajo una regulación estable».
Esta organización sin ánimo de lucro defiende «la absoluta necesidad de que la transición energética sea algo más que un plan», subrayando como «imprescindible» disponer de una red eléctrica robusta que permita que la electricidad renovable llegue a todos los puntos de consumo que quieran electrificarse.
A este respecto, la ATE afirma que sin redes eléctricas «no es posible la consecución del objetivo país de descarbonización y reindustrialización», para lo que será necesario anticipar las inversiones que el sistema eléctrico va a necesitar, en vez de ir atendiendo petición a petición de manera individual.
Asimismo, el informe pide reconocer una inversión en redes mucho «más ambiciosa», que duplique las cifras actuales, y eliminar el límite legal de las inversiones en redes eléctricas «con el objetivo de reforzarla, modernizarla y ampliar sus conexiones».
LA ATE E IBERDROLA COINCIDEN: UNA REGULACIÓN «MÁS SIMPLE, ESTABLE Y PREDECIBLE»
Además, ve necesario establecer un marco retributivo «más simple, estable y predecible alineado con las mejores prácticas y adaptado a los nuevos retos y roles que ofrece la transición energética que suponga un impacto positivo en la economía española y en el resto de los sectores», entre otras medidas.
Igualmente, el documento recomienda la revisión de planes de desarrollo de red cada dos años y advierte de que el plan vigente (2021-2026), en revisión actualmente, tiene la oportunidad de incluir todas aquellas actuaciones necesarias para dar respuesta a la demanda de energía descarbonizada actual, tanto en la red de transporte, como en la red de distribución.
En la pasada cumbre climática de Dubai -COP28- el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se alineó con esta misma postura, señalando que las ambiciones de transición energética, además de requerir enormes inversiones en energías renovables, redes y almacenamiento, exigirá políticas energéticas claras, predecibles y estables para generar confianza e incentivos suficientes.
«las inversiones tienen que crecer de forma exponencial, ya que en los próximos 20 años va a ser necesario añadir o sustituir cerca de 80 millones de kilómetros de redes»
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
Ignacio Galán abogó por regulaciones que aceleren la obtención de permisos, faciliten los contratos de energía a largo plazo (conocidos como PPAs) y retribuyan adecuadamente los activos regulados. «Necesitamos acelerar la expansión de la electrificación a través de las energías renovables para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, las inversiones en redes deben crecer exponencialmente, ya que, en los próximos 20 años, será necesario añadir o sustituir cerca de 80 millones de kilómetros de redes», aseguró.
En noviembre, el consejero delegado de Endesa, José Bogás, también se manifestó en este mismo sentido, afirmando que para alcanzar las metas del sector para 2030 será necesario duplicar la inversión en la red que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En una conferencia con analistas para presentar el plan estratégico de la compañía, Bogas afirmó que para ello será necesario un modelo de remuneración «justo, predecible e incentivador» para la inversión en redes.
El PNIEC, la ‘hoja de ruta’ del Gobierno a 2030, prevé unas inversiones de unos 53.000 millones de euros en redes en esta década, cifra que representa en torno al 18% de las inversiones totales que se movilizarán con el plan -que ascienden a casi 300.000 millones-.
