El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio ha dejado muchas cosas en el aire, cosas que quedan en manos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que no solo define la posibilidad de formar gobierno sino que varias leyes estrella de la legislatura decayeron con el adelanto electoral.. Una de ellas es la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, texto legal conocido como ‘ley Darias’, un proyecto que ya había generado controversias en la vieja coalición con Podemos, que no sentía el proyecto de ley lograra todo lo que esperaban.
En un principio, el proyecto, que buscaba facilitar el acceso a la sanidad pública y que ha sido criticado por complicar los conciertos entre el sector privado y el público, era, justamente, uno de los más mimados por la exministra de Sanidad, Carolina Darias. Este último punto causaba escozor en la oposición, especialmente en los socios catalanes del Gobierno Central. Y es que en Cataluña los acuerdos entre ambos sectores son la columna vertebral de todo el sistema y los lazos de Junts con empresarios del sector son más estrechos.
El proyecto, que buscaba facilitar el acceso a la sanidad pública y que ha sido criticado por complicar los conciertos entre el sector privado y el público, era uno de los más mimados por la exministra de Sanidad, Carolina Darias
A esto hay que sumarle que si el PSOE consigue formar gobierno y decide rescatar el proyecto de ley, el mismo tendrá que pasar por el filtro de los de Puigdemont. Dado que la versión original aprobada en el Congreso ya había tenido que asumir una lista de excepciones importantes para ser aprobada por sus aliados catalanes, ahora Junts puede presionar aún más sobre la ley, sobre todo para defender el modelo de conciertos de la sanidad catalana. El otro punto es lo complicado que se hace a los partidos catalanes equilibrar lo que votan en el Congreso con la política catalana en el Parlament.
La que fue ‘ley Darías’ fue un texto legal complicado de sacar adelante al Gobierno de Coalición. Sus limitaciones a la colaboración público- privada ya complican bastante el apoyo de sus socios, por lo que contar con la abstención de algún otro pequeño partido en el congreso pero parece complicado, lo cierto es que la lentitud del proceso o que la ley quede reducida a una expresión mínima, serían buenas noticias para un sector privado que siempre la ha visto con malos ojos.
¿CUÁNDO PERMITE LA LEY DARIAS LA COLABORACIÓN EN LA SANIDAD?
Según el texto de la ley, uno de los objetivos es que en la medida de lo posible la sanidad pública sea de ‘gestión directa’, es decir que no pase por la gestión del sector privado. Esto es una posición que desde organizaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) o el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ya ven como un problema, pero que además se presente la posibilidad solo de manera «excepcional, justificada y motivada objetivamente». El asunto es que no se especifica en el texto qué situaciones pueden entrar en esta descripción.
Cortar la colaboración entre ambos sectores sería un golpe complicado para el sector privado. Según los datos de la propia ASPE, al terminar el 2022 un 67% de los hospitales privados de España tiene algún tipo de concierto con el sistema nacional de salud pública, por lo que perder la colaboración sería complicado. Al mismo tiempo, es fácil imaginar que un sistema público que sigue afrontando un colapso importante, con listas de espera de varios meses, no vea como buena noticia perder la posibilidad de colaboración antes de resolver este problema.
A esto se suma que Cataluña es la comunidad autónoma donde hay más hospitales privados. Con un 70% de los hospitales en la región manejados desde el sector privado, apuestan por mantener los conciertos con el sector privado por el momento. Por eso, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socio del Gobierno Central y a la vez al mando de la Generalitat, ha mostrado mostraron cierta aprehensión sobre el proyecto de ley.
JUNTS, EL CORTAFUEGOS
En cualquier caso, que la ley decayera ha permitido que desde el sector privado respiren algo más tranquilos al menos de momento. Las declaraciones del propio presidente de ASPE, Carlos Rus, en el informe de la organización en 2022, en el que asegura que la situación «no la justifica», dejan bastante claro su deseo de poner punto final a este proyecto de ley o, al menos, al apartado que se refiere a los conciertos entre ambas partes.
Irónicamente, por tanto, puede ser una buena noticia para el sector privado que Junts y Puigdemont tengan la opción de hacer de cortafuegos. La incógnita es qué prioridad le puede dar a este tipo de leyes el partido independentista, ya que, sobre el papel, sus prioridades están en otro lado y aunque tengan intereses y posiciones que proteger, es también una ley que pueden asumir para negociar en otras áreas.
